Lo peor había sido escuchar su nombre en la lista. “Marcelo Juárez”, había gritado un compañero suyo de Aerolíneas Argentinas, mientras sostenía y leía la lista de los 500 despidos de la empresa ─por entonces privada─ en 2001. Patricia Bullrich, ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa ese año, había impulsado el recorte de la compañía aeronáutica con entusiasmo, antes de que el estallido social la obligara a declinar su cargo. “Ahora me quiere echar de nuevo”, dice Marcelo Juárez, 23 años después, en alusión a la actual ministra de Seguridad y en medio de la avenida Independencia, durante la primera marcha por el Día del Trabajador en el gobierno libertario. “Son los mismos de siempre”, aclara Marcelo, técnico aeronáutico en Aerolíneas Argentinas, hoy de gestión estatal, e integrante de la Asociación Personal Técnico Aeronáutico (APTA). “Aerolíneas cumple una función social muy importante y estuvo probado en la pandemia con el traslado de las vacunas”, explica el empleado aeronáutico. “Privatizarla es quitarles derechos a los argentinos. Además ¿quién me va a dar trabajo con 61 años en una aerolínea si me vuelven a echar”, se pregunta el trabajador. La Cámara de Diputados aprobó ayer la privatización de cuatro empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, y dejó sujetas a venta o concesión otras cinco, como parte de la “Ley de Bases” que obtuvo media sanción.
Un cartel de cartón lo cubre de pies a cabezas. Un mensaje en letras mayúsculas, ─grandes y punzantes─ dice que “Sandra tiene lupus y PAMI se niega a cubrir su tratamiento a pesar de un amparo judicial a su favor”. Omar Tamer, alto, flaco, 42 años, obrero y vendedor ambulante, llegó a la marcha para denunciar la problemática de Sandra, el “amor de su vida” y la “madre de sus tres hijos”. Hace una pausa y dice: “Hoy PAMI está dejando morir a los afiliados. Este gobierno, si no nos mata de hambre, nos mata por falta de medicamentos”, señala el trabajador de la construcción. “El sueldo que tengo apenas alcanza para pagarle algunos remedios paliativos”, cuenta Omar.
La dignidad, señala el laburante, es lo que más siente que se pierde en medio de la crisis económica actual. “Mi mujer se está muriendo en casa, mientras yo salgo a hacer algunas changas”, dice el manifestante. “Nunca imaginé esto”, dice, mientras las columnas obreras marchan hacia el Monumento del Trabajo en el bajo porteño.
La media aprobación de la reforma laboral que impulsó el gobierno en el Congreso se da en un contexto completamente regresivo para los trabajadores informales y de medianas y pequeñas empresas. Los integrantes de Industriales Pymes Argentinos (IPA) analizaron en un comunicado reciente “un preocupante panorama con más de 20.000 empleos perdidos en el sector y con proyecciones de un empeoramiento próximo”.
Asimismo, el presidente de IPA, Daniel Rosato, señaló que de las aproximadamente 50.000 pymes industriales en el país, un 15% ─alrededor de 7.500 entidades─ están actualmente en crisis, “con estimaciones que sugieren que hasta 150.000 trabajadores podrían quedar desempleados este año”. Entre los sectores más afectados, explicaron desde la organización, figura el textil.
Mariano Przybylski, abogado e integrante de la Red Federal de Derechos Humanos, explica a este medio que la reforma laboral de la ley Bases viene a “destruir” el empleo registrado y en especial a las pymes. “Con el nuevo régimen, las unidades laborales con menos de cinco trabajadores podrán funcionar legalmente con todos sus empleados como monotributistas”, explica el abogado. “Desde un comercio, depósito o pequeña empresa. No hay aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni indemnización por despido en esos casos”, puntualiza. Además, sigue Przybylski, se legaliza la “tercerización laboral” permanente. “Una pyme puede quedarse con hasta cinco trabajadores propios sin derechos y tercerizar otras áreas con otras empresas de hasta cinco empleados. Todos sin derechos y trabajando en realidad para la misma empresa”, señala el letrado. “Estas políticas traerán claramente un aumento del empleo no registrado o monotributista en el sector”, enfatiza Przybylski.
“Hoy toca trabajar fuerte”, dice Víctor Iparraguirre, 39 años y vendedor ambulante de sanguches de milanesa. Para tener una ganancia que cubra sus costos, cuenta Víctor, debe vender, al menos, 20 sanguches al día. “Aprovechamos las marchas, pero no estamos pudiendo tener una ganancia decente. Apenas sobrevivimos”, explica. Por otro lado, la policía porteña, denuncia Víctor, no les permite la venta libre de alimentos: “Encima que trabajamos 12 horas por día y ganamos lo mínimo para pagar una pieza en una pensión, tenemos que andar pendientes de que nos saquen la mercadería”, apunta el vendedor ambulante. “Estamos cansados de agradecer que tenemos laburo y que no alcance. No tenemos que agradecer nada porque trabajar es un derecho, no un privilegio. ¿O vos escuchaste a algún empresario agradecer lo que tiene?”, pregunta, sosteniendo su canasto de mimbre repleto de sanguches.
Nahuel Neira llegó a la marcha junto a su gremio, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). “Vinimos acá para defender lo que nos costó conquistar y que estamos a punto de perder”, explica Neira. “En la provincia de Buenos Aires hay un sueldo de pobreza dentro del poder judicial con ingresantes que ganan apenas $350.000 pesos”, agrega. “La situación es muy compleja a nivel salarial. Por eso queremos defender las conquistas de un sindicato que estuvo siempre presente en las luchas obreras”, asegura Neira.
FLD/DTC