El Gobierno le da impulso a la “ley hojarasca” para derogar 70 normas “obsoletas”
El Gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles el envío al Parlamento del proyecto de la 'ley de hojarasca' para derogar 70 normas que considera “obsoletas” y simplificar así el sistema legal.
Según informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger en un comunicado, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de Derogación de Legislación Obsoleta, que denominó 'ley hojarasca'.
De acuerdo con el comunicado, esta iniciativa está “orientada a ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales”.
Entre las normas que el Gobierno impulsa eliminar se incluyen leyes que fueron superadas por legislación posterior, como una ley de 1864 que prohíbe castigos corporales ya vedados por la Constitución nacional.
Según indicó el Gobierno, también se incluyen leyes que “han quedado obsoletas por el avance tecnológico, el desarrollo económico o el paso del tiempo”, como una norma del siglo XIX que incentiva la explotación de carbón u otra de 1973 que exige la aprobación del Congreso para “innovaciones” en la transmisión televisiva.
Asimismo, el Ejecutivo quiere eliminar normas que, a su juicio, afectan libertades individuales, como las que establecen penas de prisión para quienes promuevan sanciones contra el Estado argentino, normas que habilitan mecanismos indirectos de control sobre la prensa, que regulan contenidos culturales o permiten la intervención estatal en reuniones privadas.
El Gobierno busca terminar con disposiciones que habilitan controles sobre formas de circulación, como el requisito de un 'carné de mochilero', o medidas sanitarias como el ingreso obligatorio en un hospital de personas con lepra.
A esto se suman leyes que han quedado vacías de contenido al referirse a organismos que ya no existen.
“En total, la iniciativa propone la derogación de más de 70 leyes. El criterio rector es que el derecho debe funcionar como una herramienta para garantizar la libertad y no como un mecanismo de restricción innecesaria”, añadió el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
EFE
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