La batalla por la tarifa de luz: entre la injusta distribución de los subsidios y los empresarios detrás del negocio

Detrás de la pelea entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo, está la premura del primero por aplicar este año, y no el próximo, la segmentación de las tarifas por ingresos de los hogares. No es que Basualdo esté en contra de hacerlo ni que defienda los 12 años de congelamiento que rigieron durante el kirchnerismo, pero no la implementó en el plazo que el ministro deseaba. Ambos están de acuerdo en que la falta de segmentación conduce a una injusta distribución de los subsidios a las tarifas.

Y esa inequidad ha quedado demostrada en un paper que la Universidad Nacional de La Plata, la misma donde se formó y enseña Guzmán, publicó en septiembre pasado. Lo elaboraron los expertos Fernando Giuliano, María Ana Lugo, Ariel Masut y Jorge Puig, del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas). Allí se concluye que el 20% de los argentinos más ricos recibe más subsidios energéticos que el 20% más pobre. Y eso no cambió en el gobierno de Mauricio Macri, pese al recorte de las subvenciones que había heredado del de Cristina Fernández de Kirchner.

A principios de 2016, cuando aún la administración de Cambiemos no había ejecutado el tarifazo, el 20% más pobre recibía el 14,4% de los subsidios de la electricidad y el 9,7% de los del gas natural (el que viene por cañerías), mientras que el 20% más rico percibía el 26,1% de los primeros y el 31,7% de los segundos. Después del alza de tarifas y el consiguiente recorte de ayudas, la “incidencia distributiva no parece haber cambiado sustancialmente”, concluye el estudio. Sucede que a principios de 2019, antes de que Macri iniciara el nuevo congelamiento que ahora finaliza, al quinto de argentinos más pobres se le transfería el 16,8% de las subvenciones a la luz y el 10% de las del gas natural, al tiempo que el quinto más rico embolsaba el 22,9% de las primeras y el 29% de las últimas.

En cambio, el subsidio a la garrafa llega en mayor proporción a los hogares pobres que a los adinerados. Claro que son los que más la consumen.

“Las subvenciones a la energía en la Argentina continúan siendo pro-ricos”, advierte el documento del Cedlas. “La implementación de la tarifa social (en 2016) proporciona ideas interesantes. Aunque es relativamente favorable a los pobres, con una tasa de cobertura significativamente más alta de los hogares más pobres y una cobertura significativamente menor entre el decil más rico (10% de la sociedad con más ingresos), hay algunos errores de exclusión en los deciles de ingresos más bajos y grandes errores de inclusión en los deciles de ingresos medios y altos”, continúa el trabajo. De hecho, uno de cada 20 de los hogares más ricos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibe la tarifa social, sobre todo con el argumento de que perciben la jubilación mínima. “El efecto distributivo se explica por el hecho de que los subsidios generalizados a todas las categorías de consumo coexisten con una tarifa social relativamente bien focalizada”, finaliza el estudio.

Pero Basualdo, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex investigador del área económico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), considera que la situación social y económica de la Argentina impiden más un aumento este año, con lo que la segunda alza segmentada debería quedar para 2021. Su jefa política, Cristina Kirchner, también teme el impacto electoral de una suba que afecte en el bolsillo y en el de por sí indomable índice de precios al consumidor (IPC).

En cambio, a Guzmán le preocupa seguir ajustando el déficit fiscal, dado que también impacta en la inflación. En ese sentido, los subsidios, que había finalizado el segundo gobierno de Cristina Kirchner en 2015 en un 2,9% del PBI, bajaron con Macri en 2019 al 1,1% y repuntaron en el primer año de Alberto Fernández en 2020 al 1,7%. El ministro de Economía quiere mantenerlos en ese nivel, pero si las tarifas sólo aumentan una vez 9% en 2021, consultores de energía pronostican que llegará al menos al 2,2%.

