Guzmán se la juega en las próximas semanas entre tarifas y FMI

En la misma semana en que se cumplieron 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte, quizás Martín Guzmán haya puesto en práctica aquella frase del emperador francés de que “a veces hay que retroceder dos pasos para avanzar uno”. El ministro de Economía cometió el error de perder su habitual y sorprendente paciencia cuando el pasado 30 de abril echó calificando de “incompetente” al subsecretario de Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo, despido que terminó frenando la vicepresidenta, no porque estuviera en desacuerdo con el desplazamiento en sí sino por la forma en que se lo intentó ejecutar, con destrato. 

Guzmán no pudo remover a un subsecretario de su ministerio y no sólo su poder quedó herido sino también el de Alberto Fernández, que lo había apoyado. Además, el ministro que había domado a los acreedores externos y al dólar en 2020 viene vapuleado por una inflación que no logra controlar y por los cierres de actividades económicas por una segunda ola del Covid-19 que él no previó en el Presupuesto y que ahora estalla en demandas sociales. El economista de 38 años que recaló de la Universidad de Columbia, en Nueva York, directo en el Palacio de Hacienda debió tragarse a Basualdo, pero es tan empecinado en sus ideas como Cristina Fernández de Kirchner e insistirá con la segmentación de las tarifas. Claro que ella tiene los votos y el poder. 

“Un tema que aumentó su visibilidad en el debate público en los últimos días y que es importante es el de los subsidios energéticos en los cuales se gasta una parte importante de nuestro presupuesto”, sostuvo Guzmán este viernes en un acto con Fernández. “Tenemos que ser autocríticos al respecto. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro rico -dijo Guzmán, días después de que elDiarioAR publicara que el 20% más rico de los argentinos recibe más subvenciones a la luz y el gas natural que el 20% más pobre-. En un país con un 57% de pobreza infantil estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas en una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba ese subsidio. Barrios en donde vive gente de altos ingresos. Cuando esos recursos tienen que ser utilizados para aquello que más necesita la sociedad argentina hoy.”

Guzmán aceptó un aumento de sólo el 9% de la tarifa de luz en mayo, pero insiste en que, haya o no un segundo incremento este año, como él quiere, lo que debe avanzar a toda velocidad es la segmentación de tarifas según ingresos. Encargó esta semana a su viceministro, Fernando Morra, que acelerara este mes la tarea que antes estaba en cabeza de Basualdo. Morra comenzó el trabajo con el secretario de Energía, Darío Martínez, no directo con el subsecretario, que esta semana rompió el bajo perfil para fotografiarse en una visita a Luz y Fuerza. El viceministro espera que cuanto antes los entes reguladores de la electricidad y del gas, el ENRE y el Enargas, aprueben la segmentación y para ello sus titulares, otros dos cristinistas, Soledad Manin y Federico Bernal, deben cruzar datos con las distribuidoras. No hay obstáculos para que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aporte información sobre ingresos sin violar el secreto fiscal, pero aún deben estructurarse bases de datos y diseñarse umbrales para cada tarifa. En YPF, joya preciada por la vicepresidenta, esperan que el aumento de gas sea más considerable que el de luz. 

Guzmán reconoce que su continuidad en el cargo no depende de la de Basualdo, pero sí de lo que ocurra en las próximas semanas con la segmentación y otras cuestiones cruciales como la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París (grupo de naciones acreedoras, con Alemania, Japón e Italia a la cabeza). Este lunes, Fernández se llevará a Guzmán a su gira por Portugal, España, Francia, Italia y el Vaticano, donde coincidirán con el papa Francisco y la católica directora gerenta del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. El vocero del Fondo, Gerry Rice, dijo el jueves pasado que no tenía conocimiento de un eventual encuentro entre el Presidente y Georgieva, pero tampoco se descarta. Igual, para llegar a un acuerdo con el FMI que evite un default con el Club de París en julio próximo, se necesita el voto del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos. Con sus exigencias a los ricos para sostener a los pobres, su pedido de liberación de patentes de vacunas contra el Covid-19 y su impulso a una solución negociada en Venezuela, el católico presidente norteamericano entusiasma a Fernández y al Papa. Veremos si la simpatía se traslada al directorio del Fondo, donde Estados Unidos tiene poder de veto.

