Ficha Limpia: las leyes que vetan candidaturas por condenas penales ya rigen en varios países, aunque no sin polémica
Leyes que prohíben a políticos condenados ser candidatos en elecciones ganaron terreno en países como Brasil, Perú, Italia y Colombia. Prometen elevar la vara ética en la política, aunque organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como expertos constitucionalistas, advierten sobre sus riesgos: desde restricciones indebidas a los derechos políticos hasta una afectación de la presunción de inocencia. Mientras tanto, en nuestro país el Senado discutirá en el recinto un proyecto similar, bautizado Ficha Limpia, con muchas chances de convertirlo en ley después de años de intentos fallidos.
El concepto de Ficha Limpia remite a normas que impiden que personas con determinadas condenas penales puedan ser candidatas a cargos electivos. En algunos países, alcanza con una condena en primera instancia. En otros, se exige una sentencia confirmada en segunda instancia. Y en otros, la inhabilitación política solo entra en vigencia cuando la condena está firme. Aunque los detalles varían, el eje común es uno: no dejar competir a quienes enfrentan antecedentes judiciales graves, por el tiempo que dure la condena o incluso más allá.
El caso brasileño
Brasil fue el primer país de la región en establecer un régimen de Ficha Limpia a nivel nacional. Lo hizo en 2010, luego de una campaña ciudadana que reunió más de un millón de firmas. La ley fue sancionada por el Congreso y declaró inelegibles a los candidatos condenados en segunda instancia por delitos como corrupción, lavado de dinero, abuso de poder económico o violencia sexual, entre otros. También impidió la postulación de funcionarios que hubieran renunciado para evitar un juicio político.
La ley se aplicó por primera vez en las elecciones generales de 2012. Desde entonces, más de mil candidaturas fueron impugnadas. La más resonante fue la del entonces expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (ahora, presidente de nuevo, desde 2023), quien en 2018 quedó fuera de la contienda presidencial luego de que una Cámara de Apelaciones confirmara su condena por corrupción. Lula encabezaba las encuestas, pero su inhabilitación abrió el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro.
El Supremo Tribunal Federal declaró constitucional la norma, pero se produjo una gran debate nacional sobre la ley. Los defensores sostuvieron que se trata de una regulación válida sobre el acceso a cargos públicos. Los críticos cuestionaron que se impidiera competir a personas sin sentencia firme y advirtieron que la norma podía volverse una herramienta para apartar adversarios incómodos del juego electoral.
La vara más baja de Perú
En Perú, el umbral para aplicar la Ficha Limpia es aún más bajo. La legislación electoral vigente impide ser candidato a quienes tengan una condena penal en primera instancia por delito doloso, aunque no esté firme. La inhabilitación se mantiene mientras la condena esté vigente. Esto generó una gran cantidad de exclusiones en elecciones regionales y nacionales, incluso en casos donde los fallos judiciales estaban apelados.
El Congreso peruano intentó avanzar en 2024 con una reforma constitucional para endurecer aún más el régimen, incorporando una prohibición de diez años para postularse a cargos públicos después de cumplir la condena. La propuesta no prosperó, pero mostró que el clima político sigue orientado a limitar los derechos políticos de quienes pasaron por la justicia penal.
Las organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el uso indiscriminado de la inhabilitación en Perú. En algunos casos, incluso se excluyó a candidatos por delitos menores, sin condena firme, lo que encendió señales de alerta sobre el uso selectivo de las normas.
Italia y la Ley Severino
Italia adoptó su propia versión de Ficha Limpia en 2012, con la llamada Ley Severino. A diferencia de las experiencias latinoamericanas, la inhabilitación solo se aplica cuando hay una condena penal firme y por delitos que tengan una pena superior a los dos años. La inhabilitación puede ser de seis años o, en ciertos casos, perpetua.
Uno de los casos más conocidos fue el de Silvio Berlusconi, condenado en 2013 por fraude fiscal. Cuando la sentencia quedó firme, perdió su banca en el Senado y quedó inhabilitado para competir durante seis años. La norma fue criticada por los seguidores y los aliados de Berlusconi, que denunciaron una persecución judicial, pero recibió un amplio respaldo político.
