El poder judicial y la narcocriminalidad

En plena crisis con el Ejecutivo y escasos resultados contra los narcos, la Corte viaja a Rosario

Los cuatro integrantes de la Corte Suprema estarán en el encuentro de jueces federales.

Los ministros de la Corte Suprema encabezarán el próximo jueves un encuentro de más de cien jueces federales de todo el país que se realizará en la ciudad de Rosario con el eje en el avance del narcotráfico. Detrás del fenómeno que los convoca y el impacto político de la reunión, traslucirán escasos resultados para exhibir en cuanto a condenas de los grandes operadores del tráfico de drogas; juzgados sin jueces ni infraestructura; magistrados observados o acusados; narcos condenados que continúan delinquiendo desde las cárceles; y una reforma que buscaba desterrar varios de estos problemas pero sigue pausada en el Congreso: la implementación del sistema acusatorio. Este es el diagnóstico de magistrados y funcionarios consultados por el elDiarioAR en la previa del encuentro.

Faltan al menos 64 jueces federales en cuatro zonas clave atravesadas por el narcotráfico

Faltan al menos 64 jueces federales en cuatro zonas clave atravesadas por el narcotráfico

¿Qué buscan realmente los jueces federales y la Corte Suprema en Rosario? Hay intereses diversos. El encuentro nació casi como uno más de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), durante una reunión virtual de la entidad. Uno de los vicepresidentes de la asociación (cada región del país tiene un vice), es el titular del juzgado federal número 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, quien propuso que el próximo cónclave fuera presencial y en su ciudad, según confirmaron fuentes directas de la organización.  

Pero rápidamente el contexto político ensanchó la convocatoria a un escenario para la Corte -atravesada, además, por su propia interna- en el punto más álgido de la tensión entre el máximo tribunal y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el control del Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona a los jueces federales y nacionales.

AJUFE no quiere que el encuentro en Rosario -pautado entre las 11 y 13.30- sea el tiempo y el espacio para reclamar por las demoras en el nombramiento de jueces federales en zonas clave del avance del narcotráfico, dijeron dos de los organizadores a elDiarioAR. Jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires dejaron trascender en distintos off the record que el motivo del encuentro es llevar apoyo a sus colegas de Rosario frente al escenario de violencia narco y sus ramificaciones, protagonizadas principalmente por dos clanes locales: Los Monos y Alvarado. Otro de los magistrados agregó que es momento de mostrar la responsabilidad del poder Judicial ante la sociedad y dejar de patear la pelota a otros poderes. 

Sin embargo, para el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, santafesino, será una oportunidad para conjugar variables. El magistrado abrirá el encuentro, bautizado “El juzgamiento del narcotráfico”. El cierre estará a cargo de su colega Ricardo Lorenzetti, también santafesino, y quien mantiene un enfrentamiento con sus pares por la presidencia del máximo tribunal.

Según las estadísticas publicadas por la Procuraduría de Narcocriminalidad, entre 2011 y 2020 se iniciaron 212.223 causas judiciales por drogas. El 47% de los expedientes fueron por tenencia simple y tenencia para consumo personal. Sólo el 3% fue por contrabando de estupefacientes. El 46% fue por tenencia para comercialización o comercialización, en distintos grados.  

Rosatti tiene un mapa en donde los territorios más afectados por la narcocriminalidad coincide con las zonas con mayor vacantes de jueces. Como asumió también como presidente del Consejo de la Magistratura, cursó invitación a los miembros del organismo. Diez de ellos habían confirmado asistencia al cierre de esta nota. 

En Rosario, el 25% de la Justicia federal de primera instancia está vacante, ya que de los cuatro juzgados federales de la ciudad, el número 1 no tiene magistrado y la terna está esperando en el Ejecutivo, según el sitio del Consejo de la Magistratura. 

También falta el 50% de los cargos de tribunales orales federales, los encargados de llevar adelante los juicios y dictar los veredictos en casos de narcotráfico. La jurisdicción tiene sólo dos tribunales orales federales y uno está vacío. El Ejecutivo tiene pendiente nombrar dos cargos para que el tribunal número 2 pueda funcionar adecuadamente. Además, faltan dos camaristas que revisen las sentencias de los jueces de primera instancia y permitir que avancen las investigaciones. Sus nombramientos dependen del Ejecutivo y el Senado, según publicó el Consejo de la Magistratura.

