Editores y libreros, en alerta
La Fundación El Libro rechazó el proyecto del Gobierno para derogar la ley que protege a las librerías
La Fundación El Libro manifestó este martes su “profunda preocupación” y su rechazo al proyecto de derogación de la Ley de Protección a la Actividad Librera (Ley 25.542), al considerar que la iniciativa amenaza la diversidad editorial y la continuidad de las librerías independientes en todo el país.
A través de un comunicado, el Consejo de Administración de la entidad sostuvo que la normativa “no constituye un simple mecanismo comercial”, sino que representa “la columna vertebral” que garantiza condiciones equitativas de competencia, la diversidad bibliográfica y la supervivencia de las librerías en el territorio argentino.
La institución remarcó además que la ley cuenta con el respaldo unánime de todos los actores de la cadena del libro, entre ellos editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos, quienes la sostuvieron durante más de dos décadas como uno de los pilares de la actividad.
En ese marco, la Fundación destacó el rol de las librerías como espacios culturales que trascienden la venta de libros, al definirlas como “verdaderos faros culturales”, ámbitos de encuentro democrático y de promoción de la lectura.
Según la entidad, una eventual desregulación del precio del libro no aumentará la competencia, sino que dejará en situación de vulnerabilidad a los sectores más pequeños del mercado, como las librerías independientes, las editoriales de menor escala y los autores, al tiempo que favorecerá la concentración del negocio.
“La cultura es un derecho fundamental”, afirmó la Fundación El Libro, que convocó a todo el ecosistema editorial, a los lectores y a la sociedad en general a pronunciarse en defensa de las librerías.
Finalmente, el Consejo de Administración se declaró “en estado de alerta” y ratificó su compromiso de impulsar todas las acciones necesarias para preservar “el capital lector y cultural de los argentinos”.
Qué dice la Ley de Defensa de la Actividad Librera vigente
La Ley 25.542 protege a las librerías en Argentina mediante la fijación de un precio uniforme de venta al público para los libros, asegurando la sostenibilidad de librerías independientes y la diversidad editorial. Se inspira en la Ley Lang, promulgada en 1981 en Francia, y que busca proteger a las librerías frente a los grandes actores de la industria, como supermercados o cadenas que, al manejar mayores volúmenes de mercadería, pueden vender los libros a un precio mucho menor, en detrimento de los comercios más pequeños o de barrio.
En su nuevo proyecto que aún está en la fase de “agenda” que maneja el gobierno libertario, pero aún no llega al Congreso, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca derogar 13 leyes y modificar alrededor de 50, entre las que se encuentra la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera.
Objetivo y alcance
La Ley de Defensa de la Actividad Librera, sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 8 de enero de 2002, establece que editores, importadores o representantes de libros deben fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) para todos los libros que editen o importen.
Su finalidad es proteger a las librerías independientes frente a grandes superficies y cadenas comerciales, evitando que la competencia por precio afecte la diversidad editorial y la sostenibilidad de comercios culturales.
Principales disposiciones
- Consumidor final: se considera consumidor final a quien adquiere libros para uso propio o los transmite sin fines comerciales.
- Oferta editorial: los libros que se vendan con complementos (discos, cassettes, CD-ROM, etc.) se consideran una unidad comercial y su precio se fija para el conjunto.
- Descuentos permitidos: hasta un 10% en ferias o ventas a instituciones culturales sin fines de lucro; hasta un 50% para organismos públicos que distribuyan libros gratuitamente.
- Exenciones: incluye libros artísticos, antiguos, de colección, usados, fuera de catálogo o importados a precio de saldo.
- Saldos y descatalogación: los libros pueden saldarse tras 18 meses de su lanzamiento, con comunicación previa a los clientes.
- Autoridad de aplicación y sanciones: la Secretaría de Industria de la Nación supervisa la ley; las infracciones pueden ser sancionadas con multas de $100 a $20.000 y clausura temporal de librerías.
- Promoción de la lectura: los fondos de las multas se destinan a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).
Impacto y relevancia
Desde su sanción, la ley contribuyó a:
- Triplicar la cantidad de novedades publicadas en el país.
- Duplicar la cantidad de editores activos.
- Mantener una red de aproximadamente 1.500 librerías, la mayor densidad por habitante en la región.
- Fomentar la diversidad de autores y géneros literarios.
- El precio uniforme proporciona estabilidad al mercado, facilita el cálculo de regalías y ayuda a combatir la piratería
De acuerdo a la FED (Feria de Editores de Buenos Aires), “esta ley es ejemplo en todo Latinoamérica y se inspiró en los principales mercados editoriales del mundo: Francia, Alemania y España. Luego fue emulada por Portugal, Italia, Austria, Japón, Países Bajos y varios países más. Como comunidad, instamos a reflexionar sobre la importancia de preservar y fortalecer nuestro ecosistema literario. Juntos, editoriales, librerías y lectores podemos debatir mejoras a la ley, cambios, pero no se puede derogar unilateralmente una ley que se gestó en el debate y con información de calidad sobre el funcionamiento del ecosistema del libro”, aseguraron desde la entidad en un comunicado.