El gobernador Martín Llaryora se realizó un “narcotest” en cumplimiento de una nueva ley provincial

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se realizó el análisis de laboratorio para detectar el consumo de drogas ilegales según lo dicta la ley provincial 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana.

Se trata de una norma que fue promulgada el pasado 26 de abril y que establece que las personas que desempeñen funciones por elección popular deben someterse a un “narcotest” que puede realizarse en establecimientos públicos y privados.

La ley también crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que instituye el marco jurídico para la instrumentación de un nuevo modelo que busca agilizar la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. 

Además del gobernador, los ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a esos cargos deben someterse a los análisis que permiten detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.

Los funcionarios deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios. 

“Quien gobierna no puede estar cerca del consumo de drogas. Sino, ¿cómo hace para enfrentar en serio a las mafias de los narcos?”, señaló Llaryora y remarcó: “Tenemos la decisión de barrer y combatir al narcotráfico y las mafias con toda la fuerza de la Ley y las herramientas que tenemos y vamos incorporando. Pero tenemos que empezar por dar el ejemplo nosotros, quienes gobernamos”. 

En caso de que no se cumpla con lo dispuesto en el artículo 66 de la ley, se determinó que se aplicará un procedimiento que incluye la comunicación de la situación a las autoridades competentes y el Ministerio de Salud deberá realizar un abordaje integral para contener y asistir a la persona afectada.

La misma obligación existe en la capital provincial luego de que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza el año pasado para que todo funcionario municipal electo tenga la obligación de realizarse cada seis meses este tipo de análisis.

MT