Adorni aún debe rendir explicaciones, mientras la evasión sigue siendo un delito de los más ricos

No basta con que Manuel Adorni haya confesado haber sido un evasor porque total los evasores son “héroes” y los impuestos son un “robo”, según el presidente Javier Milei, y “ahorramos en negro como la mayoría de los argentinos”, como sostuvo el propio jefe de Gabinete. Por más que se haya adherido al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que creó la ley de inocencia fiscal, el contador recibido en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), devenido periodista, tendría que ofrecer explicaciones, no ante un programa de televisión, sino ante la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF, de lucha contra el lavado de dinero) sobre el origen de los fondos antes ocultos y ahora declarados.

“Adorni no está exento de investigaciones rectificativas de ARCA y mucho menos de la UIF”, sostiene el abogado y master en finanzas Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). “Los dos organismos tienen, incluso en el marco de la ley de inocencia, obligación de investigarlo”, añade. Otro experto que fue alto directivo de fiscalizaciones de la antecesora de la ARCA, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), coincide en que están obligados, pero advierte que “si no le preguntan, Adorni zafa de dar explicaciones”.

¿Pero por qué ARCA preguntaría si está encabezada por otro adherente al régimen simplificado de Ganancias que está investigado por la Justicia por su patrimonio, Andrés Vázquez? “Más allá de lo que haya hecho Vázquez, este mismo gobierno tiene la obligación de investigarlo por las funciones de ARCA y UIF previstas en sus marcos normativos. El debate es la distinción entre el ámbito de recaudación tributaria, si pagó o no impuestos, y el propio de la investigación por el origen ilícito de fondos que no tienen un ingreso en una actividad identificada de manera clara”, argumenta Biscay, exdirector del Banco Central entre 2014 y 2017, cuando fue removido por el entonces jefe de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, otro adherido al régimen de inocencia fiscal, aunque sin cuestionamientos por su patrimonio. Al ministro de Desregulación sólo le iniciaron una demanda por los contratos de su esposa, María Josefina Rouillet, para enseñar inglés en la Cancillería. Nadie lo denunció por su obsesión por que se importen vacunas antiaftosa.

“Si ARCA detectara una diferencia mayor al 15% entre lo que declara el contribuyente y lo que ellos suponen a partir de los controles automáticos propios y de la UIF en operaciones significativas como inmobiliarias y bancarias, se caerían los beneficios de la inocencia fiscal”, explica el contador Jorge Gebhardt, de estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. Otro colega suyo de la City porteña agrega que, pese a la ley tributaria vigente desde enero último, la unidad antilavado sigue teniendo la obligación de controlar el origen de los fondos.

Las declaraciones de Adorni sobre sus ahorros evadidos provocaron irritación en más de un ciudadano. Primero, porque siete de cada diez argentinos ni siquiera llegan a ahorrar, según diversas encuestas como las de Brain Network y Quiddity. Segundo, porque no todos los que ahorran lo hacen sin tributar. El contador Arnaud Iribarne reconoce que tiene clientes que buscan pagar lo mínimo posible, unos no tienen forma de evadir y otros quieren cumplir con todo: “Unos porque trabajan en multinacionales que no quieren problemas y otros porque te dicen que quién pagará las tizas de las escuelas”.

No es que en los blanqueos de capitales previos a la nueva ley de blanqueo permanente se adhirieran millones de argentinos: 254.000 en 2016/2017 y 278.000 en 2024. A la ley de inocencia fiscal –que fue votada por LLA, PRO y la mayoría de la UCR, y los partidos provinciales– se sumaron unos 94.000.

“Evadir impuestos es un delito penal y los funcionarios zafan porque por primera vez la ley de inocencia fiscal los habilita a ingresar al blanqueo. Es bochornoso”, advierte la exjefa de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. En la actualidad, quien evade más de $100 millones en un año puede ir a la cárcel. Es decir, cualquiera puede evadir, pero sólo la gente con plata puede convertir esa práctica en delito. Delincuentes son los que evaden mucho. Pero sólo unos pocos famosos terminaron tras las rejas por no pagar impuestos en la historia argentina: apenas el carnicero Alberto Samid, el valijero Leonardo Fariña y el fallecido peluquero Roberto Giordano quien cumplió arresto domiciliario. Sin la amnistía fiscal que votaron los libertarios, quizás Adorni también podría haberse mudado del country Indio Cuá a la prisión, dado que acumuló US$506.000 sin tributar un peso. Siempre con el argumento de que el dinero se lo roban los“kukas”.

