La palabra “falsa” dice más de lo que parece
Sobre este blog
Algo en común: derechos, igualdad y democracia es una columna semanal en la que el Equipo ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) ofrece una mirada feminista sobre los temas de la agenda de género en Argentina.
En un contexto complejo que parece cuestionar muchas de los acuerdos que fuimos construyendo en las últimas décadas, en esta entrega semanal se analiza lo que nos une, las convicciones que compartimos, los anhelos que sostenemos mirando el futuro. Con el aporte de las investigaciones de ELA en temas como las violencias, los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos y la participación social y política de las mujeres, se ofrece un retrato de un estado de situación y se explora la realidad del país y de la región buscando recuperar aquello que nos une. No son “temas de mujeres”, son temas de la sociedad que atraviesan a las mujeres y diversidades. Algo en común propone recordar(nos) que sin igualdad no hay democracia y no hay democracia sin mujeres.
ELA es una organización de la sociedad civil apartidaria y feminista, creada en 2003 y que trabaja para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, promoviendo los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género a través del derecho y las políticas públicas. www.ela.org.ar
En los últimos veinte años, Argentina construyó un consenso democrático básico en torno a dos ideas: que la violencia por razones de género es un problema de toda la sociedad y no solo de quien lo sufre, y que el acceso a la justicia debe garantizarse para todas las personas. Ese proceso dio paso a avances normativos, institucionales y culturales que fortalecieron los dispositivos para abordar situaciones de violencia y abuso. La discusión actual debería partir de ese piso para consolidar y mejorar lo construido.
El Proyecto de Ley S-0228/2025 que se busca avanzar en el Senado propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, exclusivamente cuando los casos involucran violencia de género, integridad sexual o niños, niñas y adolescentes. La preocupación declarada, evitar el abuso del sistema judicial, es atendible en abstracto. Sin embargo, hay abundante evidencia de que la reforma produciría efectos opuestos a los que el proyecto declara.
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