Cuál es el mecanismo de la DEA para cooptar jueces en la Argentina

Juan Manuel Olima Espel, actual secretario de Coordinación de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (ProcuNar), con la gorra de la DEA.

Julián Maradeo

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La DEA utiliza desde hace décadas las mismas herramientas tanto para cooptar jueces como para ganar la lealtad de policías y gendarmes. El sofisticado artefacto se compone de recursos, información y viajes al exterior.  

La DEA no necesita magistrados probos, necesita jueces que, por ejemplo,  ejecuten una entrega vigilada, y, de acuerdo con los intereses de la DEA,  dejen pasar embarques porque los va a recibir la organización que tienen infiltrada en algún lugar de Europa, o que les permitan construir una pared tal que sus informantes queden afuera del expediente penal, aunque hayan sido ellos los que instigaron el delito. El caso paradigmático de un informante instigando un delito es el de Julio César Pose, condenado en octubre de 2020. Tal como se explicó acá, Pose se convirtió en el primer informante reconocido oficialmente por la DEA condenado en Argentina como agente provocador del delito.  

A esto se suman ejemplos concretos de puerta giratoria hacia un lado y hacia el otro. Ex fiscales como Martín González del Solar que pasaron a ser abogados defensores de las patas locales de la DEA en la Argentina, o el caso de Luis Alberto Imás que luego de ser abogado del espía e informante de la DEA Julio César Pose se convirtió en juez de Cámara en el Tribunal Oral Penal Económico 3. 

La DEA fue consultada en varias oportunidades para esta nota, por vía formal e informal, sobre cada uno de los puntos que se desarrollarán. Sus representantes locales no respondieron. 

Dentro de su mapa del narcotráfico en Argentina, los agentes de la DEA tocan la puerta de todo juez federal tanto en provincias como en Ciudad de Buenos Aires. Pero su fuero favorito es el Penal Económico, donde, según diferentes fuentes, tienen abierto el despacho de Claudio Gutiérrez de la Cárcova, presidente de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. En suelo bonaerense, cada vez que un magistrado asume en las jurisdicciones de Lomas de Zamora, Zárate-Campana y San Isidro, claves por el aeropuerto de Ezeiza, el puerto y la Aduana, no tardará en recibir un llamado, el de la DEA.  

El procedimiento es más bien similar. La agencia se presenta ante los jueces argentinos a través de un tercero,  que oficia de tanteador. Ese otro puede ser alguno de los argentinos que trabajan en la Estación local de la DEA bajo el comando del ex policía bonaerense  Guillermo González, o por medio de un juez. Algunos magistrados son más enfáticos, incluso dejando a entrever una inquina personal que se capta en el tono burlón. El señalado es el titular de la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (ProcuNar), Diego Iglesias. 

Del otro lado del teléfono está un juez federal del Conurbano, visitado por la DEA en varias oportunidades: “Por lo general a los de la DEA te los manda (Diego) Iglesias o lo mandan a Iglesias. Él es un personero de la DEA cien por cien. Y ellos a él no lo tocan, es su capital”.

-¿Cómo demuestra una afirmación de esas características?

-Con ejemplos concretos: en la causa de (Mateo) Corvo Dolcet hay un tipo que tuvo pedido de captura internacional, y él lo ocultó para que no quede detenido porque tenía un acuerdo con la DEA. En la causa del juez de Corrientes (Carlos Soto Dávila) ocultó información. Ellos deciden quién queda y quién no para trabajar contra el narcotráfico en la frontera. Nunca vi a la Procunar diciéndole que no a la DEA en algo.

Diego Iglesias  ingresó como meritorio en 1994 en el juzgado de Instrucción porteño de Alberto Baños. A metros, como pinche también, trabajaba su amigo Juan Manuel Olima Espel, actual secretario de Coordinación de la Procuración. La cara de Olima Espel se hizo conocida cuando trascendió una foto suya con la gorra de la DEA en 2019.  A mediados de los noventa, Iglesias se sumó al equipo de Sergio Torres, quien al desembarcar en Comodoro Py como juez federal, en 2002, no tardó en convocarlo nuevamente. Allí, el actual integrante de la Suprema Corte Bonaerense se especializó en dos temas: derechos humanos y narcocriminalidad. La secretaría abocada al segundo quedó a cargo de Iglesias. La DEA se cruzó en el camino del fiscal en 2010, cuando un argentino que trabajaba para la mencionada agencia de control de drogas los salvó de un escollo: encontrar un laboratorio en EEUU que hiciera una pericia determinante sobre lo que era el paco.  

Nuevamente: la DEA construye a partir de la necesidad. Ahí reside su poder sobre los funcionarios y agentes judiciales argentinos. Esa formalidad crea vínculos que saltan la barrera inicial, llegando a tratar de imponer organismos estatales afines en causas de lavado de dinero, como la UIF en tiempos de Mariano Federici, o a qué fuerza de seguridad se debe dar lugar para que intervenga.  

Por esos intersticios se cuela la DEA y su sistema de infiltrados. El propio titular de la ProcuNar da un ejemplo. Uno de los focos de preocupación actualmente es el cartel brasileño Primer Comando de la Capital (PCC). Está tocando la puerta de Misiones, con amenazas concretas. La fragilidad otra vez como caldo de cultivo: con sorna, el equipo de Iglesias relata que cuando le solicitaron a la AFI un informe sobre las actividades del PCC, la devolución fue un trabajo sacado de Google. Entonces, otra vez a tocar la puerta de la DEA. 

¿Alguien sabe lo que es la DEA en Argentina? 

