La polémica reforma de la Policía Federal que implementó Patricia Bullrich para habilitar a los agentes a hacer requisas callejeras sin orden judicial o ciberpatrullaje llegó al Congreso. Pero no lo hizo porque la ministra haya enviado la iniciativa para darle aval legislativo, sino porque justamente su decreto se salteó ese poder del Estado y la oposición cree que las medidas son inconstitucionales. Al coro de cuestionamientos se suma que hoy trascendió un primer pedido de amparo en la Justicia para dejar sin efecto los cambios en el funcionamiento policial, así como que está en curso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la Cámara de Diputados ingresó este jueves un pedido de nulidad del decreto 383 publicado el martes pasado con la firma de Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La iniciativa la promueven los diputados socialistas por Santa Fe Esteban Paulón y Mónica Fein. Entienden que es inconstitucional, entre otros puntos, porque el Congreso no delegó facultades al Gobierno en materia de seguridad, además de que se violan derechos fundamentales por aumentar la discrecionalidad policial.
El anexo al decreto de Bullrich es el que dejó por escrito las nuevas facultades de la PFA dándole la posibilidad a sus agentes de realizar requisas sin orden de un magistrado a partir de una serie de “supuestos” arbitrarios, como la presunción por parte del efectivo policial de que “se ocultan cosas relacionadas con un delito”, la existencia de “peligro cierto de que desaparezcan pruebas que se intentan incautar”, o en el marco de “operativos de prevención” en lugares públicos. Además dispone que la fuerza acceda a “información y bases de datos públicas” e incluso “solicitar el acceso a bases privadas” si lo considera “justificado” sin un permiso judicial.
El Gobierno avanzó en su temeraria reforma con la excusa de que el Estatuto de la Policía Federal databa de 1958. El martes mismo Javier Milei presentó con la ministra la “modernización” de la PFA y buscó caracterizarla como la “FBI argentina”. Ayer el vocero Manuel Adorni atajó las preguntas al respecto en su conferencia de prensa y dijo que si hay críticas que “vayan a la Justicia”.
Justamente este jueves se supo que se presentó un amparo para frenar el decreto. Y el CELS, según pudo confirmar elDiarioAR, está trabajando en una presentación que hará la semana que viene en la Corte Interamericana de DDHH en el marco de la causa Bulacio. En 2003 el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la detención arbitraria y la muerte de Walter Bulacio el 26 de abril de 1991, apresado en una razzia de la Policía Federal a la salida de un recital de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Sin embargo desde entonces nunca se asumió el compromiso de modificar las leyes sobre facultades policiales de detención de todas las provincias del país, especialmente cuando se trata de menores de 18 años de edad, y armar una mesa de consulta federal que incluyera a miembros de la sociedad civil.
El CELS cuestionó en un comunicado que la reforma de la PFA se haya hecho sin pasar por el Congreso y apuntó: “La falta de claridad sobre algunos de los cambios normativos permite la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales”. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunciaron que el decreto de Bullrich “le otorga facultades amplísimas para realizar detenciones, allanamientos, requisas personales y de vehículos discrecionales, realizar tareas de espionaje y ‘esgrimir ostensiblemente sus armas’, además de definir su función no ya como garante de bienes y personas privadas o públicas, sino como ejecutora de las políticas de ‘seguridad nacional’”.
El diputado Paulón en su presentación de nulidad del decreto 383 sostiene que la Ley de Bases no habilita al Ejecutivo a legislar sobre seguridad pública, ni contiene declaración de emergencia en esa área. Por lo tanto, el decreto viola el artículo 76 de la Constitución Nacional, que exige que toda delegación legislativa sea expresa, limitada y con base en una emergencia claramente determinada.
El diputado argumentó además que el decreto implica un avance autoritario del Ejecutivo y es violatorio de derechos fundamentales. “Habilitar a la fuerza a realizar requisas y detenciones sin orden ni control judicial alguno, (...) tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales, tales como redes sociales abiertas, afecta derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión”, dice el planteo.
A su vez, sostiene que el Ejecutivo contradice sus propios compromisos y omite el debate democrático que exige una reforma de esta magnitud. El proyecto recuerda que la ministra Bullrich había prometido presentar una reforma de la PFA al Congreso y que incluso reconoció públicamente la necesidad de una transformación institucional bajo debate legislativo. En sus redes Paulón reveló el momento exacto en que Bullrich, el 10 de enero de 2024, ante una comisión de la Cámara baja que discutía la primera versión de la Ley Bases, se comprometía a que cualquier reforma policial pasaría por el Congreso. “La reforma la traeremos al Congreso en su debido momento”, dijo entonces la ministra, hecho que no cumplió. “El ‘respeto a la ley’, te lo debo”, concluyó Paulón.
MC