Este martes organizaciones vecinales, grupos ambientalistas y autoconvocados de Mendoza vuelven a marchar en la capital provincial en defensa del agua y expresar su rechazo al desarrollo de proyectos de megaminería en la provincia, recientemente aprobados por la Legislatura y el gobernador radical Alfredo Cornejo.
La movilización, que partió en las últimas horas desde Uspallata y otras localidad hacia la Casa de Gobierno provincial, busca volver a poner en el centro de escena el repudio social al proyecto minero San Jorge. Días atrás el Senado de Mendoza sancionó la Declaración de Impacto Ambiental de ese proyecto y otros de megaminería, que contempla la extracción de minerales, principalmente cobre.
La protesta denuncia que la megaminería implica riesgos para los recursos hídricos de la provincia, sobre todo en una provincia donde el agua es un recurso clave, en un contexto de sequía y fragilidad hídrica. Hay alertas científicos sobre los posibles efectos ambientales a largo plazo de la megaminería.
La protesta frente a la Casa de Gobierno de Mendoza forma parte de una serie de acciones que se vienen realizando en distintos puntos de la provincia desde hace al menos 20 días, incluyendo caravanas y concentraciones en departamentos como Lavalle, Valle de Uco y el Este de la provincia. La policía local llegó a reprimir algunas manifestaciones y detuvo a activistas: justo este martes fueron liberados los hermanos Renzo y Facundo Gollan, detenidos por la movilización del 9 de diciembre pasado.
La fecha elegida para la movilización de hoy recuerda a la marcha de 2019, cuando el entonces gobernador Rodolfo Suárez quiso modificar la Ley 7722. Con el aval del gobierno de Javier Milei, Cornejo impulsó una nueva avanzada minera en la provincia. “El agua sí se negocia: hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra. Con eso se hicieron millonarios muchos desarrolladores urbanos, con la complicidad de municipios, y después el Estado tuvo que llevar servicios”, dijo días atrás al diario Los Andes para cuestionar la bandera social de “El agua no se negocia”.
Autoridades provinciales justificaron la aprobación del proyecto argumentando potenciales beneficios económicos, aunque también señalaron que el proceso legislativo incluyó evaluaciones técnicas y ambientales según el marco legal vigente. Por su parte, algunos expertos y organizaciones advierten sobre la necesidad de estudios más exhaustivos para comprender los impactos ambientales y sociales de la megaminería.
Las asambleas que organizan las marchas dijeron que seguirán promoviendo actividades públicas y debates comunitarios sobre la gestión del agua y el desarrollo de la minería en Mendoza, con la intención de que estos temas formen parte del diálogo provincial en los próximos meses.
MC