En comparación con Brasil y Perú, el modelo italiano se presenta como más garantista: no alcanza con una condena en primera o segunda instancia, sino que se exige el agotamiento del proceso judicial para aplicar la restricción.
La “muerte política” en Colombia
Colombia adoptó una postura más extrema. La Constitución fue reformada para establecer que cualquier persona condenada por delitos contra la administración pública o el patrimonio del Estado queda inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. No hay posibilidad de postulación, ni siquiera después de cumplir la pena. La norma también incluye delitos aberrantes como los abusos sexuales contra menores.
Esta inhabilitación vitalicia rige solo si hay una condena firme. La reforma se aprobó luego de un proceso de movilización ciudadana contra la corrupción y fue respaldada por todas las fuerzas políticas. Entre los casos alcanzados por esta medida están los de exgobernadores, exsenadores y otros funcionarios condenados por el caso Odebrecht.
El precedente de Gustavo Petro, quien en 2013 fue destituido por vía administrativa por el entonces procurador general y luego repuesto por decisión de la CIDH, consolidó la idea de que solo una sentencia judicial firme puede restringir derechos políticos.
Las advertencias internacionales
La ONU y la CIDH establecieron criterios sobre la validez de estas restricciones. Según el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo se puede limitar el derecho a ser elegido cuando existe una condena penal por un juez competente. Es decir, no alcanza con una condena en primera o segunda instancia. Mientras haya recursos pendientes, la persona debe ser considerada inocente.
“Hasta que una persona no tenga condena firme sigue gozando de presunción de inocencia”, recordó el jurista Miguel Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, en declaraciones a la radio AM750. El problema, explicó, es que los proyectos de Ficha Limpia que se aplican desde instancias previas a la sentencia firme contravienen este principio básico del derecho.
Además del riesgo de anticipar la pena, existe el temor de que estas leyes sean usadas con fines políticos. En escenarios polarizados, una condena en segunda instancia puede convertirse en una herramienta para sacar de carrera a un dirigente con chances reales. La ONU y la CIDH ya denunciaron prácticas de este tipo en países como Venezuela, donde las inhabilitaciones administrativas impidieron la participación de líderes opositores. En contextos así, la línea entre el control ético y la proscripción se vuelve difusa.
Varios constitucionalistas también señalaron que el diseño de estas normas debe respetar el principio de proporcionalidad. No es lo mismo una condena por malversación de fondos públicos que por omitir una declaración jurada. Tampoco debería ser lo mismo una inhabilitación de por vida que una restricción temporal. Sin estos matices, advierten, la Ficha Limpia corre el riesgo de transformarse en una herramienta arbitraria.
Un debate inconcluso en la Argentina
En nuestro país la discusión lleva más de casi una década. El proyecto de Ficha Limpia fue impulsado por organizaciones civiles y presentado en varias oportunidades en el Congreso. Algunas provincias, como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta, ya adoptaron sus propias versiones. A nivel nacional, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto en 2023. Ahora el asunto está el Senado, que muy probablemente sancione la ley este miércoles.
El texto aprobado propone impedir que sean candidatos quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción, sin necesidad de que la sentencia esté firme. La propuesta también incluye a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.
El peronismo rechaza la iniciativa. Denuncia que el objetivo es impedir una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena en la causa Vialidad ya fue confirmada en segunda instancia pero aún no está firme. El PRO —con Silvia Lospennato como principal impulsora de la iniciativa—, en cambio, argumenta que el proyecto busca cerrar la puerta a la “puerta giratoria” de los condenados, que usan sus candidaturas como forma de obtener fueros o evitar condenas.
Todo indica que el Senado convertirá el proyecto en ley esta semana. Será el primer régimen nacional de Ficha Limpia en la Argentina. Una vez vigente, lo que defina su alcance no será la letra de la norma sino cómo y contra quién se la haga valer; si se trata de una herramienta para mejorar la política o de una nueva forma de ordenarla según conveniencia.
JJD
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