El juicio oral y público por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner atraviesa su etapa final. El próximo miércoles será el turno de la fiscalía, encabezada por Gabriela Baigún, para presentar su alegato. Se espera que mantenga la acusación contra los principales imputados y podría reforzar su planteo de octubre pasado, cuando solicitó que se sumara un agravante por considerar que el hecho fue perpetrado “con violencia de género en la modalidad de violencia política”.
Este miércoles, los acusados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo estarán sentados frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6. A diferencia de lo ocurrido durante el último año, la audiencia no se hará en la sala AMIA, sino en el SUM del subsuelo de los tribunales de Comodoro Py 2002. Cada uno estará acompañado por su abogado.
El pedido de los abogados de CFK
Los abogados de Fernández de Kirchner solicitaron el miércoles pasado que los dos principales acusados sean condenados a 15 años de prisión, la pena máxima para tentativa de homicidio. Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron señalados como coautores del atentado contra la expresidenta.
El abogado Marcos Aldazabal, integrante de la querella que representa a la expresidenta, sostuvo las acusaciones contra Sabag Montiel, quien gatilló el arma a centímetros de la cabeza de la exmandataria en septiembre de 2022, y contra Brenda Uliarte, quien cumplió un rol organizativo, según la investigación.
Sin embargo, la querella decidió no acusar a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de la llamada “banda de los copitos” y pidió su absolución. Según explicó Aldazabal, tras dos años de investigación, “no existen elementos suficientes para imputarlo”. Carrizo está preso por su presunta participación secundaria en el intento de homicidio. “Cristina no usa el derecho penal para hacer política”, sostuvo el abogado durante el alegato de este miércoles.
La querella calificó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte como coautores funcionales del atentado, figura que no exige la participación física directa en todos los actos, sino la contribución esencial a la ejecución del plan. Uliarte estuvo en el lugar, coordinó movimientos previos y puso en marcha el plan de escape tras el ataque fallido, sostuvo el querellante. Según la acusación, ambos compartieron la decisión de atentar y actuaron de manera conjunta para concretarlo.
Durante el alegato de la querella, la actuación de la jueza María Eugenia Capuchetti fue cuestionada por presuntamente “encubrir y obstaculizar” líneas clave de investigación, especialmente las vinculadas a posibles conexiones políticas. La Cámara Federal de Apelaciones le dio la razón a la querella en cinco oportunidades durante la etapa de instrucción, al considerar que la magistrada había actuado de forma “gravemente arbitraria” y ordenándole medidas que ella había rechazado, afirmó Aldazabal.
Aldazábal dedicó un extenso tramo de su alegato a detallar lo que consideró “maniobras de obstrucción” por parte de la jueza Capuchetti, con especial foco en el manejo del teléfono celular de Sabag Montiel. Según el abogado, luego de los intentos fallidos por peritar el dispositivo en el juzgado, se dio la orden de guardar el teléfono en un sobre de papel madera y no en las bolsas Faraday que exige el protocolo para preservar la evidencia electrónica. La magistrada siempre ha rechazado las acusaciones y señalamientos de la querella.
El peritaje quedó en manos de un técnico de la Policía Federal que, aseguró, no contaba con el equipamiento adecuado y solo pudo extraer los de la memoria externa. Según el relato del querellante, el teléfono, que había sido guardado y apagado en una caja fuerte del juzgado, apareció luego encendido, con un mensaje de error y el envoltorio abierto. “En 24 horas se arruinó la prueba más importante”, sostuvo Aldazábal.
La querella planteó dos agravantes en su alegato: violencia de género, basada en testimonios que señalaron que la condición de mujer de Fernández de Kirchner era un motivo de hostigamiento, y uso de arma de fuego. Aldazabal recordó que el Código Penal fija que en casos de tentativa de homicidio la condena no puede superar los 15 años y reclamó la pena máxima. “Matar a alguien que representa a millones de personas atenta contra la democracia”, concluyó.
ED