Pero el acuerdo depende primero de una decisión política interna de la Argentina, según reconoce una alta fuente del Gobierno. Falta que Cristina Kirchner le dé la venia a Guzmán para avanzar. La vicepresidenta considera que en plena campaña electoral el Gobierno no puede comprometerse a un ajuste como el que suele imponer cualquier programa del Fondo. Hay que ver si se negocia uno con menos condicionamientos de lo habitual. Además, el ministro se ha comprometido a pasar un eventual pacto por el Congreso, donde el Senado está dominado por la vicepresidenta. La Comisión de Presupuesto de esta cámara aprobó este jueves un dictamen para prohibir que los derechos especiales de giro (DEG) que el FMI inyectará en unos meses a los países miembro para afrontar la pandemia sean usados por Guzmán para saldar deudas con el propio organismo, con el que comienzan a vencer fuertes pagos en septiembre y diciembre. El ministro de Economía está de acuerdo con eso, pero alega que para concretarlo se necesita un convenio con el FMI que postergue esos vencimientos.  

Detrás de las peleas internas del Frente de Todos por las tarifas, el Fondo o la reinstauración del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Guzmán considera que subyace el debate de si existen límites al financiamiento monetario de un mayor gasto público sin que ello impacte en un aumento aún superior de la inflación o un rebrote del dólar. Ante quienes le reclaman que reparta la recaudación extra no presupuestada que consiguió con el alto precio de la soja y el aporte solidario de las grandes fortunas, él responde que tampoco en la ley del gasto estaban previstos tantos Repro II (en dos meses se duplicó la cantidad de empresas afectadas por la pandemia que accedieron al subsidio salarial del plan de Reconversión Productiva) ni la ampliación de montos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta Alimentar y el programa Potenciar Trabajo (por el que los trabajadores de la economía popular, incluidos los de movimientos sociales, pero también otros reclutados por provincias y municipios o independientes, reciben medio salario mínimo a cambio de media jornada laboral o de capacitación). Esta semana decidieron perdonar las contribuciones patronales a las compañías que reciban el Repro II y se analiza repetir en mayo el pago de $ 15.000 a familias beneficiarias de la AUH, que se distribuyó en abril. Igual, el Gobierno defiende que este año la actividad económica no se cerró tanto como en 2020. Frente a los K pero también a los albertistas que lo acusan de ajuste fiscal cuando hay necesidades de pandemia y en un año electoral, Guzmán defiende que más no se puede aumentar el gasto y que entonces debe debatirse cómo mejorar su calidad. Y es ahí donde aparece la discusión sobre los subsidios a la energía, cuyo aumento respecto de 2020 tampoco estaba presupuestado y cuyo monto supera al de todos los programas sociales. El ministro quiere gastar menos en subvenciones y más en obra pública. Cuando se le pregunta si no es lo mismo que quería Cambiemos, responde que Macri creó una tarifa social, pero no segmentó por ingresos, quiso que las obras se hicieran con los frustrados proyectos público-privados (PPP) y estaba en contra de los impuestos.

Otros rubros donde se nota un mayor gasto es en salarios financiados por el Estado. Después de un primer trimestre de ajuste tanto en remuneraciones como en jubilaciones, “donde más duele”, como señaló el economista opositor Jorge Sarghini en elDiarioAR, el Gobierno pasó de mantenerse firme en las paritarias con un pauta salarial del 33% a admitir un 35% para los profesores universitarios o un 37% para los ferroviarios. Es que la inflación se llevó puesta la moderación de los sueldos. 

