Con una apuesta al empleo y la exportación, el Gobierno presentó el proyecto de regulación de cannabis industrial
Finalmente el Estado argentino presentó el marco para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, expuso esta tarde los lineamientos ante el Consejo Económico y Social, del que participaron académicos, investigadores, legisladores, referentes del sector, intendentes y gobernadores, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Ahora el proyecto buscará la aprobación en el Congreso de la Nación, donde no debería tener dificultades para transformarse en ley.
Durante su exposición Kulfas estuvo acompañado por el titular del Consejo, Gustavo Beliz, de la ministra de Salud, Carla Vizzotti y sus colegas de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, el de Agricultura, Luis Basterra y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. Ellos entregaron los detalles del “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”. El proyecto comprende las etapas de producción y comercialización del cannabis, de las semillas y los derivados vinculados al uso medicinal. Esto contempla la investigación científica, el uso industrial y la posibilidad de exportación de las materias primas y también de productos terminados.
“El proyecto busca ordenar no solo el desarrollo productivo del sector sino también garantizar el derecho a la Salud, el acceso al cannabis medicinal, de calidad y trazable. También expresa un consenso y expresa la decisión de una sociedad que quiere avanzar en este desarrollo productivo tan importante, que incorpora a los científicos, a los productores, a los trabajadores y trabajadoras del país”, explicó Kulfas.
Los impulsores del proyecto señalaron que el mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial está creciendo de manera exponencial a nivel global y será generador de empleo de calidad y desarrollo económico. Entienden que Argentina tiene una enorme oportunidad para ser un líder regional, por sus capacidades agropecuarias y su desarrollo científico-tecnológico. Eso presume exportaciones, acceso a la salud y avances de una manera federal.
La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal. El proyecto genera un marco para las inversiones públicas y privadas en toda esa cadena de producción.
“Hay muchos proyectos en camino y esta ley apunta a darle el impulso y la reglamentación que permita que se generen enormes oportunidades exportadoras de generación de fuentes de trabajo y de divisas”“, señaló Beliz.
Además el proyecto legaliza eslabones productivos y de comercialización del cáñamo industrial y sus subproductos, como textiles, papel, alimentos, materiales para la construcción y otros tantos. Sobre lo que no legisla es sobre el consumo adulto o “recreativo”, que está relacionado con la ley de drogas vigente (23.737), que hasta el momento no aparece entres las prioridades ni del Gobierno ni la oposición.
En el país ya hay varios proyectos vinculados a la industria del cannabis para uso medicinal. Por ejemplo, Cannava, la pionera empresa estatal jujeña de Gastón Morales, hijo del gobernador. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. Hay emprendimientos mixtos (públicos y privados) como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. A partir de la regulación, es muy probable que el sector privado intervenga de manera más fuerte.
Desde el Ministerio de Desarrollo plantearon un escenario de potencial económico a cuatro años que podría generar. 10.000 nuevos empleos, con alta porcentaje de investigación, desarrollo e innovación, con ventas anuales al mercado interno por US$ 500 millones y US$ 50 millones por año de exportaciones.
En el mundo hay más de 50 países con algún tipo de legalización de su uso medicinal e industrial. Países como Israel, Canadá y Estados Unidos son líderes a nivel global. En la región, por ahora, avanzan Uruguay y Colombia. El mercado global de cannabis medicinal proyectado para 2024 es de US$ 42.700 millones, 10 veces superior a una década atrás.
“Creo que esta ley será un gran aporte que va a permitir al país desarrollarse en torno al cannabis medicinal y tener una política de Salud relacionada. Esto también generará un desarrollo científico y la capacitación de médicos. Hay mucha gente que luchó por esto todos estos años. A trabajar fuerte para tener una industria de extracto de cannabis y de cáñamo”, dijo desde Jujuy el gobernador Gerardo Morales.
Pensando en consolidar la industria local del cannabis, desde el Ministerio de Producción señalan que la Argentina tiene determinadas ventajas, como su liderazgo agropecuario, la red de investigación científica (RACME-CONICET), entramado de laboratorios públicos y privados, experiencia en la sociedad civil sobre el uso de la planta, un incipiente desarrollo de proveedores y más de 20 Iniciativas provinciales y 80 municipales.
El proyecto contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que controlará el uso de del cannabis, de semillas y de todos sus derivados. La agencia estará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, y desde ahí se coordinará con ministerios, secretarías e Institutos implicados en la nueva actividad. Este respaldo desde el Ejecutivo era lo que venían esperando quienes ya tenían decidido invertir en cannabis medicinal de manera más amplia, que es hacia donde apuntan la mayoría de los proyectos de producción industrial del cannabis en este momento.
Su función es regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. Otorgar y administrar autorizaciones para producción y comercialización (con especial atención a PyMES, cooperativas y economías regionales). Coordinar acciones con organismos reguladores para el desarrollo del sector. Lo integran los Ministerios nacionales de Desarrollo Productivo, Salud, Agricultura, Ganadería y Pesca, Ciencia y Tecnología y Seguridad. Prevé el acompañamiento especial a organizaciones de la sociedad civil para su adecuación gradual.
AM
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