Confirman la quinta marcha federal universitaria para el próximo 15 de octubre

La quinta marcha federal universitaria del año ya tiene fecha confirmada: será el jueves 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales, un cambio de escenario respecto de las movilizaciones anteriores. La confirmación llegó luego de un acuerdo entre los rectores, gremios y estudiantes, en medio del fracaso de la paritaria por el escaso aumento que ofreció el Gobierno, así como el ajuste presupuestario en el proyecto oficial para 2027.

“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, planteó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al anunciar la convocatoria. El reclamo apunta no solo a la discusión salarial, sino al incumplimiento de una ley que el Congreso ya sancionó pese al veto de Milei y que la Justicia también le ordenó aplicar al Gobierno.

La confirmación de la marcha llegó acompañada por otras medidas de fuerza anunciadas por los gremios. Este viernes y el martes próximo habrá paros en universidades. Y además gremios de la UBA anunciaron una medida de fuerza escalonada de 23 días, que comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre, con cese de actividades rotativo por facultad y dependencia. “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, planteó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, quien adelantó que “saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.

La convocatoria llega horas después de que el Gobierno volviera a ofrecer en la paritaria docente universitaria solo el 3% que le exigió la Justicia, sin abrir una discusión salarial de fondo. Los gremios sostienen que la recomposición pendiente ronda el 35% para volver al poder adquisitivo de diciembre de 2023, mientras el Ejecutivo insiste en que ya cumplió con las actualizaciones exigidas judicialmente a partir del acuerdo parcial del 10 de junio.

El reclamo remite a un conflicto que el Gobierno arrastra desde 2024, cuando Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario tras la primera gran marcha federal educativa de su gestión. El veto se sostuvo un año, hasta que en octubre de 2025 el Senado insistió con la norma y la convirtió en ley pese al rechazo presidencial. Desde entonces, el reclamo universitario giró hacia un problema distinto: lograr que el Gobierno cumpla efectivamente con una ley que ya perdió en el Congreso, pero que sigue resistiendo en los hechos.

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso asigna $7,3 billones para las universidades nacionales, divididos en $6,3 billones para personal, funcionamiento y transferencias corrientes, y otros $1,02 billones para ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos. Los rectores, nucleados en el CIN, reclaman en cambio $11 billones, casi $4 billones más, con el argumento de que solo el gasto en personal —que estiman en $8,368 billones— ya supera lo que el Gobierno destina a todo el sistema universitario.