Apuntan a Maduro y sus funcionarios
Reactivan en la Justicia argentina la causa por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La investigación que tramita en la justicia federal argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, atraviesa su momento procesal más avanzado desde que se inició en 2023, según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR. Una resolución dictada en enero por la Cámara Federal porteña ordenó al juzgado de primera instancia profundizar la pesquisa “con urgencia” bajo el principio de jurisdicción universal, lo que reactivó el expediente tras meses de idas y vueltas.
El fallo rechazó cuatro planteos centrales de las defensas: la eximición de prisión de uno de los imputados, el acceso irrestricto al expediente, la supuesta incompatibilidad con la investigación de la Corte Penal Internacional y el argumento de que Argentina no podía intervenir. Con esa decisión, la Cámara confirmó que el país tiene competencia para avanzar y que la investigación internacional no impide el desarrollo del proceso local.
La causa se inició en junio de 2023, cuando el equipo de InterJust (en aquel momento parte de la Clooney Foundation for Justice) presentó una denuncia en tribunales argentinos en representación de familiares de víctimas, invocando la jurisdicción universal ante la imposibilidad -según sostuvieron- de obtener justicia en Venezuela.
Dos legajos y 16 imputados
El expediente –identificado como “legajo 1”– se centra en funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por los asesinatos de dos manifestantes en 2014, en el marco de lo que la acusación describe como un ataque sistemático contra población civil.
Hay 16 imputados, todos acusados por crímenes de lesa humanidad. Según la imputación, cada acusado habría tenido un rol específico dentro de la cadena de mando.
En paralelo, otro expediente –el “legajo 3”– apunta contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ambos legajos están a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Carlos Stornelli, aunque se investigan por separado.
Jurisdicción universal “pura”
Uno de los puntos centrales de la resolución de enero fue ratificar que Argentina debe aplicar el principio de jurisdicción universal y hacerlo de manera activa. El razonamiento de la Cámara fue que los Estados parte del Estatuto de Roma tienen la obligación primaria de investigar crímenes internacionales y que la intervención de la Corte Penal es complementaria, no excluyente.
Ignacio Jovtis, Director para América latina de InterJust y abogado representante de familiares de víctimas en una de las causas, señaló que “Argentina se ubica en una posición singular porque a diferencia de otros países, no exige un nexo territorial o de nacionalidad para investigar este tipo de delitos, sino que basa su competencia en la gravedad de los hechos”. Esa interpretación ya fue aplicada en causas como la investigación de los crímenes del franquismo y el genocidio rohinyá.
Declaraciones clave y nuevo escenario político
Un punto de inflexión fueron las declaraciones tomadas en Argentina a víctimas venezolanas y a fiscales que denunciaron presiones y amenazas en su país. El objetivo fue acreditar la imposibilidad de una investigación independiente en Venezuela, un requisito central para justificar la intervención extranjera.
En cuanto al contexto político venezolano, las fuentes consultadas sostienen que, aunque hubo cambios formales de liderazgo, la estructura de poder y la cadena de mando de las fuerzas de seguridad permanecen prácticamente intactas. El sistema judicial, agregan, sigue sin ofrecer garantías para investigar a los responsables.
No obstante, un eventual escenario de justicia transicional podría facilitar en el futuro el acceso a pruebas hoy inaccesibles.
Respecto de la ley de amnistía venezolana, la posición de los impulsores de la causa es que ninguna norma interna puede aplicarse a crímenes de lesa humanidad. Aunque el texto excluiría formalmente las graves violaciones de derechos humanos, persisten dudas sobre cómo se garantizarían verdad, justicia y reparación.
LN/MC