Equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres y eliminar los 30 años de aportes, el plan que escuchan en el Gobierno

Mientras la oposición sigue dando batalla para aumentar el valor de los haberes jubilatorios y facilitar el acceso a las prestaciones para quienes no cuentan con los 30 años de aportes exigidos por ley, hay un proyecto de reforma previsional que el Gobierno escucha con atención. Se trata del plan elaborado por el think tank CIPPEC. Rafael Rofman, investigador principal de protección social de CIPPEC, fue recibido cinco veces por funcionarios nacionales, según los registros de ingresos a la Casa Rosada a fines del año pasado.

El proyecto de Rofman y Manuel Mera, que se resume en la “propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino” publicado en la página web de CIPPEC, hace foco en eliminar el requisito de los 30 años mínimos de aporte y propone un ingreso básico a partir de los 65 años. En línea con los históricos pedidos que hace el FMI y la obsesión fiscal del Gobierno, propone equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres, e incluso aumentarla a medida que mejora la perspectiva de vida. También busca eliminar regímenes de excepción. Aún sin números finos, CIPPEC asegura que la propuesta implicaría un menor porcentaje del gasto del PBI, incluso respecto al escenario actual sin reforma.

Aprovechar el momento

Es lo que dice Rafael Rofman sobre el espíritu de un gobierno que viene con intenciones –y capital político– para avanzar con reformas estructurales. “Lo presentamos en cuanta ocasión aparece: encuentros empresarios, organismos internacionales, diputados, gobierno. Es muy bien recibido en su estructura general, pero las dudas sobre su aplicación son estrictamente políticas”, asegura sobre su implementación. La coyuntura electoral y el staff report del FMI indicaría que la discusión podría darse para el 2026. “Para eso, habría que empezar ya con el armado técnico, que es complejo”, asegura Rofman. 

La propuesta plantea seis áreas centrales de cambio estructural para reordenar el sistema previsional argentino. Uno de los puntos más sensibles en el debate público es la modificación gradual de la edad de retiro. Históricamente las edades mínimas de retiro se fijaron en contextos de menor expectativa de vida y trabajos físicamente más demandantes, de acuerdo al documento. En este sentido, la propuesta sugiere igualar la edad mínima de retiro entre varones y mujeres –un pedido histórico del FMI–, establecer mecanismos de actualización gradual de la edad de retiro en función de los cambios en la expectativa de vida y generar incentivos para quienes opten por postergar su jubilación, mediante beneficios adicionales o esquemas de retiro parcial.

Otro capítulo clave propone revisar los regímenes de excepción vigentes –que mejoran las condiciones de jubilación ya sea por permitir jubilarse a menor edad o con menos años de aporte, o con haberes/movilidad más altos–, con el compromiso de respetar los adquiridos pero de dejar de aprobar nuevos. Según el documento “más del 40% del total de beneficios previsionales y cerca del 55% del gasto total se explican por estos esquemas de excepción”, lo que afecta la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, dentro de estos regímenes de excepción se encuentran poblaciones sensibles: desde regímenes diferenciales por actividad riesgosa como mineros o petroleros, hasta retiros militares, pasando por docentes. El proyecto se ocupa también de ordenar las jubilaciones y pensiones por invalidez y por fallecimiento.

CIPPEC propone una nueva estructura para el régimen general, con un rediseño del cálculo del haber inicial de vejez basado en la ley 24.241 de 1993 y sus múltiples modificaciones. La propuesta plantea crear una prestación básica universal, equivalente a aproximadamente el 25% del salario medio, accesible para todos los residentes mayores de una edad mínima, y complementar esta con una prestación proporcional que se determine según la historia completa de aportes, sin exigir un mínimo de años de aportes. La estructura incluiría también un pilar de ahorro voluntario, financiado de manera diferenciada: la prestación básica con rentas generales y la proporcional con aportes de los trabajadores.

La propuesta para la movilidad de los haberes previsionales, que garantiza la actualización periódica para preservar el poder adquisitivo, respalda el esquema actual basado en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), pero sugiere perfeccionarlo estableciendo una periodicidad variable, que sea mensual en contextos de alta inflación y más espaciada cuando esta se reduzca. Además, propone sumar un ajuste anual adicional vinculado a la evolución de los salarios reales para preservar la relación entre los haberes previsionales y los ingresos de los activos. Por otro lado, se recomienda evitar aumentos asimétricos y establecer reglas claras ante posibles caídas de precios.

Mientras tanto, en el Congreso

Rofman y Mera presentaron la propuesta a periodistas el mismo día que la oposición llegara un acuerdo para convocar a una sesión especial –este miéroles– para tratar once dictámenes con propuestas que van desde un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una actualización del bono hasta $115.000, hasta la extensión de la moratoria previsional o una mejora en las condiciones de la PUAM. “Las reformas parciales (NdR: que se debaten en el Congreso) son peligrosas porque terminan siendo parches que generan nuevas inequidades. En vez de pensar si la moratoria sigue o no, es importante ver todo el paquete”, aseguró Rafael Rofman quien prefirió no tomar partido por ninguno de ellos.

Entre los dictámenes presentados en el Congreso, uno de los puntos más discutidos fue el valor de los haberes. El dictamen de mayoría (Unión por la Patria) propone un aumento del 7,2% desde la sanción de la ley (es el aumento que no se contempló en la último ley de movilidad correspondiente a enero de 2024), y una actualización del bono a $115.000, incorporándolo al haber y con movilidad. La primera minoría (los radicales disidentes del bloque Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica) también contempla el mismo porcentaje de aumento, pero con un bono menor, de $100.000 a mayo de 2025, e incluye una propuesta para identificar fuentes de financiamiento. 

Otro eje de debate gira en torno a qué hacer con las prestaciones para quienes no reúnen 30 años de aportes. De nuevo el mayoritario de Unión por la Patria propone extender la moratoria vigente por dos años más, permitiendo regularizar aportes hasta 2010, e incluir a mujeres en la PUAM desde los 60 años en vez de los 65 actuales. 

En cambio, varios dictámenes de minoría sugieren abandonar esta lógica de moratorias periódicas y adoptar esquemas de proporcionalidad, donde los beneficios se ajusten a los años de aporte efectivamente realizados. Por ejemplo, DPS y EF proponen una Prestación Proporcional por Vejez equivalente al 85% de la PBU más los componentes PC y PAP, sumado a un suplemento previsional adicional. La UCR propone algo similar pero con una tasa del 70%, y PRO directamente plantea instaurar una Prestación Básica universal (similar a la PUAM) complementada con un haber proporcional calculado sobre la base de todos los aportes registrados.

En un Congreso fragmentado y con reformas parciales en disputa, la propuesta integral de CIPPEC gana peso en los despachos oficiales. La pregunta es si, cuando llegue el momento, habrá consenso político para avanzar.

NR/MG