Apuntan a Maduro y sus funcionarios
Reactivan en la Justicia argentina la causa por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La investigación que tramita en la justicia federal argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela atraviesa su momento procesal más avanzado desde que se inició en 2023, según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR. Una resolución dictada en enero por la Cámara Federal porteña ordenó al juzgado de primera instancia profundizar la pesquisa “con urgencia” bajo el principio de jurisdicción universal, lo que reactivó el expediente tras meses de idas y vueltas.
El fallo rechazó cuatro planteos centrales de las defensas: la eximición de prisión de uno de los imputados, el acceso irrestricto al expediente, la supuesta incompatibilidad con la investigación de la Corte Penal Internacional y el argumento de que Argentina no podía intervenir. Con esa decisión, la Cámara confirmó que el país tiene competencia para avanzar y que la investigación internacional no impide el desarrollo del proceso local.
La causa se inició en junio de 2023, cuando la Clooney Foundation for Justice presentó una denuncia en tribunales argentinos en representación de familiares de víctimas, invocando la jurisdicción universal ante la imposibilidad -según sostuvieron- de obtener justicia en Venezuela.
Dos legajos y 14 imputados
El expediente principal -identificado como “legajo 1”- se centra en funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por los asesinatos de dos manifestantes en 2014, en el marco de lo que la acusación describe como un ataque sistemático contra población civil.
Hay 14 imputados, todos acusados por crímenes de lesa humanidad. El funcionario chavista de mayor rango señalado es Antonio Noguera Pietri, ex comandante de la fuerza. Según la imputación, cada acusado habría tenido un rol específico dentro de la cadena de mando.
En paralelo, otro expediente -el “legajo 3”- apunta contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ambos legajos están a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Carlos Stornelli, aunque se investigan por separado.
La diferenciación no es menor, ya que fuentes vinculadas al proceso señalan que con frecuencia se confunden hechos y responsabilidades de un expediente con el otro.
Jurisdicción universal “pura”
Uno de los puntos centrales de la resolución de enero fue ratificar que Argentina debe aplicar el principio de jurisdicción universal y hacerlo de manera activa. El razonamiento de la Cámara fue que los Estados parte del Estatuto de Roma tienen la obligación primaria de investigar crímenes internacionales y que la intervención de la Corte Penal es complementaria, no excluyente.
Según señalan fuentes cercanas a la causa, Argentina se ubica en una posición singular porque a diferencia de otros países, no exige un nexo territorial o de nacionalidad para investigar este tipo de delitos, sino que basa su competencia en la gravedad de los hechos. Esa interpretación ya fue aplicada en causas como la investigación de los crímenes del franquismo y el genocidio rohinyá.
Fuentes judiciales también advierten que el expediente acumula tres años de producción probatoria, declaraciones de víctimas y órdenes de captura internacional. Tras la reactivación, se esperan nuevas medidas testimoniales y periciales.
Declaraciones clave y nuevo escenario político
Un punto de inflexión fueron las declaraciones tomadas en Argentina a víctimas venezolanas y a fiscales que denunciaron presiones y amenazas en su país. El objetivo fue acreditar la imposibilidad de una investigación independiente en Venezuela, un requisito central para justificar la intervención extranjera.
En cuanto al contexto político venezolano, las fuentes consultadas sostienen que, aunque hubo cambios formales de liderazgo, la estructura de poder y la cadena de mando de las fuerzas de seguridad permanecen prácticamente intactas. El sistema judicial, agregan, sigue sin ofrecer garantías para investigar a los responsables.
No obstante, un eventual escenario de justicia transicional podría facilitar en el futuro el acceso a pruebas hoy inaccesibles.
Respecto de la ley de amnistía venezolana, la posición de los impulsores de la causa es que ninguna norma interna puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad. Aunque el texto excluiría formalmente las graves violaciones de derechos humanos, persisten dudas sobre cómo se garantizarían verdad, justicia y reparación.
¿Qué puede venir ahora?
Tras la resolución de la Cámara, el expediente quedó en condiciones más sólidas que en cualquier momento previo. Si se produjera la detención de alguno de los imputados, fuentes con conocimiento del caso estiman que en pocos meses podrían reunirse las condiciones para avanzar hacia un juicio oral.
La causa argentina y la investigación de la Corte Penal Internacional avanzan por carriles paralelos: mientras el tribunal de La Haya analiza hechos posteriores a 2017 vinculados con torturas, desapariciones y persecución, el expediente local se concentra en asesinatos ocurridos en 2014 y busca determinar responsabilidades individuales en distintos niveles de la cadena de mando.
Según describió una fuente con conocimiento directo del proceso, “la Justicia puede empezar a caminar de verdad”.
LN/MC