Corredor Andes-Atlántico: anuncian un acuerdo que le facilitará a EE.UU. acceder a litio, cobre, petróleo y gas argentinos

Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump lanzaron este miércoles el “Corredor Andes-Atlántico”, un acuerdo de infraestructura que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. El anuncio se hizo durante un foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino de Nueva York, en el marco de la participación de Milei en la Asamblea General de la ONU, y quedó a cargo de Quirno y Landau, quienes rubricaron un memorando bautizado “U.S.-Argentina Build the Future Framework”. El documento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7.000 millones para proyectos de energía, minería, transporte e infraestructura digital.

Para Washington, según remarcó el Departamento de Estado, la iniciativa “profundiza la integración económica” entre ambos países y constituye la primera asociación de un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, dentro de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7 —la misma que financia corredores en Lobito (África) y Luzón (Filipinas)—. El objetivo declarado por Estados Unidos no es solo abastecerse de litio, cobre, petróleo y gas argentinos, sino también “ampliar las oportunidades para sus empresas” como proveedoras de tecnología, equipos y servicios en las obras. El propio Quirno lo planteó en esos términos durante la presentación: “Invertir en Argentina es fortalecer la seguridad económica de Estados Unidos. Los beneficios se alcanzan a ambos países. La maquinaria estadounidense puede ampliar nuestra capacidad instalada y generar empleos calificados en su país de origen”, dijo, en una definición que sitúa buena parte del beneficio laboral directo del lado norteamericano. Landau, por su parte, dijo que la administración Trump está “muy enfocada en la diplomacia económica”.

El capítulo más concreto del anuncio es el energético, aunque con una salvedad que el propio texto reconoce: el Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) le presentó a Argentina LNG —el proyecto de exportación de gas natural licuado que lidera YPF junto con la italiana Eni y la emiratí XRG— una propuesta de financiamiento de largo plazo por hasta US$6.000 millones para la compra de bienes y servicios estadounidenses. Esa propuesta “todavía no está aprobada”: es indicativa y no vinculante, y su otorgamiento definitivo requiere el visto bueno del directorio de EXIM. El proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales y arranque de operaciones proyectado para 2031; hasta entonces, los socios estiman invertir US$29.000 millones, sobre una inversión total calculada en US$51.000 millones para toda la vida del proyecto.

El resto de las obras mencionadas en el documento carece, por ahora, de financiamiento estadounidense específico asignado. Entre ellas figuran un contrato superior a US$1.000 millones para un consorcio integrado por la estadounidense Pumpco junto con Bonatti y Contreras Hermanos, para el sistema de ductos de exportación (sujeto a la decisión final de inversión del proyecto); la concesión de la línea de alta tensión AMBA I, estimada en US$800 millones y respaldada por una garantía del BID; proyectos ferroviarios de cargas vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza; una conexión desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca; obras portuarias y de la Hidrovía; la ampliación de la red de fibra óptica de Arsat, con un préstamo del BID de US$49 millones para su primera etapa; y la adquisición de seis millones de usuarios de telecomunicaciones en la Argentina por parte de la firma estadounidense Metrotel. El propio texto aclara que reúne iniciativas en distintas etapas y que no fija un calendario de desembolsos.

El compromiso por 7.000 millones de dólares, insiste el documento, no equivale a un préstamo único: la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) podría sumarse junto con inversores privados, y el propio marco no identifica todavía los proyectos que recibirán el resto de los fondos. La próxima instancia será en octubre, cuando Landau viaje a la Argentina y una delegación del Departamento de Estado, EXIM y DFC recorra Buenos Aires, Jujuy y Salta para relevar proyectos y avanzar en posibles operaciones. El Departamento de Estado adelantó además que usará sus herramientas de financiamiento para impulsar proyectos que incorporen “tecnología confiable” y planteó “excluir a actores que no operen según las reglas de mercado”, una referencia a la disputa con China por el control de las cadenas de suministro de minerales críticos en la región.

El horizonte fijado por el propio acuerdo —2027 para el grueso de las obras— coincide con el año en que vence el mandato de Milei y en el que buscará la reelección. Del anuncio en Nueva York participaron, además de Quirno y Landau, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente y chairman de EXIM, John Jovanovic, su directora comercial, Sarah Whitten, la directora de políticas de DFC, Caroline Vik, los embajadores Peter Lamelas y Alec Oxenford, y el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos.