En vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria
Financiamiento universitario: la Justicia impuso una multa de $100.000 diarios a Diego Santilli por incumplir una cautelar
El juez federal Martín Cormick resolvió este miércoles aplicar una multa de 100.000 pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, después de constatar que el Gobierno no cumplió con la medida cautelar que lo obliga a implementar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción económica comenzará a regir por la persistencia del incumplimiento y podrá aumentar si el Poder Ejecutivo continúa sin acatar la resolución.
La decisión del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había denunciado que el Gobierno dejó vencer los plazos judiciales sin concretar las actualizaciones salariales y de las becas previstas por la legislación.
En su resolución, Cormick dispuso hacer efectivo el apercibimiento que había formulado el 30 de septiembre y estableció una primera multa diaria de 100.000 pesos. También dejó abierta la posibilidad de revisar tanto la cifra como los funcionarios alcanzados por la sanción.
Las multas, conocidas jurídicamente como astreintes, son medidas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial. En este caso, el magistrado las dirigió al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque podrían extenderse a otros integrantes del Ejecutivo si persiste la desobediencia. Entre los funcionarios que podrían quedar alcanzados se encuentran la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Una medida judicial que el Gobierno sigue sin cumplir
El conflicto se originó en la decisión del Ejecutivo de condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara de dónde saldrían los recursos necesarios para financiarla.
La norma, aprobada por el Parlamento y posteriormente ratificada tras el veto presidencial, contempla la recomposición de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas, la actualización de las becas estudiantiles y el incremento de los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.
Sin embargo, mediante el decreto 759/2025, la administración de Javier Milei supeditó su implementación a la identificación de las fuentes de financiamiento. Esa disposición fue cuestionada judicialmente por las universidades, que consideraron que el Ejecutivo estaba desconociendo una ley cuya vigencia había sido reafirmada por el Congreso.
En el marco de ese litigio, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó avanzar con la actualización de las remuneraciones del personal universitario y las becas. La resolución fue confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de este año.
Ante la falta de cumplimiento, el magistrado intimó al Estado a ejecutar las medidas en un plazo de cinco días. El vencimiento de ese término, seguido de una nueva prórroga sin que se concretaran los pagos reclamados, llevó al CIN a solicitar la aplicación de sanciones económicas.
El juez ya había señalado que la documentación presentada por el Ejecutivo no demostraba que los incrementos salariales otorgados hubieran permitido recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. En relación con las becas, reconoció avances respecto de la Manuel Belgrano, pero consideró que seguían pendientes otras obligaciones establecidas por la ley.
Los argumentos del Gobierno
La administración nacional rechaza la interpretación judicial sobre el alcance de las recomposiciones exigidas y sostiene que realizó aumentos suficientes para cumplir con sus obligaciones.
En su presentación ante la Justicia, el Ejecutivo aseguró que los incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,80%, porcentaje que, según sus cálculos, supera levemente la inflación correspondiente al período que tomó como referencia.
También destacó la convocatoria a negociaciones paritarias y una propuesta de mejora salarial del 3% para septiembre de 2026, que se sumaría a otro incremento del mismo porcentaje acordado en junio.
Para el Gobierno, esas medidas representan una respuesta a las exigencias de actualización de los haberes universitarios. En cambio, cuestionó el criterio que implicaría aplicar una recomposición acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de este año.
El Ejecutivo argumentó que una actualización de esa magnitud no cuenta con partidas específicas en el Presupuesto 2026 y advirtió que la medida cautelar lo obliga a afrontar compromisos económicos cuyo monto, a su entender, no está suficientemente determinado.
Por ese motivo, solicitó que su apelación suspendiera los efectos de la decisión judicial. No obstante, Cormick rechazó esa pretensión respecto de la cautelar, que continúa vigente mientras se tramita la revisión del expediente principal.
El decreto que frenó la aplicación de la ley
La controversia tuvo otro capítulo el 6 de octubre, cuando Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de recursos presupuestarios.
El magistrado consideró que esa condición desconocía las atribuciones del Congreso, que había insistido con la sanción de la norma después del veto presidencial. Además, señaló que la propia ley contempla mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la reasignación de partidas y la utilización de ingresos excedentes.
El Gobierno apeló ese pronunciamiento y la cuestión deberá ser examinada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, esa discusión no elimina la obligación de respetar la medida cautelar que ordena las actualizaciones.
La multa contra Santilli se inscribe precisamente en ese escenario: mientras continúa la disputa judicial sobre el decreto, el Ejecutivo debe cumplir con una orden que permanece vigente.
Una nueva Marcha Federal Universitaria
La resolución se conoció un día antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país.
Docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y organizaciones sindicales volverán a movilizarse para reclamar la aplicación efectiva de la ley y denunciar el deterioro presupuestario de las universidades públicas. En la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración frente al Congreso desde las 10.30.
La protesta se desarrollará en una jornada que incluirá otras movilizaciones frente al Parlamento, en coincidencia con el tratamiento legislativo del DNU 70/2023.