La batalla de la comida: las empresas no respetan los Precios Máximos y el Gobierno aplica más regulación

Una batalla cada vez más encendida enfrenta a las grandes empresas de alimentos y al Gobierno. Es que la comida se encarece cada vez más, empuja la inflación y ya no sólo suben los precios de los alimentos no procesados ni regulados, como las frutas, las verduras y las carnes (sólo rige un acuerdo por una cantidad limitada en la vacuna). En las últimas semanas se viene registrando un aumento de los valores de los productos que sí están bajo Precios Máximos, que se establecieron cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y que tuvieron dos incrementos posteriores, en julio y octubre pasados. En las grandes cadenas de supermercados se respetan los topes impuestos por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, pero en sus competidores chinos y almacenes, no. Y la razón, según tres fuentes supermercadistas y el consultor Damián Di Pace, obedece a que, por un lado, los fabricantes de alimentos distribuyen a mayores precios en los canales de distribución en los que el Estado carece de suficiente capacidad de control y, por otro, los propios rivales de las cadenas aumentan por su cuenta. Unos y otros remarcadores tienen el mismo argumento para hacerlo: desde hace meses se les incrementaron mucho los costos (desde insumos y energía hasta mano de obra) y ya no pueden resistir más. Eso sí, los proveedores niegan que incumplan los Precios Máximos, mientras cuestionan, incluso con amenazas judiciales, las regulaciones crecientes que impone Español.

La consultora de Di Pace, Focus Market, relevó diferencias de precios entre grandes supermercados y sus rivales de hasta el 48% en el caso del kilo de arroz de la misma marca. También advirtió sobre brechas en harina (14%), leche (19%), manteca (12%), atún (22%), fideos (15%), tomate (24%) y yogur (26%). Grandes cadenas reconocen que históricamente esa diferencia promedio era del 7% y ahora se amplió al 15%, y en algunos casos llega al 40%. El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) advirtió que el mes pasado en los comercios de barrio del conurbano bonaerense se encarecieron productos de Precios Máximos, como los de almacén (7,8%), incluidos el queso cuartirolo (21,6%), el aceite (21,4%) y la yerba (13,3%).

En la Secretaría de Comercio Interior reconocen que el Estado cuenta con más capacidad de control en los supermercados, que tienen la obligación de cargas todos sus precios a diario en el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA). En cambio, los chinos y los almacenes reciben inspecciones, cada vez mayores, pero lógicamente insuficientes. En uno de los supermercados consultados cuentan que comerciantes chinos ya no sólo compran directo a proveedores o van a los mayoristas sino que también se abastecen en sus sucursales, dada la brecha de precios. Frente a eso, han limitado las compras de ciertos productos, como el aceiten o el atún, a cantidades que ellos denominaron “de consumo familiar”.

Los supermercados denuncian que, aunque los proveedores les venden según los Precios Máximos, les racionan las entregas y por eso se les plantean faltantes puntuales, variables pero permanentes de productos. Las cámaras de almaceneros critican los aumentos que les cobran, pero están más surtidos. Basta con salir de compras con la bolsa reciclable para advertir todo esto.

Entre los fabricantes de alimentos como la francesa Danone, la británica Unilever o Molinos (de los Perez Companc) afirman que respetan los controles de precios y cumplen con los nuevos requerimientos de datos de valores, costos y stocks del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). No obstante, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, amenazó hace una semana con recurrir a la Justicia contra el SIPRE. Quizá tanta presión le puede jugar en contra de sus aspiraciones de presidir la Unión Industrial Argentina (UIA) en las inminentes elecciones internas de la entidad. Esta semana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina sumó un comunicado contra los Precios Máximos, que fueron renovados a fines de marzo y hasta mediados de abril. Mientras, este domingo vence el acuerdo de Precios Cuidados, que abarca sólo 660 bienes, y no decenas de miles como los Máximos.

¿Reacción? El jueves pasado, Español imputó a tres empresas por falta de información sobre abastecimiento: las norteamericanas Mondelez y PepsiCo y Bagley, joint venture de Danone y Arcor, que conduce Luis Pagani. Y al día siguiente dictaminó que las grandes empresas mantengan una producción y unas ventas iguales a las de 2019, de modo de evitar faltantes.

“Desde la Secretaría de Comercio Interior, seguimos trabajando con una batería de herramientas estructurales como las imputaciones que le aplicamos (el jueves) a las empresas que no brindan información cierta, clara y detallada en sus rótulos y etiquetados”, declaró la secretaria a Radio Con Vos. “Para evitar que esto siga sucediendo, lanzamos el registro SIFIRE, una medida preventiva para analizar la información que brindan los productos antes de que lleguen al mercado y así impedir actitudes sistemáticas de engaño hacia las y los consumidores. Otro tema que venimos trabajamos durante todo el año pasado, es garantizar el abastecimiento. (El viernes) sacamos una resolución para que todas las grandes empresas de la cadena productiva aumenten al máximo su capacidad instalada de producción. Esto es importante porque buscamos cuidar los precios y también mantener abastecido el mercado interno para proteger el bolsillo de todas y todos”, agregó.

Español volvió a agitar la advertencia de limitar exportaciones de alimentos, como había formulado hace pocos meses Alberto Fernández y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. “Es cierto que hay determinadas presiones sobre los precios, y si seguimos detectando comportamientos especulativos, no nos va a temblar el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne. Hay que entender que tenemos que tomar algunas medidas y estamos en conversaciones porque esto tiene que tener un freno”, sostuvo la secretaria, en lo que podría reactivar un conflicto adormecido, ya no con la industria de la alimentación sino con el campo. “En un contexto así hay que avanzar con ciertas herramientas de administración de comercio exterior. Estas medidas pueden ser suba de retenciones, encajes, cupos, y todas se están evaluando. Todo está en análisis para ver cómo vamos a seguir hacia adelante”, alertó Español.

AR