Los espías de Milei: operaciones y descontrol en la lucha por el manejo de la SIDE

Cuenta la leyenda que José Hernández necesitó apenas diez días para escribir El gaucho Martín Fierro. Corría 1872 y el escritor acababa de regresar de su exilio en Brasil, todavía perseguido por sus enfrentamientos políticos con Domingo Faustino Sarmiento. Buscó refugio en el Gran Hotel Argentino, uno de los establecimientos más elegantes de Buenos Aires, y se encerró en la habitación número 7 del primer piso. Desde allí podía observar el movimiento de una ciudad que todavía miraba hacia el río y cuyo centro político comenzaba a adquirir una fisonomía reconocible. Dicen que apenas salió de aquel cuarto durante los días que le llevó escribir la primera parte de su obra más célebre. No hay demasiadas certezas sobre lo que ocurrió entre esas cuatro paredes. Pero la historia sobrevivió al escritor, al hotel y hasta al edificio que lo reemplazó.

Lo que Hernández difícilmente hubiera imaginado es que, casi un siglo después, aquel mismo rincón porteño terminaría convertido en la sede central de los espías argentinos. Donde alguna vez se había alojado el creador del gaucho más famoso de la literatura nacional, generaciones de agentes aprenderían a moverse bajo nombres falsos, a borrar rastros y a cultivar el secreto como una forma de existencia. La habitación número 7 desapareció junto con el Gran Hotel Argentino, pero la dirección conservó algo de aquella vocación por las historias que transcurren lejos de las miradas ajenas.

El hotel había sido inaugurado en 1869, cuando la costa del Río de la Plata todavía quedaba a pocas cuadras y los viajeros desembarcaban en un muelle cercano. Tenía balcones de herrería fina, iluminación a gas y un servicio de baños que ofrecía agua caliente, un lujo poco frecuente para la época. Por sus pasillos circularon comerciantes, políticos y visitantes que llegaban a una ciudad en plena transformación. Con los años, aquel establecimiento desapareció y en su lugar se levantó un edificio de aspecto solemne, construido en 1929 para la familia Martínez de Hoz. Su destino terminaría siendo bastante distinto del que habían imaginado sus propietarios.

En 1956, mediante un decreto firmado por Pedro Eugenio Aramburu, la flamante Secretaría de Informaciones del Estado se instaló en la propiedad de 25 de Mayo 11, que se extendía hasta el número 35. Los servicios civiles de inteligencia, creados durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, abandonaban así las dependencias que ocupaban en la Policía Federal para disponer por primera vez de una sede propia. Con el tiempo, los agentes dejaron de referirse a la SIDE por su dirección. Empezaron a llamarla, simplemente, “La Casa”.

Ubicado en la ochava de 25 de Mayo y Rivadavia, frente al corazón del poder político argentino, el edificio se integra con naturalidad al paisaje monumental del Bajo porteño. Desde sus ventanas pueden verse la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, mientras por la avenida Leandro N. Alem, en el contrafrente, se encuentra el acceso al garaje por donde históricamente entraron y salieron vehículos oficiales. El ingreso principal conserva sus arcos de medio punto donde, durante años, junto a la bandera argentina, una discreta placa de bronce identificó al organismo. La inscripción fue cambiando al ritmo de las sucesivas reformas hasta desaparecer nuevamente con el regreso formal de la SIDE. Solo quedaron las molduras.

Pero La Casa nunca fue solamente un punto geográfico. Mientras los gobiernos se sucedían entre reformas administrativas y cambios de nombre, los servicios habían construido una cartografía propia, extendida por Buenos Aires y distintas capitales provinciales. Era una red de oficinas que funcionaban como prolongaciones físicas de un poder difícil de delimitar. Algunas exhibían placas discretas; otras carecían de cualquier identificación. Por sus puertas circulaban agentes que utilizaban identidades supuestas y vehículos con patentes adulteradas o directamente inventadas. Los presupuestos que sostenían esa infraestructura rara vez quedaban expuestos al escrutinio público. En aquel universo, incluso las paredes podían formar parte de una operación de encubrimiento.

