Los derechos de las mujeres
Aborto legal: Cuando Colombia abrió una puerta para toda la región
En estos tiempos de contextos regionales con mensajes, proyectos y acciones gubernamentales que afectan negativamente a mujeres de todas las edades y condiciones, un refugio es recuperar la memoria de lo logrado, de lo vigente. Porque no comenzamos de cero. Hay un largo y fructífero camino recorrido y protagonizado por ellas, con acciones concretadas que cambiaron la historia de todas, y de todos. Sí, de todas y todos, porque ellas –nosotras– cuando accedemos a un derecho negado por siglos, aportamos a mejorar la sociedad.
Una de esas memorias históricas esta semana cumplió 20 años. Sucedió en Colombia e impactó en toda América Latina y Caribe.
Miré en loop este video que muestra colombianas sonriendo, saltando, festejando. Ese registro es del 10 de mayo de 2006, cuando recibieron la confirmación de la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional de Colombia que dejó atrás la prohibición total del aborto en el país.
A partir de ese momento se accede al derecho cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo, cuando el embarazo es producto de incesto y violencia sexual, y cuando existe una grave malformación fetal incompatible con la vida.
Luego, en 2022 la Corte Constitucional amplió el derecho al aborto mediante la Sentencia Causa Justa, despenalizándolo totalmente hasta la semana 24 de gestación, manteniendo las tres causales de la C-355.
¿Qué dicen las estadísticas de la situación de salud y vida de las mujeres en estos 20 años?
Colombia ha logrado “una reducción notable” en las cifras de mortalidad y morbilidad materna, pasando de 70.1 muertes por cada 100.000 nacimientos en 2006, a 45.6% actualmente, a pesar del impacto de la pandemia de COVID-19, aporta Laura Pedraza.
Ella es abogada feminista y magister en Derecho Internacional con estudios de bioestadística aplicada a la Salud, y actualmente está a cargo de la incidencia política de La Mesa por La Vida y La Salud de las Mujeres de Colombia.
Estas mejores condiciones en la vida de las mujeres, lo atribuye a un sistema normativo sanitario “robusto” que considera el aborto como un servicio de salud básico y gratuito.
Logrado el derecho, siempre hay desafíos. ¿Cuáles son los más destacables?
“Persisten desafíos en el acceso que incluyen el desconocimiento o la negativa a aplicar las sentencias por parte de los prestadores de servicios de salud, la falta de protocolos y fallas en el servicio como malos tratos o falta de información”, resume la abogada colombiana Cristina Rosero Arteaga, magíster en Derechos Humanos y asesora Legal del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.
La profesional explica que si bien la objeción de conciencia individual está permitida “no debe constituir un obstáculo”, mientras que la objeción institucional está prohibida.
“La falta de vigilancia y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales contribuye a estas barreras, afectando especialmente a mujeres y niñas en zonas rurales o alejadas de las capitales, así como a personas trans, migrantes en condición irregular y aquellas que enfrentan discriminación racial”, agrega.
Pedraza añade la experiencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que, desde 2006, brinda acompañamiento legal a mujeres y niñas que enfrentan barreras de acceso al aborto: “Muchas veces los obstáculos son por falta de información o por miedo a las repercusiones sociales”. Es el caso de muchas niñas y adolescentes que “no pueden expresar su libertad y su autonomía por miedo a las consecuencias que puedan llegar a tener en sus hogares o ante la sociedad”.
Para llegar a las sentencias de la Corte, en paralelo, hubo y hay un trabajo de las organizaciones para sostener la despenalización social del aborto. ¿Cómo se hace y por qué es importante?
Arteaga dice que la despenalización social busca “cambiar imaginarios, mostrando que el aborto es una realidad que no es fácil, pero que siempre ha existido, y debe ser abordada desde la salud pública, no desde el derecho penal”.
Y Pedraza resalta “la conversación pública” que pone en cuestión el estigma y los prejuicios, y permite “entender la necesidad de las mujeres de acceder a este procedimiento”.
La despenalización social “evidenció el hecho de que este tema no debe quedarse oculto ni debe ser dejado por fuera de la discusión pública. Es una manera muy eficaz de crear confianza en el sistema de salud, de facilitar que más personas se acerquen a pedir información y que de esa manera puedan tomar decisiones libres e informadas que no pongan en riesgo ni su salud ni su integridad”.
Entonces ¿no se trata sólo del enfoque penal?
Arteaga responde que “es importante y hay que seguir avanzando en dejar de pensar en una lógica en donde el derecho penal es la única forma de regulación”, ya que se trata también “de la autonomía reproductiva y corporal de las mujeres”, algo que los fallos de la Corte analizan en profundidad.
Esa jurisprudencia sólida que “regula el aborto por medio del sistema de salud, por medio de política pública sanitaria en realidad puede permitir que las mujeres, niñas, personas trans, no binarias accedan a servicios de manera mucho más digna, pero también de manera mucho más rápida”.
Pedraza suma que los cambios legales “no sirven por sí solos y que es muy necesario acompañarlos de una transformación cultural que pueda realmente facilitar su implementación adecuada”.
El impacto en la región
Colombia cuenta entonces con una de las despenalizaciones más amplias de América Latina y el Caribe, que ha servido de referente para otros países, y que se alinea a los fallos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “que cuestionan el uso excesivo del derecho penal en estos casos”, explica Pedraza.
Arteaga agrega que “se espera que esto contribuya a reducir muertes por procedimientos inseguros y la criminalización”.
Desde Argentina, la abogada Agustina Ramón Michel que integra la secretaria colegiada del Consorcio Latinoamérica Contra el Aborto Inseguro (Clacai), afirma que la sentencia de la Corte de Colombia fue “un parteaguas”.
“Le hizo un crac al imaginario de la época que presentaba al aborto como una cuestión criminal (y eventualmente de emergencia médica). Fue una inspiración además por varios de sus argumentos legales que hablaban de que era innecesario el sinnúmero de trámites y comités de ética para interrumpir un aborto por violacion, por ejemplo”.
La también investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) define la decisión como “constitucionalista humanista” en el sentido de que “se toma en serio la dignidad de las personas”.
En estas dos décadas, Uruguay, Argentina y México han legalizado el aborto, en tanto en Cuba se despenalizó en la década de 1960, y Guyana fue el primer país sudamericano en legalizarlo en 1995.
Estos avances siempre están en disputa, están atravesados por los cambiantes contextos políticos en la región. De hecho, Colombia elige nuevo gobierno el 31 de mayo próximo, y ante cada elección, en cada país latinoamericano, estos derechos están en disputa, como lo demuestran las posturas del argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele.
Por eso, siempre es necesario recuperar la historia de las conquistas que transforman vidas, sistemas de salud y democracias, para sostenerlas en cada coyuntura.
SM/MG