Detrás de la pelea entre Guzmán y Basualdo también reside la polémica sobre las inversiones y la rentabilidad del sector de la electricidad. Basualdo sostiene que las empresas del negocio eléctrico ganaron demasiado en los tiempos de Mauricio Macri. Guzmán no lo discute, pero está favor de darles dos aumentos y no uno solo en 2021.

Pero además de ellos en este debate también tercian grandes empresas nacionales y multinacionales. Por un lado, están las distribuidoras y transportistas, cuyas tarifas se han discutido en audiencia pública, y por otro, las generadoras, cuyo precio es fijado por la Secretaría de Energía, que conduce el neuquino Darío Martínez, un observador en la tensión entre el ministro y el subsecretario. Veamos cuáles son las compañías protagonistas del tira y afloje:

-Edenor: aún falta que las autoridades de Defensa de la Competencia autoricen su venta de Pampa Energía (la empresa de Marcelo Mindlin) a un consorcio que integran Mauricio Filiberti, rey del negocio del cloro; Daniel Vila y José Luis Manzano, socios del grupo de medios América. Manzano, también dueño de la distribuidora mendocina Edemsa y accionista minoritario de Metrogas (dominada por YPF), vino esta semana de Ginebra, donde reside, para seguir esta aprobación así como la discusión de la tarifa.

-ENEL: antigua eléctrica estatal italiana, fue privatizada en 1992 y es la dueña de Edesur y de uno de los cuatro principales grupos de generación de la Argentina, que cuenta con las centrales Costanera, Dock Sud y El Chocón. Su CEO global es Francesco Starace y el local era hasta hace pocos días otro italiano, Nicola Melchiotti, que el año pasado enfrentó la embestida de intendentes peronistas del sur del Gran Buenos Aires, que pedían la estatización de Edesur por los cortes de luz, y que ahora pasará a ocupar un cargo en la estructura internacional del grupo. Su reemplazante interino será su antecesor, Maurizio Bezzecheri, que ocupa el cargo de director general para América Latina.

-Pampa Energía: la firma de Mindlin controla la mayor transportista eléctrica del país, Transener, y uno de los dos principales conglomerados de generación, con 15 centrales, incluidas Pichi Picún Leufú, Loma La Lata, Ensenada Barragán, Güemes, Piedra Buena y Genelba. Transener, a su vez, es dueña de otra transportista, la bonaerense Transba. Mindlin armó su grupo durante el kirchnerismo, pero hizo buenos negocios con Macri, además de comprarle a su familia la constructora IECSA, rebautizada SACDE.

-Central Puerto: es junto con Pampa el otro gran grupo que produce electricidad en la Argentina. Sus principales accionistas son Guillermo Reca, Eduardo Escasany -uno de los dueños del Grupo Financiero Galicia-, Claudio Pérez Moore y Nicolás Caputo, el amigo del alma de Macri que también es propietario de Mirgor (fabricante de autopartes y electrónicos).

-AES: completa el conjunto de cuatro grandes generadores, es de Virginia, Estados Unidos. Su CEO global es el venezolano Andrés Gluski. En la Argentina cuenta con ocho centrales, entre ellas Alicurá y San Nicolás, y está dirigida por Martín Genesio.

El presupuesto 2021 prevé subsidios para compensar el costo de generación, pero consultores privados consideran que serán mayores a los previstos. Como las distribuidoras no logran recaudar de sus usuarios lo suficiente para pagar la energía a las centrales, han ido acumulando una abultada deuda de $ 142.000 millones con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), que integra el Estado, que asume las pérdidas, y las generadoras, que terminan cobrando lo suyo. De acuerdo con la ley de presupuesto 2021, la Secretaría de Energía oficializó el mecanismo por el que se condona parte de ese pasivo y el resto se cobrará en cuotas en cinco años. Los principales deudores son Edesur, con 20.800 millones; Edenor, con 18.000 millones, la estatal santafesina Empresa Provincial de Energía (EPE), con 15.356 millones; Electricidad de Misiones (EMSA), con 12.623 millones; la chaqueña Secheep, con 10.000 millones; Edemsa, con 9.813 millones y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), 6.758 millones.

AR