La propia sede central era un ejemplo. Detrás de su fachada funcionó durante décadas una arquitectura patrimonial tan opaca como las actividades que allí se desarrollaban. La titularidad del inmueble permaneció fragmentada entre el Estado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y una red de sociedades creadas para ocultar parte del patrimonio secreto del organismo. La SIDE había conseguido algo singular: esconder incluso la propiedad de los edificios desde los que operaba.

La más importante de aquellas sociedades fue Osgra SRL. Constituida en los años setenta por hombres del propio servicio, su nombre combinaba los apellidos del contador Luis Osores y de Maximino Graña, dos funcionarios del área financiera. Sobre los papeles podía presentarse como consultora, inmobiliaria, agencia de turismo o prestamista. En la práctica, era el vehículo mediante el cual la SIDE compraba y administraba inmuebles sin aparecer como titular. Según su último balance conocido, correspondiente a 1999, controlaba treinta propiedades distribuidas en veinticinco edificios de la Ciudad de Buenos Aires y otras veinte en distintas ciudades del país. Su patrimonio superaba los treinta millones de dólares y concentraba cerca del 80 % de los inmuebles del organismo.

La existencia de esa estructura comenzó a salir a la luz por un motivo tan inesperado como revelador: un divorcio. Según relata Gerardo “Tato” Young en su Código Stiuso, en 1982, poco antes del retorno democrático, José Daniel Salinardi fue designado socio y apoderado de Osgra. Dentro de la SIDE llegó a conducir el Departamento de Contrataciones, un área especialmente sensible por su acceso a compras, inmuebles y estructuras patrimoniales. Cuando fue desplazado durante la purga impulsada por el gobierno de la Alianza, en 2001, abandonó el organismo sin transferir formalmente la sociedad, por lo que siguió figurando durante años como representante legal de un patrimonio que, en realidad, pertenecía al Estado.

El episodio permaneció oculto hasta que su exesposa, al descubrir durante el divorcio la magnitud de esos bienes, inició una demanda para reclamar la parte que consideraba correspondiente. Acorralado por el litigio, Salinardi terminó admitiendo el verdadero funcionamiento de Osgra. Esa confesión permitió a la SIDE recuperar formalmente las propiedades.

El escándalo derivó en una reorganización patrimonial y en la creación de Tiumayu S. A., otra sociedad de cobertura destinada a continuar administrando los inmuebles con menor exposición. Años después sería el propio Antonio Stiuso quien, como representante de esa firma, formalizaría la cesión al Estado de distintos sectores del edificio de 25 de Mayo. El hombre que durante décadas controló los resortes operativos de La Casa también terminó interviniendo en la regularización jurídica de su sede central.

La historia terminó de cerrarse recién en octubre de 2020, cuando la interventora Cristina Caamaño logró escriturar el séptimo piso, que desde los años sesenta seguía perteneciendo a la Cámara Argentina de Comercio. Como el ascensor del edificio ni siquiera llegaba hasta allí, empleados de la AFI debieron derribar una pared a mazazos para conectar físicamente esos 354 metros cuadrados con el resto de La Casa.

Aquella regularización permitió reconstruir también la dimensión territorial que había sostenido durante décadas el funcionamiento cotidiano de los servicios. Además del edificio de 25 de Mayo, la SIDE desplegó una red de bases especializadas que incluía Billinghurst, en Barrio Norte; Coronel Díaz; la Escuela Nacional de Inteligencia, en Libertad 1235; y, desde mediados de los años ochenta, la base de la calle Estados Unidos, en San Cristóbal, incorporada cuando el organismo amplió sus capacidades de contrainteligencia y vigilancia técnica. Cada una cumplía una función específica y condensaba un capítulo distinto de la historia del espionaje argentino.