La resolución judicial que reavivó el conflicto por el financiamiento universitario impacta directamente en quienes sostienen el sistema público: los docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales. A partir de un reclamo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización automática de los salarios y becas según la inflación. La decisión, tomada por el juez Martín Cormick, representa el primer revés legal para el Gobierno en una pulseada presupuestaria que ya acumula meses de tensión.
La cautelar exige al Poder Ejecutivo dejar sin efecto el decreto 795/2025, que había suspendido la aplicación de la ley sancionada por el Congreso, y convalida el reclamo del CIN sobre la necesidad urgente de recomponer ingresos para el personal universitario y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.
“La suspensión del decreto es provisoria, pero vuelve a poner en marcha el esquema de actualización que había sido congelado de forma unilateral por el Gobierno”, explicó una fuente universitaria a trabajAR.
El reclamo judicial se inició en octubre pasado, cuando el CIN promovió una acción de amparo colectivo. Alegó que el freno al financiamiento comprometía no solo el poder adquisitivo de los salarios y el acceso a becas, sino también derechos constitucionales como la educación y la autonomía universitaria.
La respuesta del magistrado fue contundente: el decreto presidencial incurre en “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, y su aplicación implica un perjuicio inmediato que no requiere un análisis profundo de los hechos para ser comprobado. En términos prácticos, la Justicia avaló que el Poder Ejecutivo no puede omitir la ejecución de una ley ya vigente por razones presupuestarias, sin antes definir junto al Congreso las fuentes de financiamiento correspondientes.
Para los trabajadores del sector, la medida llega en un contexto de deterioro sostenido. Los docentes universitarios sufrieron una pérdida salarial estimada del 40% en lo que va del año, y las becas mantuvieron sus montos nominales a pesar de la inflación. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) había advertido en noviembre que “el congelamiento presupuestario está vaciando de contenido la educación pública”.
Por el lado estudiantil, organizaciones como la FUBA y centros de estudiantes del conurbano también celebraron la decisión judicial. “Sin becas no hay igualdad de oportunidades. Y sin salario no hay universidad”, expresaron en un comunicado conjunto. La bandera que encabezó las marchas de octubre y noviembre —“Sin presupuesto no hay educación”— ahora parece encontrar eco en los tribunales.
El conflicto de fondo sigue abierto. El Gobierno sostiene que la ley sancionada en septiembre “no previó las partidas necesarias” y por eso no está obligado a ejecutarla hasta que el Congreso disponga cómo financiarla. Sin embargo, el Congreso ya había ratificado la norma al rechazar el veto presidencial, lo que convierte al fallo judicial en un gesto de validación institucional clave.
JJD