La oposición recibe a los excombatientes que perdieron en la Corte y el Gobierno defiende su proyecto de Soberanía

La palabra soberanía tendrá este miércoles dos escenas en la Cámara de Diputados, separadas por apenas una hora. Desde las 11, legisladores de Unión por la Patria se reúnen con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, la organización que llevó a la Justicia la derogación de la Ley de Tierras Rurales. A las 12, un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto abre el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una de las iniciativas que el Gobierno más quiere aprobar este año y que crea el polémica Consejo de Seguridad Nacional.

La reunión con los excombatientes se organizó después del fallo que la Corte Suprema dio a conocer el martes. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley 26.737. Los jueces no se pronunciaron sobre la validez del decreto. Sostuvieron que el CECIM no tenía legitimación para litigar y que la soberanía territorial no es “un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución”. En la práctica, quedan sin efecto los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.

En la convocatoria, el bloque que conduce Germán Martínez calificó la decisión como “escandalosa” y la atribuyó a “la Corte Suprema de Milei”. También remarcó que el encuentro con el CECIM se hace “minutos antes de que comience el debate de la 'Ley de Soberanía'” y horas después de un fallo que “le negó legitimidad procesal” a los excombatientes. El CECIM ya había respondido con una frase que la oposición repitió durante todo el martes: “Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal”. Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras, dijo a elDiarioAR que la Corte usó “un artilugio procesal” para no tratar el fondo. “Sin decirlo, están habilitando directamente la extranjerización de la tierra”, afirmó.

Como la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad, la oposición volvió a mirar al Congreso. El Senado rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024, y según la Ley 26.122 alcanza con que Diputados haga lo mismo, por mayoría simple, para que el decreto quede derogado. El obstáculo fue siempre el quórum: en casi tres años no se lograron reunir 129 diputados en una sesión con ese temario. Tras el fallo, el socialista Esteban Paulón pidió convocar “con urgencia” a una sesión especial; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, recordó que “se necesitan diez firmas” para pedirla, y el senador Mariano Recalde advirtió que “si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”. La oposición busca ahora reunir los votos.

Lo que está en juego excede la Ley de Tierras. Si Diputados rechaza el decreto, pierden sustento todas las disposiciones que no fueron ratificadas ni reemplazadas por leyes posteriores. Entre ellas están la derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el régimen de Compre Nacional; la derogación de la Ley de Alquileres, que habilitó contratos con plazo, moneda y actualización libres; la orden de transformar las sociedades del Estado en sociedades anónimas; y la desregulación de prepagas y obras sociales, que eliminó el control sobre los aumentos de las cuotas. También caerían la apertura del mercado aerocomercial, los cambios en los regímenes de economías regionales como la yerba mate y el vino, la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas y modificaciones en telecomunicaciones, registro automotor, turismo y el Código Aduanero.

La soberanía según Milei

Mientras tanto, el oficialismo pone en marcha su propia agenda de soberanía. El proyecto que Milei envió a Diputados a mediados de septiembre endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y los espacios marítimos circundantes, con penas de hasta 20 años de prisión, y amplía el alcance de la Ley 26.659. Además, crea un polémico Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado, un registro público de infractores, restricciones al financiamiento político extranjero y nuevos delitos vinculados a la inteligencia. También habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior frente a amenazas externas.

Para la primera reunión informativa, según la convocatoria firmada por el secretario de la comisión de Defensa, fueron invitados la secretaria Legal y Técnica, Paula Taddei; el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija; y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general Jorge Puebla. El plenario lo encabeza el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata. El oficialismo pretende firmar dictamen el 6 de octubre y llevar el proyecto al recinto al día siguiente.

La oposición ya adelantó sus objeciones. Agustín Rossi advirtió que “Malvinas no puede ser el caballo de Troya para cambiar todo el sistema de seguridad, defensa e inteligencia”, y Santiago Cafiero cuestionó que se mezclen en una sola ley las sanciones por Malvinas, la reforma de la Defensa y cambios en el Código Penal. El proyecto se ocupa de los recursos de las islas y el Atlántico Sur, pero no dice nada sobre la propiedad de la tierra en el territorio continental, que desde este martes vuelve a estar abierta sin topes al capital extranjero. Esa es la tensión que la oposición buscará explotar: el Gobierno pide herramientas para defender la soberanía en el Atlántico Sur mientras sostiene por decreto la eliminación de los límites que la Ley de Tierras fijaba en nombre de esa misma soberanía.