Intervienen el área de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura decidió este martes intervenir el área de declaraciones juradas del organismo mientras espera los resultados de la auditoría que investiga la apertura irregular de 24 sobres con información sobre jueces y funcionarios judiciales entre ellos tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

“Se ha resuelto requerir al Cuerpo de Auditores la pronta tramitación de las actuaciones disciplinarias cuya instrucción se le ha encomendado, y la emisión de informes parciales de avance que permitan complementar la intervención ordenada”, señaló oficialmente el Consejo mediante un comunicado.

La decisión fue tomada por los consejeros en la reunión reservada que mantuvieron esta mañana bajo la conducción del presidente del cuerpo y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Según trascendió, el área de declaraciones juradas está a cargo de una persona que fue apartada de esas tareas, bajo la intervención del secretario del Consejo, Mariano Pérez Roller.

El episodio se conoció cuando una empleada denunció que al retornar del feriado del 20 de junio a la oficina ubicada en Sarmiento 877, en la Ciudad de Buenos Aires, descubrió una puerta abierta, otra mal cerrada y su escritorio revuelto.

La investigación judicial recayó en el juez federal Daniel Rafecas y en el fiscal Ramiro González, quienes en principio determinaron que no hubo daños, ni sustracción, ni faltantes, aunque ahora se busca determinar si nueve de esas declaraciones fueron adulteradas.

La seguridad del edificio de Sarmiento fue reforzada por la Policía Federal y los consejeros decidieron dar un plazo de 30 días para “robustecer” los sistemas de seguridad del área.

El comunicado del Consejo de la Magistratura

“El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación informa que en el día de la fecha sus integrantes se han reunido en sesión reservada, a fin de dar seguimiento a las actuaciones internas que se sustancian con motivo de los hechos que han tomado estado público, vinculados con accesos irregulares a declaraciones juradas de magistrados/as y funcionarios/as judiciales.

“Corresponde expresar que, según informes iniciales, los hechos se relacionarían con la apertura de 24 sobres que contienen anexos reservados de declaraciones juradas de magistrados/as y funcionarios/as de diferentes fueros y jurisdicciones de la CABA y de las provincias; como también la posible manipulación de 9 sobres, según se infiere de su estado físico.

“Luego de las deliberaciones, el Cuerpo ha resuelto ratificar todo lo actuado por su Presidente y disponer la intervención del área a la que le compete la guarda y registro de las declaraciones juradas. La intervención le ha sido encomendada al señor Secretario General del Consejo. 

“Los/as señores/as Consejeros/as han determinado la necesidad de proveer el pronto traslado de las estructuras de guardado de las declaraciones juradas a otro edificio del Consejo y robustecer los sistemas de seguridad que las preservan, a la vez que reconducirlos a las tecnologías vigentes. Para tal readecuación se ha fijado un plazo de 30 días. 

“Asimismo, se ha resuelto requerir al Cuerpo de Auditores la pronta tramitación de las actuaciones disciplinarias cuya instrucción se le ha encomendado, y la emisión de informes parciales de avance que permitan complementar la intervención ordenada. 

“Finalmente, en aras de armonizar la recepción de las declaraciones juradas periodo 2021 con la puesta en marcha de las medidas de gestión y seguridad a implementarse, se ha puesto a consideración del Plenario la posibilidad de readecuar su cronograma de presentación”.

Con información de Télam