La caída del decreto antidesalojos acelera la puja entre inquilinos y propietarios

Gisele Gerónimo tiene 35 años y vive en Puerto Madryn con sus cinco hijos. Hasta marzo, trabajaba en la limpieza de casas particulares y un gimnasio, pero con el inicio de la pandemia perdió todas sus fuentes de ingresos y empezó a atrasarse con el alquiler. Les ofreció a los propietarios saldar parte de la cuenta mensual con lo que cobra de AUH, pero no accedieron. Primero le cortaron el gas, después comenzaron las amenazas y, la noche del sábado 31 de octubre, un grupo de 15 hombres armados, entre ellos el hijo de los propietarios, irrumpió en su casa para desalojar a su familia por la fuerza. Con siete meses de deuda sobre los hombros, Gisele deambuló con sus hijos hasta que consiguió que un conocido le prestara un lugar para vivir hasta marzo.  

Los desalojos están suspendidos desde el 29 de marzo pasado, fecha en que el Gobierno nacional emitió el decreto 320/2020. El texto también dispuso la renovación automática de los contratos y postergó el cobro de los aumentos hasta el vencimiento de la norma, primero fijado para el 30 de septiembre y luego prorrogado hasta el 31 de enero. Aun en este contexto, muchos inquilinos no pudieron protegerse y fueron expulsados de sus viviendas por falta de pago mediante acciones de facto. Ahora, cuando faltan pocas semanas para que caiga el decreto, desde distintos sectores advierten sobre una posible ola de desalojos.

“No hay razones para pensar que, de acá a enero, un inquilino va a estar en una situación igual a la anterior a la pandemia o, menos probable todavía, mejor, lo que sería necesario para pagar el alquiler más la deuda adquirida. Si no se prorroga el decreto o se impulsa una política seria de desendeudamiento y de vivienda de alquiler, el riesgo de una crisis es muy grande”, dijo Leandro Vera Belli, investigador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y parte del colectivo Habitar Argentina, que nuclea a más de 60 organizaciones.

El DNU vigente no suspendió los aumentos sino que difirió su cobro y generó una deuda que deberá ser afrontada, junto con los alquileres atrasados y sus intereses compensatorios, en hasta seis cuotas a partir de febrero. Esto expone al riesgo de perder su techo al 42,3% de las familias inquilinas que tiene deudas de alquiler, según una encuesta realizada en septiembre por el CELS y el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad de San Martín.

El estudio, que se basa en 805 casos del Área Metropolitana de Buenos Aires, reveló que el 66,5% de los hogares inquilinos tuvo menos ingresos y necesitó endeudarse para cubrir gastos cotidianos, devolver dinero a familiares o amigos y cubrir expensas e impuestos. Además, el 40% de las personas que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lo destinaron al alquiler y ya no pueden contar con ese beneficio, que el Gobierno dio de baja luego de ejecutar tres rondas.  

En diálogo con elDiarioAR, Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, reconoció que el “sobrendeudamiento de las familias” es uno de los problemas más graves que tiene la Argentina hoy. “Los sectores medios pagan el mínimo de la tarjeta y patean para adelantar o no pagan las expensas o el colegio de los hijos, pero los más pobres toman crédito en la financiera de la esquina al 200% de interés anual y no sólo utilizan el IFE y distintos programas sociales para compensar esas deudas sino que, como no les alcanza, vuelven a tomar crédito para pagar crédito”, detalló. 

Consultado sobre qué herramientas ofrece el Estado para hacer frente a esta situación, Arroyo señaló el programa de microcréditos no bancarios con 3% de interés anual, que fue lanzado en marzo pasado. Si bien se pensó para promover los emprendimientos personales, podría ser también un instrumento de desendeudamiento incluso para el 40% de la población que trabaja en la informalidad y no cumple los requisitos de acceso al sistema bancario. 

Durante este año se vivieron momentos de tensión social vinculados a la problemática habitacional, lo que contribuyó a la decisión del Gobierno de desplazar a María Eugenia Bielsa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El conflicto más emblemático fue la toma de terrenos en Guernica que, según un relevamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue protagonizada en un 85% por personas que “alegaron desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler”. Si bien todavía no definió medidas, el nuevo ministro del área, el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, ya está al tanto del peligro de la ola de desalojos, preocupación que les llevaron personalmente al despacho en las últimas semanas el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, y otras organizaciones del sector. 

Para Muñoz, la falta de medidas podría generar un escenario de tensión social similar al de la toma de Guernica, pero de otras características. “No creo que se vaya a repetir el mismo escenario porque los sectores más bajos, que son los que estuvieron en Guernica, ya fueron desalojados. Cuando finalice el decreto, se va a desalojar a los sectores que pudieron resistir la crisis; medios bajos que, por lo general, no terminan en tomas sino hacinados en lugares más chicos y precarios o se vuelven a lo de un familiar”, apuntó. 

María Elisa Rocca, directora general de Vivienda Asequible del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), coincidió en el diagnóstico y definió a la situación actual de los inquilinos endeudados como una “olla a presión”. Frente a este escenario, el organismo porteño prepara un programa de “acompañamiento” para modular el impacto y evitar que sean expulsadas de sus viviendas aquellas personas que ya no tienen “ningún escalón que bajar” y están en riesgo de quedarse en la calle. 

El programa consiste en que, ya iniciado el juicio de desalojo, el Estado pueda intervenir en las primeras instancias de mediación y proponer como alternativa para el acuerdo entre las partes hacerse cargo del 70% del valor del alquiler por un período máximo de 12 meses. Si está en condiciones, el inquilino puede completar el otro 30%, pero si no, se pone a disposición para el propietario sólo ese 70% solventado por el Estado, que el inquilino no tiene obligación de devolver. El propietario puede aceptar el acuerdo, en cuyo caso debe renunciar a continuar el juicio de desalojo. 

“La intención es generar una ventana de tiempo para que las familias que durante la pandemia perdieron el 50% de sus ingresos o más puedan acomodar su situación o relocalizarse”, explicó Rocca, y calculó que el programa podría alcanzar en una primera etapa a 500 hogares de inquilinos, focalizados en las comunas “más frágiles”, donde se estima que los propietarios necesitan la renta para compensar ingresos perdidos. Si bien los detalles del programa todavía no están cerrados, se prevé considerar alquileres de hasta $50.000, pero con un tope para la ayuda mensual de $30.000, lo que podría significar un poco menos del 70% en el caso de los alquileres más caros contemplados. 

El programa de la Ciudad todavía está en elaboración y, si bien el universo al que apunta en una primera etapa es a sólo 500 familias, podría modificarse de acuerdo al presupuesto y los detalles finales de la iniciativa.

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