En el Consejo también hay pedidos de juicio político y acusaciones contra jueces con relación directa a la problemática del narcotráfico que poco han avanzado en el organismo. Un antecedente paradigmático es el del exjuez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, quien pasó a la cúspide de los colmos cuando estuvo a punto de ser nombrado como autoridad de la Comisión Nacional de Lucha contra el Narcotráfico de la Corte Suprema y estaba siendo investigado por recibir coimas de los narcos para evitar el avance de las investigaciones de su juzgado. Finalmente fue destituido y condenado gracias a una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y fiscales federales de Salta. Actualmente se encuentra detenido en Marcos Paz.

La reunión del jueves es importante pero el sistema federal necesita que comience a funcionar el acusatorio.

Jorte Baclini Fiscal general de Santa Fe.

El único representante del Ejecutivo nacional invitado al encuentro, al cierre de esta nota, es Gerónimo Ustarroz, consejero de la Magistratura -quien confirmó asistencia- y hermano del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. AJUFE invitó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (Partido Justicialista - Frente Unido), quien estuvo la última semana con el presidente Alberto Fernández reclamando la presencia de fuerzas federales en su provincia; y al intendente de Rosario, Pablo Javkin (Frente Progresista Cívico y Social), quien se encontró con Rosatti para dialogar sobre la problemática narco también en los últimos días. Los organizadores no cursaron invitación para los ministros de Justicia, Martín Soria, ni para su par en Seguridad, Aníbal Fernández.

Rosario

Más allá de las posiciones de los forasteros, en Rosario distintos integrantes de la Justicia -tanto federal como provincial- reconocen que las amenazas y balaceras de las bandas narcos se han concentrado exclusivamente en los fiscales y jueces provinciales, aquellos que han avanzado en los últimos años con las investigaciones y juicios, que, si bien se centran en miembros de las bandas narco, no son por narcotráfico (un delito federal) sino por crímenes “comunes”, objeto de la justicia ordinaria: homicidios y extorsiones, entre otros hechos. Basta con revisar las noticias de los medios de la ciudad.

“Los fiscales y jueces provinciales andan con chaleco antibalas todo el tiempo, los federales caminan mucho más tranquilos por la calle porque vienen mucho más atrasados en el juzgamiento de las bandas”, explicó uno de los magistrados que mejor conoce el territorio y la problemática. Este fenómeno ha generado críticas a los jueces y fiscales federales en Santa Fe y desde las fiscalías y tribunales provinciales esperan que el encuentro del jueves “colabore” con que los federales asuman mayor protagonismo en la persecución de los narcos de Rosario, coincidieron fuentes oficiales y judiciales ante la consulta de elDiarioAR. Rosatti lo sabe. Estuvo reunido con jueces y fiscales de la Justicia provincial a finales del año pasado.

Jorge Baclini, fiscal general de Santa Fe, dijo a este medio que abril ha sido uno de los meses más violentos de la historia en Rosario: 33 homicidios. “La ciudad se ha convertido en un paso previo de la droga que llega luego a Buenos Aires y eso ha generado una disputa entre las bandas por el control del tráfico”, explicó el jefe de los fiscales de la provincia. 

“La reunión del jueves es importante pero el sistema federal necesita que comience a funcionar el acusatorio. Eso va a permitir al Ministerio Público Fiscal generar una política común en toda la provincia, algo que ya hemos empezado a trabajar con Casal y los fiscales federales”, aseguró Baclini. 

Al fiscal general también le preocupa que los condenados en Rosario sigan operando desde las cárceles, tanto provinciales como federales. En septiembre último, un informe de la Procuración General de la Nación identificó 19 casos de jefes de bandas narco que seguirían manejando el negocio desde las cárceles del país, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva.

Los jueces federales de Rosario han optado por delegar todas las causas a los fiscales federales, algo que tarde o temprano sucederá con el acusatorio. Sólo que actualmente, los fiscales no tienen ni las herramientas ni la infraestructura para investigar adecuadamente al narcotráfico, aseguran en los tribunales de la ciudad. Tampoco cuentan con una policía judicial, algo que también quedó pendiente en la reforma de 2014 en la provincia, explicó Baclini, lo que dejó a los fiscales provinciales dependientes de una policía acusada y deficiente.

La implementación del sistema acusatorio en el fuero federal sólo funciona en Salta y Jujuy. Debía comenzar a implementarse en Santa Fe y Mendoza, pero la comisión bicameral encargada de su funcionamiento ha avanzado poco y nada. Los legisladores sólo realizaron dos reuniones públicas durante 2021. Para los judiciales es la base de cualquier cambio a favor de la persecución de la narcocriminalidad, coincidieron todas las voces consultadas.

El acusatorio, explican los consultados, permitirá acelerar los tiempos judiciales, obliga a desarrollar las causas en las audiencias públicas y orales; y que los fiscales investiguen en secreto durante un plazo establecido por ley y que los jueces juzguen de manera imparcial las pruebas.

ED

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