La Universidad de Buenos Aires pasará a funcionar "en estado crítico para terminar el año”, así lo anunció este jueves el rector, Ricardo Gelpi, luego de conocerse el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo.
De acuerdo a Gelpi, “la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina” y “con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, advirtió.
Tras la confirmación vía Boletín Oficial del veto a la Ley de Financiamiento Educativo –que sancionó el Senado el 22 de agosto pasado con 58 votos afirmativos y 10 negativos–, las autoridades de las universidades nacionales, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), brindaron este jueves una conferencia de prensa para reclamar por el futuro de la educación, la salud y la ciencia y pedirle al Congreso “que sostenga esta ley”.
Para el rector de la UBA, “sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo posible, no hay futuro para el país”. “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión”, detalló el catedrático.
En su discurso frente a los medios, el rrector de la UBA apeló a “la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la ley de financiamiento de la educación universitaria y la composición del salario docente y no docente”.
Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, dijo que los miembros de las comunidades educativas estaban “muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que se pudiera recapacitar en un contexto tan delicado del país”, reflexionó.
Según la autoridad de la universidad rosarina, “el Presidente de la Nación tenía la oportunidad de corregir errores, de promulgar una ley que para su aplicación requería una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y sin comprometer al Estado garantizaba condiciones mínimas para llegar a fin de año funcionando con normalidad. Necesitamos que el Congreso sostenga esta ley”, pidió.
La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Consejo Superior del Rectorado de la UBA y estuvo encabezada por su máxima autoridad, Ricardo Gelpi; el presidente del CIN, Oscar Alpa; y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci.
El reclamo de las universidades nacionales
A fines de agosto, en la provincia de Santa Fe, en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las rectoras y los rectores de las universidades nacionales manifestaron, ante la posibilidad de un veto presidencial de la Ley N° 27.795 (que se confirmó en la madrugada de este jueves), “aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma”.
Los fundamentos del rechazo al veto presidencial
- Dicha ley garantiza el funcionamiento mínimo del sistema universitario durante el 2025 y es absolutamente falso que provoque desequilibrios fiscales. Por el contrario, asegura la continuidad de una política pública esencial para la educación superior y para la sociedad argentina en su conjunto.
- El millón de firmas que acompañamos en la Cámara de Diputados refleja, claramente, lo que nuestra sociedad espera del gobierno nacional: el reconocimiento del derecho a una educación pública de calidad y el compromiso del Estado con su financiamiento.
- Hace más de dos años, en esta misma ciudad de Rosario, antes de las elecciones nacionales, advertimos sobre la necesidad de consolidar y proteger al sistema universitario público. Hoy reiteramos aquellas convicciones.
- La educación pública constituye uno de los pilares fundamentales de la identidad de nuestra nación. Desde los primeros pasos de la Argentina independiente, surgieron escuelas públicas para difundir la educación y fortalecer la identidad nacional. Reafirmamos que:
- “La educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por políticas públicas. La educación no puede ser un negocio para pocos. La educación forma mujeres y hombres en valores democráticos y universales, preparándolos para su inserción en el sistema productivo y en el tejido social, para contribuir al desarrollo y al crecimiento inclusivo de nuestra nación.”
- Por eso ratificamos que “este sistema es fruto del esfuerzo de la Argentina, construido por generaciones de jóvenes y adultos mayores, con la convicción de que el estudio, el esfuerzo y la educación son una herramienta de transformación y de inclusión, un canal de movilidad social ascendente que mejora a las personas y, fundamentalmente, a la sociedad”.
- En consecuencia, exigimos a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación la inmediata puesta en funcionamiento de la Ley N° 27.795, Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, herramienta indispensable para evitar un mayor deterioro del sistema universitario público argentino y, en definitiva, para no comprometer el futuro de nuestro país.