El Gobierno avanza con la ley de armas mientras advierten por un aumento en la circulación durante la gestión de Milei
El Senado avanzó con el proyecto de regularización de armas de fuego impulsado por el oficialismo, una iniciativa que el Gobierno de Javier Milei presenta como un intento de “ordenar” un universo ya existente. Sin embargo, los propios datos oficiales y los relevamientos independientes abren una pregunta incómoda: ¿se trata de una política de control o de una expansión encubierta del acceso a armas?
El dictamen, firmado en plenario de comisiones con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y aliados provinciales, retoma un texto que ya cuenta con media sanción de Diputados desde octubre de 2024. La propuesta combina dos ejes: por un lado, un régimen de regularización para quienes poseen armas no registradas, con un plazo de 360 días para presentarse; y, por otro, la prórroga del programa de entrega voluntaria, anónima y con incentivo económico hasta fines de 2027.
La defensa del proyecto estuvo a cargo del director del Registro Nacional de Armas, Juan Pablo Allan, quien puso sobre la mesa una cifra contundente: cerca de 800 mil armas estarían en situación irregular. El funcionario detalló que hay más de 595 mil armas en manos de usuarios con credenciales vencidas y otras 355 mil en situación regular. Bajo esa lógica, el objetivo del oficialismo sería “sacar de la oscuridad” ese stock y llevarlo al circuito formal.
Pero el problema es que ese diagnóstico convive con otra realidad que el propio Estado reconoce (aunque de manera fragmentaria): el mercado legal de armas ya está en expansión.
Las armas en Argentina, en números
Según datos oficiales procesados en un informe reciente del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), entre 2023 y 2025 la cantidad de armas registradas creció un 41,9%. En paralelo, las importaciones se triplicaron en ese mismo período y las tenencias autorizadas aumentaron más de un 20%. Es decir, incluso antes de cualquier “blanqueo”, el acceso legal ya venía en alza.
El dato más inquietante, sin embargo, aparece en las autorizaciones de portación. De cifras marginales durante años (6 en 2022 y 7 en 2023), se pasó a 1.230 en 2024 y a 17.500 en 2025. El salto es tan abrupto que ni siquiera, según el informe al que accedió elDiarioAR, los propios registros oficiales logran explicarlo con claridad.
En ese contexto, la idea de que el proyecto se limita a regularizar lo existente pierde fuerza. Más aún cuando otro indicador clave, como lo es la cantidad de nuevos usuarios, se mantiene relativamente estable. No hay una explosión de demanda que justifique el crecimiento del resto de las variables.
La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: si no hay muchos más usuarios, ¿por qué hay muchas más armas?
El oficialismo ensaya una respuesta apoyada en la modernización del sistema. Allan destacó la digitalización de trámites, la posibilidad de gestionar permisos en armerías y la eliminación de “barreras burocráticas innecesarias”. También mencionó mecanismos de control sobre compras masivas y desvíos hacia el delito. En paralelo, Patricia Bullrich vinculó la iniciativa con la necesidad de prevenir hechos de violencia, en particular en escuelas, en medio de una serie de amenazas recientes a lo largo y ancho del país y que tiene como triste antecedente lo sucedido en el colegio de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno entró con una escopeta y asesinó a Ian Cabrera, de 13 años.
Sin embargo, el propio informe advierte sobre otro fenómeno que tensiona ese argumento: el desvío de armas legales hacia el mercado ilegal. En los últimos años, se registran en promedio ocho denuncias diarias por armas robadas o extraviadas. Y dentro de ese universo, los casos vinculados a usuarios individuales crecieron más de un 40% en 2025.
Cada una de esas armas representa una pérdida de control estatal. Y, potencialmente, un ingreso al circuito ilegal.
Así, el proyecto queda atrapado en una contradicción de base. Mientras promete ordenar, se despliega en un contexto donde la circulación ya se está ampliando. Mientras habla de control, convive con datos que muestran inconsistencias y vacíos de información. Y mientras plantea combatir la ilegalidad, reconoce de manera implícita que el propio sistema formal puede ser una de sus fuentes.
A eso se suma un problema estructural: desde 2023 el Estado dejó de publicar estadísticas completas sobre armas de fuego. Los datos disponibles surgen de pedidos de acceso a la información y, aun así, llegan incompletos. No hay cifras acumuladas de armas ni de usuarios al cierre de 2025, y algunos registros presentan inconsistencias metodológicas.
En ese marco, el Congreso se encamina a debatir una ley clave con información parcial y en un escenario que, lejos de estabilizarse, parece estar en movimiento.
JIB
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