“Este gobierno y la ley de inocencia fiscal tienen una visión totalmente pro evasor”, lamenta otro exjefe de AFIP que se define “hastiado de cómo funcionarios y contadores le ocultan la verdad a los contribuyentes de que cada vez que compran algo en el supermercado pagan los impuestos indirectos sin chistar”. El 31% de la recaudación de 2025 provino del IVA, el gravamen que más plata recolecta, que pagan por igual ricos, clase media y pobres pero que pesa más en el bolsillo de estos últimos y menos en el de los primeros. “La nueva ley es un blanqueo encubierto a costo cero nunca visto en nuestro país”, continúa el exjefe de AFIP. “Una justificación totalmente mentirosa se basa en que los ciudadanos no podían comprar dólares y entonces iban a las cuevas y operaban en negro. La pregunta real no es por las compras en dólares en negro, también existían mecánicas para comprar en blanco con cupos mensuales y con dólares MEP y contado con liqui, si no cómo obtuvieron los pesos para ahorrar en dólares –criptomonedas en el caso de Adorni–. Y la respuesta es clara: no facturaron nunca sus ingresos por ventas, honorarios u otros conceptos. En mi país eso se llama evasión fiscal y muy probablemente lavado de activos ya que tuvieron que tener algún vehículo para blanquear ingresos de pesos no declarados”, agrega el antiguo recaudador indignado.

Aquel que evade contribuye al desequilibrio fiscal y, de ese modo, a la inflación. Es cierto que ha habido y hay corrupción en el Estado, desde antes del kirchnerismo, durante la era K y presuntamente hasta en las compras libertarias de medicamentos para discapacitados, pero también funciones básicas que requieren los ciudadanos. Entre la inocencia fiscal, el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de Súper RIGI, ¿quién sostendrá esos servicios esenciales como educación, salud, seguridad, rutas, trenes, urbanización de barrios populares, control ambiental o apoyo a sectores económicos con potencial o personas vulnerables que prestan Nación, provincias y municipios?

No hay que ser un “zurdo de mierda”, como descalificaría Milei, para sostener que el robo no son los impuestos sino la evasión. Tampoco hay que ser de derecha para oponerse al malgasto del dinero público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el club de países ricos al que se han unido otros como Chile, Colombia, Costa Rica y México) se ha comprometido en la lucha contra el fraude impositivo porque reduce la capacidad de financiar educación, salud, infraestructura y protección social y obliga a recortes y endeudamiento. Se podría agregar que también impulsa a algunos gobiernos a la emisión monetaria inflacionaria. Cuando un ciudadano evade para costear su implante capilar, frecuentes vacaciones de lujo, compras de departamentos y casas de fines de semana y su remodelación, le está quitando medicamentos oncológicos a un paciente, transporte a una persona con discapacidad, salario a un docente de escuela o universidad, jubilación a un anciano o infraestructura clave para impulsar el crecimiento económico.

Pero la OCDE también critica la evasión porque deriva en una competencia desleal entre empresas e individuos que tributan o no y rivalizan por el mismo mercado. Este fenómeno desalienta la innovación. Reprocha que provoque inequidad: los que más tienen suelen contar con estrategias financieras para pagar menos impuestos, cuya función justamente debería ser redistributiva. El organismo además apunta que la evasión facilita otras actividades ilícitas como el lavado, la corrupción y la economía informal. Además deteriora la confianza en las instituciones y genera efecto contagio.

“Todo esto erosiona la relación fisco-contribuyente, evadir es un robo a la comunidad”, opina Iribarne. Antes de la ley de inocencia fiscal, los autónomos y empleados que tributan Ganancias debía declarar cada año cuánto cobraban, sus gastos deducibles del impuesto, sus consumos personales y su evolución patrimonial. A los que se adhieren al nuevo régimen ARCA sólo les revisa facturación y gastos, pero puede consultar por los bienes si observa alguna inconsistencia y la UIF debe seguir auditando el origen del dinero.