Más allá de las tensiones internas, este miércoles Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof se sacaron la “foto de la unidad”, como dijo el Presidente. Y lo hizo en un acto en el que la vicepresidente eligió el silencio, y no las diatribas contra los funcionarios que no funcionan o críticas por el estilo. Nada de apuntar contra Guzmán. No está endeble el ministro sino sus planes para 2021, ya sea en cuanto al crecimiento como la inflación previstas. Al menos recauda más de lo presupuestado, aunque eso también le trae problemas. “A Cristina no le importa la cabeza de Guzmán, ni pide a Augusto Costa en su reemplazo, sino que él haga algunas cosas que ella pide. Tampoco le importaba la cabeza de (Marcela) Losardo sino que hiciera lo que ella pedía en el Ministerio de Justicia”, explican en la Casa de Gobierno. “A Guzmán le interesa el equilibrio fiscal y a la vicepresidenta, el equilibrio social”, observan desde el cristinismo, pero con esa frase se muestran también comprensivos con el ministro. 

En la Casa Rosada defienden al ministro de Economía y recuerdan que a él le reprochan una inflación impulsada por la suba de los alimentos, pero nadie dice nada contra su par de Agricultura, el cristinista Luis Basterra, que se dedica a calmar a la Mesa de Enlace, enojada por las amenazas nunca concretadas de cierres o más retenciones a las exportaciones que suelta la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. El presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, sigue dialogando con el Gobierno, pese a que se lo reprocha su rival en la interna del 31 de mayo, Nicolás Pino, apoyado por el ex ministro de Agricultura macrista Luis Miguel Etchevehere. Pero al mismo tiempo Pelegrina impulsó esta semana otro comunicado del Foro de Convergencia Empresarial sobre un tema bien político, en contra de la reforma del Ministerio Público que impulsa el sucesor de Losardo, Martín Soria. El ruralismo también advirtió contra el mensaje del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, sobre la campaña mundial de lunes sin consumo de carnes.

Pero también la oposición irrita al empresariado. La Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Obrera de la Construcción se unieron para quejarse de la suspensión de grandes obras privadas que dispuso Horacio Rodríguez Larreta ante la segunda ola del Covid-19 y que afecta a 62.000 trabajadores. Los empresarios propusieron certificar que los viajes de los albañiles se hagan sin transporte público. Son los mismos que negocian con la Nación una ampliación de plazos para el blanqueo de la construcción, mientras se entusiasman con la definición de obras prioritarias en el Consejo Económico y Social que avanza de la mano de Gustavo Beliz. Los constructores no entienden por qué Rodríguez Larreta los cerró a ellos, mientras hace la vista gorda para controlar restaurantes y gimnasios que siguen funcionando puertas adentro. 

Hay empresarios a los que no les entusiasma tanto el ascenso del jefe de gobierno porteño ni una eventual victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas de noviembre próximo. No es que no simpaticen con ellos, pero temen que una derrota del Frente de Todos debilite aún más a Fernández y eso empeore la economía. Ven que Cristina Kirchner y La Cámpora ya toman las riendas que Guzmán no puede domar para impedir una caída en las urnas. 

En el mundo sindical, mientras, acercan demandas al Gobierno que los representa. Este jueves, Fernández recibió a la cúpula de la CGT. Los sindicalistas pidieron por los giros de fondos a las obras sociales, un clásico renovado por las necesidades de la pandemia. Pasaron de soñar con que los salarios le ganaran a la inflación a reclamar que no terminen perdiendo. Uno de los presentes dijo que hablaron de un eventual IFE, pero en la Casa Rosada negaron que lo hubiesen comentado en la reunión. A la CTA de los Trabajadores, que conduce el diputado oficialista Hugo Yasky, no la recibió el Presidente, pero sí el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para presentarle un proyecto de ley que cree comités de seguridad e higiene en todas las empresas para que los trabajadores también decidan sobre las medidas de prevención contra un virus que sigue batiendo récords diarios de muertes.

AR