Distintos sectores vuelven a marcarle la calle al Gobierno. Jubilados, estatales y organizaciones sociales y sindicales confluyen este miércoles en una nueva jornada de reclamos que combina rechazo al ajuste, advertencias sobre la reforma laboral y una denuncia por el rumbo del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Desde temprano, la Plaza Congreso será escenario del ya habitual reclamo de los jubilados, que esta vez llegará acompañado por la presentación de “miles de firmas contra el ajuste”. La Unión de Trabajadores Jubilados En Lucha (UTJEL) explicó que la consigna central es “resistir el avance del Gobierno sobre los derechos previsionales”.
En un documento difundido en la previa, la organización reclamó “una jubilación mínima de $1.250.000, proporcional en todas las escalas y que respete la canasta básica total de la tercera edad; movilidad previsional bimestral, sin techo ni tope; aumento de las contribuciones patronales; e igual compensación etaria para mujeres desde los 55 y varones desde los 60 años”. Señalaron además que rechazan “la reforma jubilatoria, el aumento de edad y la supresión de regímenes especiales”, así como “la represión que sufrimos cada miércoles”.
“Entregaremos miles de firmas con una consigna central en contra de la entrega y el ajuste. Además, rechazamos el pacto del Gobierno con Donald Trump y con el Tesoro yanqui. En la antesala del Día de la Soberanía reafirmamos nuestra resistencia y nuestro compromiso con las luchas populares”, indicaron en la convocatoria.
La protesta de los jubilados coincide con el paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que arrancó con un acatamiento superior al 90%, en medio de la escalada entre el sindicato y el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció penalmente al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, por “amenaza contra el orden constitucional”, luego de sus declaraciones en televisión. Lejos de bajar el tono, Aguiar respondió desde la movilización.
“Hoy empezamos a resistir, y si para frenar esta reforma es necesario que salgamos a las rutas durante la Navidad y Año Nuevo, lo vamos a hacer”, advirtió. Y agregó: “A nosotros no nos mandan los funcionarios, nos mandan los trabajadores. Comenzamos una ofensiva que no se va a detener hasta que sean garantizados todos nuestros derechos”.
El dirigente también apuntó contra el contenido de la reforma laboral que el Gobierno prevé enviar al Congreso después del 10 de diciembre: “Es mentira que no se conoce. Basta escuchar a Cordero y a Sturzenegger para saber que quieren profundizar la desregulación planteada en la Ley Bases”. Para Aguiar, la iniciativa “no busca generar empleo, sino reconfigurar el poder en las relaciones laborales beneficiando solo a las grandes patronales”.
En paralelo, denunció la situación salarial en el Estado: “En los últimos 23 meses los sueldos han sido destruidos. Decenas de miles de estatales fueron empujados por debajo de la línea de pobreza. La mayoría adeuda más de un salario y medio en el sistema financiero formal”. Y alertó por la aparición de “una novedad en el Estado: el pluriempleo”. “Se tienen que reabrir las paritarias y recomponer todo el poder adquisitivo perdido”, insistió.
El paro afecta servicios en hospitales, escuelas, puertos, aduanas, migraciones, Senasa, control aéreo, medios públicos, transporte y hasta áreas sensibles como mantenimiento de plantas nucleares. Solo se garantizan guardias mínimas y vuelos sanitarios.
La tensión también crece por el vínculo con Estados Unidos. En paralelo a las protestas, organizaciones sociales anunciaron que iniciarán “la resistencia callejera” contra el acuerdo comercial que negocia Milei con Donald Trump. “Este Gobierno está dispuesto a entregar la soberanía laboral y económica”, señalaron desde los movimientos convocantes.