La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que aplicará multas

La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que, si persiste el incumplimiento, comenzará a imponer multas diarias.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Poder Ejecutivo no dio todavía “cumplimiento total” a la cautelar que se encuentra vigente y firme.

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, sostuvo Cormick en su resolución.

Las astreintes son multas económicas que puede imponer un juez con el objetivo de lograr el cumplimiento de una orden judicial y, en este caso, podrían aplicarse por cada día que transcurra una vez vencido el plazo otorgado al Ejecutivo.

La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La intimación había sido reclamada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostiene que el Gobierno no cumplió integralmente con lo dispuesto por la Justicia.

La decisión constituye un nuevo capítulo de una disputa judicial que comenzó a fines del año pasado. En diciembre de 2025, Cormick dictó la cautelar a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del CIN y distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente la medida. El 25 de junio pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, con lo que la cautelar quedó firme.

En medio de ese recorrido judicial, el 10 de junio la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes habían firmado un acta por la cual el Estado se comprometió a transferir fondos para incrementar en un 24,33% la masa salarial, aumentar un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar en $50.000 millones las partidas destinadas a hospitales universitarios.

El acuerdo contempló también una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y estableció un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Gobierno, esas medidas satisfacían “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley. El CIN, en cambio, sostuvo que el convenio no cubría la totalidad de las obligaciones establecidas por la norma.

El Ejecutivo pidió entonces que se levantara la cautelar, pero el 1 de septiembre Cormick rechazó el planteo al considerar que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados eliminaran los perjuicios que habían dado origen a la medida judicial.

El magistrado sostuvo que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de esos acuerdos respecto de los “perjuicios graves de imposible reparación ulterior” y señaló que tampoco existía “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de los ingresos y la pérdida salarial.

La nueva resolución judicial se conoció, además, en medio de una escalada del conflicto salarial universitario. El 17 de septiembre fracasó una nueva reunión paritaria en la que la Secretaría de Educación ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por los sindicatos.

Según las estimaciones difundidas por las universidades nacionales y los gremios del sector, la recomposición salarial pendiente ronda el 31%, aunque existen diferencias entre las organizaciones respecto del cálculo exacto de la pérdida acumulada.

Tras el fracaso de la negociación, los gremios profundizaron las medidas de fuerza. ADUBA y APUBA iniciaron un esquema escalonado de paros y actividades de visibilización que comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre.

“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir”, afirmó el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

El conflicto tendrá otro punto de confluencia el próximo 15 de octubre, cuando se realice frente al Palacio de Tribunales una nueva Marcha Federal Universitaria, la segunda de este año, en reclamo del cumplimiento de la ley y de una recomposición de los salarios docentes y no docentes.