El Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expondrán este miércoles 19 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ratificar la denuncia contra el gobierno de Javier Milei por lo que describen como una política “sistemática y planificada” de hostigamiento hacia periodistas y trabajadores de prensa. La audiencia se realizará a las 18.15 (hora argentina) en la Universidad de Miami, en el marco del 194° Período de Sesiones del organismo internacional.
La presentación forma parte de una acción conjunta que nuclea a organismos de derechos humanos, sindicatos y entidades profesionales. Amnistía Internacional Argentina, el CELS, SiPreBA, ARGRA y FOPEA, entre otras organizaciones, unificaron sus reclamos ante la CIDH para denunciar un escenario creciente de restricciones, violencias y persecuciones sobre quienes desarrollan tareas periodísticas. Por parte del gremio de prensa, participará Francisco “Paco” Rabini, secretario adjunto electo de SiPreBA y tesorero de FATPREN, quien tomará la palabra ante la comisión junto a representantes de los demás colectivos.
“Uno de los ejes de las políticas del gobierno de Milei es impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo, que es cubrir hechos noticiosos, informar, preguntar. Eso es un ataque directo a la libertad de expresión y de prensa”, sostuvo Rabini. El dirigente advirtió además sobre las consecuencias concretas de ese escenario: desde la violencia digital y la represión en manifestaciones hasta casos extremos como el del fotógrafo Pablo Grillo, que quedó al borde de la muerte tras recibir un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría una protesta.
Las organizaciones también denunciarán ante la CIDH una serie de medidas estructurales que, según afirman, profundizan la afectación del derecho a la información y la pluralidad de voces. Entre ellas mencionan el vaciamiento de los medios públicos, el intento de cierre de la agencia Télam, la intervención prolongada del ENACOM, la paralización de los fondos FOMECA y la inacción de la Defensoría del Público. Estas acciones, señalan, forman parte de un mismo patrón de debilitamiento del sistema de medios y del trabajo periodístico.
A este contexto se suma la ofensiva judicial: en el último año, el presidente Milei denunció al menos a ocho periodistas por calumnias e injurias -Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Nicolás Lantos, Ari Lijalad y Julia Mengolini- mientras que su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, inició demandas contra Nancy Pazos y Darío Villarruel. “En las movilizaciones y protestas hubo más de cien periodistas y trabajadores de prensa heridos o detenidos”, agregó el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, quien recordó los casos de los reporteros gráficos Leandro Cruzado, Tomás Cuesta y Javier Iglesias. La audiencia ante la CIDH buscará dejar asentada esta situación y exigir la intervención del organismo para frenar lo que las entidades describen como un deterioro acelerado de la libertad de prensa en el país.
CRM