Denuncian “un plan sistemático para dinamitar la salud pública” tras los 300 despidos en el Ministerio y el Hospital Posadas

La escena se repite desde el inicio de la gestión de Javier Milei como Presidente, con la situación del Hospital Garrahan como símbolo, pero las protestas y medidas de fuerza se sostienen en distintos centros de salud cada vez con mayor intensidad, con trabajadores sanitarios reunidos en asambleas improvisadas, carteles que reclaman reincorporaciones y pasillos hospitalarios que funcionan con menos personal del necesario. La última tanda de despidos en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud profundizó un conflicto que ya lleva años, pero que en los últimos meses adquirió un carácter estructural.

Según datos relevados por organizaciones sindicales, más de 200 trabajadores fueron cesanteados en la órbita del Ministerio de Salud, mientras que al menos 84 empleados del Hospital Posadas —entre enfermeras, médicos, técnicos, personal de laboratorio y vigilancia— fueron desvinculados en los últimos días. Estos hechos no son aislados; entre junio y octubre de 2024 se registraron casi 120 despidos de profesionales de diversas áreas.

Los gremios advierten que se trata de una política sostenida de reducción del Estado nacional en materia sanitaria. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la seccional Posadas de CICOP coinciden en que el objetivo es “naturalizar la precarización y el miedo como forma de disciplinamiento laboral”.

Los afiliados a Fesprosa realizaron una asamblea esta semana con los trabajadores del hospital Posadas, en rechazo “a los 84 despidos arbitrarios e injustificados”.

Jorge Yabkowski, Secretario de Organización de Fesprosa, habló de un “plan sistemático para dinamitar la salud pública que vienen llevando a cabo Milei y su ministro Mario Lugones”, que “está impactando directamente en los índices de salud colectiva”. 

En ese sentido, el gremialista detalló que, por primera vez en muchos años, la mortalidad infantil subió un 0,5% (de 8 a 8,5%) y subió un 34% la mortalidad materna, “reflejo de la crisis social y del sistema de salud pública”. 

La asamblea del Posadas resolvió exigir una mesa de negociación a la conducción del hospital para reincorporar a los despedidos, mantener el estado de asamblea permanente y participar el miércoles 4 a las 16 horas del Cabildo Abierto que tendrá lugar en el Hospital Garrahan, como parte de la confluencia de todas las luchas de salud.

Asimismo, la conducción de Fesprosa resolvió la participación activa en el plan de lucha nacional que los gremios del Frente de Sindicatos Unidos reunidos en la UOM resolvieron la semana pasada. En tal sentido, una delegación de la Federación, encabezada por su presidenta, María Fernanda Boriotti, participará de las marchas en la ciudad de Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, y ratificó la voluntad de llevar a cabo un paro nacional de salud para el día en que se trate la reforma laboral en el Senado (sería el miércoles 11), con una gran movilización al Congreso de la Nación.

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP-Seccional Posadas) denunció la nueva ola de despidos y advirtió que los recortes “no son hechos aislados ni un error administrativo, es una política deliberada. Buscan naturalizar la inestabilidad, el miedo y la precarización como forma de disciplinamiento laboral”, apuntaron desde el gremio.

En tanto, advirtieron “el grave impacto que tendrá en la atención de los pacientes, ya que es cuestión de ver cuántas personas han tenido que pagar de su propio bolsillo a alguien para que las asista durante la internación, debido a la falta crónica de personal”. “No sobra nadie”, remarcaron. 

De acuerdo al sindicato, “a los despidos en el Posadas se sumaron 220 en el Ministerio de Salud y un número aun a determinar en el PAMI, pero que sería de varias decenas”, al tiempo que instaron “a toda la comunidad a que acompañe las medidas de fuerza que se definan para defender la salud pública de todos los argentinos y argentinas”.

Con respecto a la reforma laboral que busca aprobar el gobierno libertario, desde CICOP consideran que “replica y profundiza la Ley Banelco, atacando derechos laborales, convenios colectivos y el poder de negociación sindical. No hay margen para negociaciones parciales de una ley que sólo busca ampliar los beneficios de los grupos económicos más poderosos”, concluyeron.

El Hospital Posadas, un símbolo de la salud

El Hospital Posadas, el mayor centro asistencial nacional, ubicado en el Oeste del conurbano bonaerense, es desde hace años un termómetro del estado del sistema público. Cada ola de despidos repercute de inmediato en la atención: menos personal en áreas críticas, demoras crecientes y servicios que funcionan al límite.

Los trabajadores denuncian que la falta crónica de personal obliga a que pacientes deban pagar de su bolsillo asistencia privada durante internaciones prolongadas, una situación que se agrava con cada nueva cesantía.

El Ministerio de Salud, también en retroceso

La cartera sanitaria nacional atraviesa un proceso de ajuste que incluye 220 despidos en su organigrama, el cierre o desfinanciamiento de programas estratégicos y la reducción de direcciones clave. Entre las áreas afectadas figuran políticas de prevención, provisión de medicamentos y atención de patologías complejas.

En paralelo, se registran cesantías en delegaciones del PAMI y demoras en pagos a farmacias, lo que ya provocó interrupciones en la entrega de medicamentos en algunas provincias.

Los gremios sostienen que este proceso forma parte de un “achicamiento deliberado” del rol del Estado nacional en salud, que en los últimos dos años sufrió una caída presupuestaria cercana al 30% en términos reales.

Un conflicto que se expande

El caso del Posadas no es aislado. Otros hospitales nacionales —como el Garrahan y el Bonaparte— también enfrentan recortes, reestructuraciones y falta de personal. La coordinación entre trabajadores de distintos centros asistenciales empieza a tomar forma, con movilizaciones conjuntas y reclamos unificados.

La pregunta que sobrevuela es qué modelo de sistema sanitario se está configurando. Para los gremios, el ajuste abre la puerta a procesos de privatización, sistemas mixtos (entre público y privado) o transferencia de responsabilidades a las provincias, en un contexto de creciente desigualdad en el acceso a la salud.

El impacto en la vida cotidiana

Más allá de las cifras, el conflicto se traduce en historias concretas: pacientes que esperan meses para un turno, profesionales que encadenan contratos temporales durante años, servicios que funcionan con dotaciones mínimas y familias que deben cubrir gastos que antes asumía el Estado.

En un país donde el sistema público sostiene buena parte de la atención de alta complejidad, cada despido tiene un efecto multiplicador.

Los despidos en el Garrahan que celebró el Gobierno

En las últimas horas, el Gobierno celebró desde redes sociales la decisión de cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posteó desde su cuenta de X que el Hospital Garrahan “ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, escribió el funcionario para descalificar a los delegados gremiales que desde el inicio de la gestión Milei defienden los derechos de los trabajadores de la salud contra los recortes presupuestarios y salariales.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras aquel episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” porque implicaron la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.

Entre las personas alcanzadas por la cesantía se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.

La lista de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Ximena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata. Diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar que la Justicia se expida sobre el levantamiento de esa tutela para avanzar con las cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.

Con infomación de agencias y gremios.

IG