Una nueva medida cautelar le ordena a la Armada no mover su Archivo General
La Armada no podrá mover su Archivo General desde su actual sede hasta el denominado Garage Central de la fuerza. Así lo dispuso una medida de no innovar dictada en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad que busca de esa manera preservar la documentación que pueda servir en causas sobre los crímenes cometidos en la última dictadura militar.
La medida, dictada por el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ocurre en medio de la avanzada del Gobierno nacional contra organismos de derechos humanos, como el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) –anunciado por el ministro de Defensa, Luis Petri– o la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.
El juez ordenó ahora una medida cautelar de no innovar, esto es que prohibe la alteración de documentación existente en el ámbito del Archivo General de la Armada, y frena su traslado desde la calle Bolívar 1622, en la Ciudad de Buenos Aires, al denominado Garage Central.
Esta medida se suma a otra dictada el 31 de enero pasado por la jueza federal de San Martín Alicia Vence para evitar que la Armada pueda “modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y, así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir --ya sea total o parcialmente--dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad”.
Kreplak ordenó la cautelar a pedido del fiscal general de Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin en una causa que investiga violaciones a los derechos humanos en Berisso y Ensenada, cometidas en el ámbito de la Fuerza de Tareas N°5 de la Armada, integrada también por la Prefectura Naval. Los fiscales pidieron la medida ante el anuncio de la Armada de que se trasladaría el archivo.
En una nota firmada por el capitán de Navío Jorge Javier Raimondo, de la Secretaría General de la Armada, del pasado 9 de enero, se anunció que a partir de esa fecha se iniciaría “la depuración/selección de la documentación existente en el Archivo General de la Armada, conforme las normas establecidas en la Administración Pública Nacional” y que a partir del 10 de febrero se efectuaría solo el “el traslado del mobiliario y los archivos que estén vigentes en los lugares asignados del Taller Central”. Agregaba que el “resto de los documentos quedarán en su lugar actual para su trituración y, si amerita, su digitalización por razones históricas/conveniencia de su preservación”.
Para los fiscales, resulta “imperioso que se ordene la prohibición de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios sobre el conjunto de documentación archivada y/o preservada en el Archivo General de la Armada, organismo dependiente del Ministerio de Defensa del Estado Nacional. El propósito de la medida es asegurar y preservar su contenido de manera íntegra, dado que constituye una fuente de consulta y de acceso a material probatorio de trascendencia mayúscula para investigaciones –en curso y futuras– por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”.
Al dictar la medida, el magistrado destacó que en la zona portuaria de Berisso y Ensenada “funcionaron diversos centros clandestinos de detención en los edificios de la exBase Naval, la Escuela Naval, el Liceo Naval, el Batallón de Infantería de Marina N°3 'Almirante Eleazar Videla', la delegación de Prefectura Naval Argentina y el Hospital Naval 'Río Santiago'”. Allí se registró una “intensa actividad represiva” que hizo “particular foco en los trabajadores y trabajadoras del polo portuario y fabril de Berisso y Ensenada, así como en sus dirigentes gremiales”.
En otro tramo de su dictamen, Kreplak alertó sobre “el hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, privadas de su libertad personal, permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores, desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de las pesquisas”.
Del mismo modo que Kreplak, la jueza Vence consideró que “los documentos resguardados en el Archivo General de la Armada resultan ser de un valor histórico inconmensurable para nuestro país y, fundamentalmente, para las investigaciones que se sustancian no solo en este sumario que dirijo”. La medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto y el fiscal Miguel Blanco García Ordás
El pasado 28 de enero, la asociación de Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA) denunció la intención de la Armada de mover el Archivo y señaló que “allí se almacenan más de 8 kilómetros lineales de documentación, entre los cuales se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial”.
El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.
En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales.
MG
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