Esa  pregunta es la que Diego Iglesias, lanza a cada periodista que lo interroga sobre las acusaciones que señalan que la DEA maneja a gusto y placer la procuraduría especial contra la narcocriminalidad que él conduce. Más: que la DEA tiene absoluto dominio sobre puertos y fronteras, y que posee una legión de jueces y fiscales moviéndose al compás de sus intereses. Dando por sobreentendido el desconocimiento de sus interlocutores, Iglesias responde: son cinco personas. Va de suyo que para el fiscal la presencia de la DEA en el país está magnificada.  

Sin embargo, esa respuesta se sostiene sobre la base de un error que también cometen funcionarios como Sergio Berni, actual ministro de Seguridad bonaerense. Ambos arguyen que el poder de la DEA se apoya en el número, y no en la trama de relaciones diversas que alimenta y sostiene desde hace tres décadas en todo el mapa nacional e internacional. Esa red de lealtades políticas, judiciales y policiales le permite hacer caso omiso de los gobiernos de turno y su coyuntural mejor o peor relación con Estados Unidos.   

La irritación de Iglesias tiene un motivo de fondo: desde 2018, una fracción del mundo de los fiscales y algunos medios de comunicación afirman que sus actos están digitados por la agencia norteamericana. Una de las que más alto alzó la voz fue Mónica Cuñarro, titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 16 y especializada en narcotráfico. Para ella no caben dudas que la Procunar siguió la agenda trazada por la DEA. Sin embargo, distingue un elemento fundamental, y es que el problema no es la DEA, sino la fragilidad del sistema judicial local: “La DEA tiene su agenda. Como es una agencia internacional solo le preocupa, y está bien que así sea, qué es lo que va a Estados Unidos. Esa es su agenda, y la cumple. El problema no es la DEA, sino nuestras fuerzas federales que no tienen ninguna línea trazada al respecto”.

Iglesias, fiscal oriundo de Bahía Blanca contesta durante una entrevista telefónica:

-Si yo soy funcional a la DEA, la DEA es funcional a mí. A la DEA la uso, o me usa a mí, porque me aporta información de otras DEAs del mundo. No trabajo operativamente con la DEA bajo ningún concepto. 

Su propia respuesta se inserta en una pregunta más amplia: ¿qué estrategias utiliza el Departamento de Justicia de EEUU, bajo el cual se rige la DEA, para penetrar y cooptar lentamente las capas del Poder Judicial local? 

El martillo del Tío Sam

Los jueces y fiscales federales que rondan los 50 años apenas si tienen alguna referencia. Muchos, directamente, ni escucharon hablar sobre ella. Tiene un nombre medieval, pero es bien actual. La Orden del Martillo (ODM) fue durante casi 20 años la organización que articuló el vínculo entre el Departamento de Justicia estadounidense y los magistrados, camaristas y fiscales federales desparramados en distintas latitudes del país. Su formalización fue de tal grado que figura en currículums de centenares agentes judiciales. 

Mariano González Palazzo, quien falleció el 8 de octubre de 2020, fue el último presidente de la ODM. Hasta el último día de vida, integró la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Habitual asistente a los partidos de Boca, fue a la par presidente del Colegio de Abogados de la AFA. Allí, cultivó muy buena relación con Mauricio Macri, el presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans, y su esposa, la ex ministra de Justicia, Marcela Losardo. 

Charlé con González Palazzo (y las diferentes fuentes que se mencionan) bajo el marco de una investigación que ya lleva más de un año y medio. Será publicada en 2022 en un libro que cuenta la historia de la DEA en Argentina desde 1973 hasta el presente. 

-¿Cómo ingresó a la Orden del Martillo? 

-Fue luego de haber participado en una cátedra sobre narcotráfico y drogadependencia en la Universidad del Salvador. Hacíamos cursos en Estados Unidos. La Orden nace como convocatoria a todos aquellos jueces que habían sido invitados a Estados Unidos a hacer cursos. Al principio, era sobre administración y justicia. En Argentina, se estaba en pleno proceso de instaurar el juicio oral. Eran cursos que daba el Departamento de Justicia de EEUU.

-¿Quienes formaban parte?

-Me acuerdo de Fernando Archimbal, Martín Irurzun, Carlos Stornelli, Alberto Piotti, Raúl Pleé, Jorge Casanova, Servini de Cubría. También hicimos cursos con el FBI y procedimientos antidroga en Estados Unidos. 

Desaparecida la ODM, no se detuvo la expansión subcutánea, y no tanto, de los intereses del gobierno norteamericano en la estructura judicial argentina. Todo lo contrario: se complejizó. La asociación de jueces y fiscales pro Estados Unidos fue absorbida por la fundación Centro de Estudios Americanos (CEA), cuya diversidad de intereses supera a los de aquella. Justicia y negocios son platos que se sirven en la misma mesa. 

El CEA representa una estructura más potente y diversificada. Presidido por Luis María Savino,  en su sede porteña de calle Tucumán al 1500, agasajan a cada embajador norteamericano que desembarca en el país. Nada muy diferente a lo que ocurre el 4 de julio en la Embajada, solo que con mucha menos notoriedad pública. 

La gala, la exclusividad palaciega, los gestos diplomáticos, la sonrisa acartonada ante el flash y la pompa apenas si son la carta de presentación. Ahí se cuecen vínculos. 

En los últimos años, un aspecto tomó relieve entre diplomáticos con los sentidos aguzados. El Departamento de Justicia armó en la Embajada un equipo, comandado por Andrés Camacho, que antes no existía, ya que estaba más enfocado en todo lo relacionado con la misión militar. Ellos son quienes llevan adelante toda interacción entre las agencias norteamericanas y sus contrapartes locales. Son movimientos que de vez en cuando brotan en la superficie. Es ahí, solo ahí, cuando existe la posibilidad de aprehender al menos la punta del iceberg respecto de la injerencia sistémica que tienen agencias como la DEA en el sistema político-judicial argentino.

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