Pese a que han sido los bancos uno de los que más trabas han puesto a los blanqueadores de la inocencia fiscal al preguntarles por la procedencia de los fondos, como parte de las exigencias antilavado, en el cóctel de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) este miércoles por el Día del Periodista reinaba el entusiasmo entre muchos banqueros por el rumbo económico. Ese mismo día, la calificadora de riesgo crediticio S&P subió la nota a la deuda argentina y el riesgo país bajó este jueves a 443 puntos básicos, el menor nivel en ocho años, lo que acerca a la Argentina a la auspiciosa posibilidad de refinanciar deuda en el mercado internacional. Al mismo tiempo, el Instituto de Estadística (Indec) informaba una baja de la inflación al 2,1% en mayo. Si el dólar se mantiene quieto, la merma del índice de precios podrá continuar.

“No se puede dejar pasar esta oportunidad”, sostenía uno de los banqueros en un sentimiento compartido de defensa de las reformas liberalizadoras de Milei. Eso sí, hay algunos que cuestionan la política, la corrupción y la violencia verbal del Presidente. “No podemos volver al pasado, con gente que quiere reestructurar la deuda o reestatizar empresas”, sostenía otro. ¿Por quién lo dice?, preguntó elDiarioAR. “Por (Axel) Kicillof”, respondió. Pero si no lo dijo, volvió a cuestionar este cronista. “Pero tampoco dijo que no lo haría. Hay que ver si lo dice y si lo dice, si le creemos”, contestó. Entre los presentes estaban el presidente de Adeba, Javier Bolzico; los dueños del Banco Galicia, Eduardo Escasany, del Macro, Jorge Brito, del Comafi, Guillermo Cerviño, del Banco de Valores, Juan Nápoli, del Superviell, Patricio Supervielle, además de ejecutivos de esas entidades y de otras como Ualá, CMF y Banco de San Juan (grupo Eskenazi).

Brito, expresidente de River, esquivó las preguntas de si también quiere presidir la Argentina o si al menos está armando una alternativa a Milei y Kicillof. Pero en sus filas reconocen que si la economía no comienza a recuperarse y continúan los errores propios del Gobierno, como el caso Adorni, entonces habrá margen para otra opción. El dueño del Macro venía de reunirse en Jujuy -el banco es fuerte en el Norte- con el sindicalista Carlos “El Perro” Santillán, a quien conoce desde la crisis de 2001. Discutieron sobre el impacto ambiental del litio. A Brito le parece que no hay que ser de izquierda para defender el medio ambiente ni de derecha para sostener un equilibrio fiscal con menos impuestos. Hay colegas suyos que se preguntan si el pueblo está preparado para votar a un banquero, más allá de que el arquitecto del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, lo haya soñado como candidato presidencial outsider. Brito tiene reparos con este gobierno, pero se quedó con el 26% de la privatización de Transener, la mayor transportista eléctrica del país, en sociedad con Edison, donde además de los Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo- están exejecutivos del Macro, Carlos Giovanelli y Damian Pozzoli.

Pero mientras finanzas, campo, minería, Vaca Muerta y negocios digitales caminan, los sectores que más empleo generan, comercio, industria y construcción siguen con dudas sobre cuándo se recuperarán. En la Unión Industrial Argentina (UIA) las grandes empresas se ilusionan con fin de año, pero las pymes piden que se declare una emergencia. En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), este lunes se celebró la 71ma convención anual y por primera vez en la historia ningún funcionario del gobierno nacional se hizo presente. En 2024 había ido el ministro de Economía, Luis Caputo, pero se enojó porque el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, le advirtió por la paralización de la obra pública. El freno continúa, las deudas por proyectos pasados siguen sin pagarse.

El Gobierno impulsa concesiones de rutas con peaje en un cuarto de la red vial, hay múltiples ofertas pero la enorme competencia lleva a que se propongan tarifas tan bajas que difícilmente sostengan el mantenimiento. La construcción de viviendas no repunta sin crédito hipotecario. Y la licitación de los trenes dividió tanto la operatoria que provoca dudas entre los pretendientes. En la disputa por el Belgrano Cargas, el Grupo México quiere morderle negocio a la minera británico Rio Tinto y a un conglomerado de las cerealeras (Cargill, Bunge, Dreyfus, Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, y Aceitera General Deheza, AGD) y para eso ha afinado su lobby entre los funcionarios. Veremos quién gana.

AR/MG