La escena puede repetirse: el Congreso avanzando en dirección contraria al Poder Ejecutivo. Y con la misma fuerza. El Senado debatirá este jueves desde las 11 un extenso temario que incluye el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica por la situación del Hospital Garrahan, y una serie de decretos delegados con fuerte impacto institucional. Si los rechazos prosperan, la oposición podría lograr lo que se propone: sancionar leyes que Javier Milei no quiere y desarmar decisiones clave de su gobierno.
La sesión fue acordada en una reunión de Labor Parlamentaria liderada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que sigue acumulando tensión interna con la Casa Rosada, que ayer se anotó una de cal y una de arena en Diputados: en el recinto de la Cámara baja la oposición volteó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad (que pasó al Senado) pero no consiguió los dos tercios para rechazar el veto al aumento de las jubilaciones.
La sesión de este jueves del Senado es otra batalla legislativa en plena campaña electoral para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre próximo, y con la mirada puesta ya también en los nacionales del 26 de octubre. Uno de los núcleos más conflictivos del temario de este jueves son los decretos delegados que reconfiguran profundamente áreas del Estado, y que podrían ser rechazados en el recinto por impulso de la oposición.
Entre los más importantes se encuentra el que disuelve la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo autárquico con más de 60 años de historia. El decreto justifica la decisión en “altos costos operativos” y “desproporciones” internas, especialmente entre personal administrativo y operativo. El Ejecutivo también remarcó que los tramos concesionados a privados muestran “mayor eficiencia”.
Además de la disolución, el decreto dispone que tareas esenciales de Vialidad como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión pasen a unidades internas del Ministerio de Economía.
En la misma línea, el Ejecutivo busca eliminar la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), trasladando sus competencias a la Secretaría de Transporte, excepto el control de infracciones en rutas nacionales, que quedaría en manos exclusivas de la Gendarmería. La decisión se apoya en el argumento de “reducir el gasto público” y aprovechar la capacidad operativa existente en las fuerzas de seguridad.
Otro decreto controvertido es el que afecta al INTA y al INTI, al quitarles su carácter de entes autárquicos para convertirlos en organismos desconcentrados bajo la órbita de las secretarías de Agricultura e Industria, respectivamente.
El Gobierno justificó los cambios en el INTA citando informes de la Sigen que señalaron un “sobredimensionamiento notorio de su estructura”, con 932 cargos jerárquicos, además de “deficiencias sustantivas” en su funcionamiento. En el caso del INTI, se cuestionó que el 30% de sus recursos humanos estuviera concentrado en el área administrativa, un nivel considerado “muy por encima de los estándares habituales”.
A esta batería de decretos se suman otros con cambios estructurales: el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de cultura como Monumentos, Conabip y el Instituto Nacional del Teatro, la Marina Mercante y diversas agencias de transporte, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, y la Junta de Seguridad en el Transporte, que sería rebautizada como “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, limitando su ámbito de actuación solo al transporte aéreo.
Emergencias en carpeta
Entre las medias sanciones que esperan tratamiento se destaca la ley de financiamiento universitario, que busca corregir el desfase presupuestario de las casas de altos estudios en medio del ajuste impulsado por el Ejecutivo.
También figura la emergencia en pediatría, con especial foco en el Hospital Garrahan, que arrastra serios problemas de financiamiento y cobertura. Sin embargo, la ley de emergencia en discapacidad, recientemente rechazada en Diputados al veto presidencial, no podrá tratarse todavía en el Senado porque falta la comunicación formal de la Cámara baja.
El contexto político de la sesión del miércoles estará atravesado por una nueva embestida de la oposición, que busca torcerle el brazo al oficialismo con herramientas institucionales. Ya ocurrió con el rechazo al mega-DNU 70/2023 en el Senado, que el Gobierno logró evitar que se repitiera en Diputados gracias a la división del bloque peronista.
Ahora, con un temario que toca educación, salud, infraestructura y organismos científicos, la sesión se perfila como una caja de resonancia para el descontento creciente frente al ajuste libertario, en un contexto en el que Milei mantiene su bandera del equilibrio fiscal aún a costa de profundizar el conflicto con el Congreso.
Si el Senado avanza con las leyes y rechaza los decretos, sería otro revés institucional fuerte para un gobierno que sigue sin articular consensos legislativos, incluso tras casi un año y nueve meses de gestión.
JJD, con información de NA