Antes de emprender su viaje oficial a Estados Unidos el ministro de Economía anunció una mejora en los términos de liquidación para los exportadores de soja, que recibirán $200 por cada dólar. Anticipándose a las críticas que podrían llegar de su propio espacio político por decidir, en medio de una crisis, otorgarle beneficios a uno de los sectores más privilegiados de la economía, Massa anunció que parte de lo recaudado se destinará a una nueva herramienta de ayuda social.
Según precisó, se definirá un programa administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que estará orientado a financiar sectores vulnerables que “sienten que los programas sociales no los alcanzan”. En la conferencia de prensa del domingo por la noche evitó dar mayores precisiones y dijo que su alcance dependerá de lo que efectivamente se logre recaudar con el esquema de “dólar soja”.
El decreto 576/2022 publicado este lunes en el Boletín Oficial sumó una pista. La norma especifica que con lo recaudado se creará un fondo que, además de atender necesidades de las economías regionales, irá a “una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.
Si bien en el entorno de Massa evitaron confirmarlo, los términos plasmados en el texto oficial evidencian que podría motorizarse el proyecto impulsado por los senadores del Frente de Todos Juliana Di Tullio y José Mayans diseñado para personas en situación de indigencia, que tiene también el aval del sector identificado con Juan Grabois.
La iniciativa crea una prestación monetaria mensual para las mujeres de entre 25 y 59 años y los varones de entre 25 y 64 con ingresos menores a la canasta básica alimentaria (la que traza la línea de indigencia), que según el Indec en julio fue de $16.008 para un adulto.
La asignación tendría el valor de esa canasta y sería solo para las personas que no perciben ningún otro programa social. Por eso resuena la frase de Massa, que anticipó que la medida se enfocará en aquellos que “sienten que los programas sociales no los alcanzan”.
Este proyecto, que fue presentado el 8 de agosto y alcanza a un universo aproximado de 1,7 millones de personas, prevé un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 (prevé pagos en octubre, noviembre y diciembre) y 0,44% para el 2023.
En el entorno del diputado del Frente Patria Grande Itai Hagman señalaron que todavía no están definidos los detalles del programa, pero que la decisión de Massa tiene que ver con los términos que su espacio venía discutiendo con el ministro. Según señalaron, se habló de una trasferencia de ingresos por tres meses (octubre, noviembre y diciembre) para los “sectores más vulnerables” e incluso intervino directamente la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para terciar en ese sentido. Es decir, para que el esquema de beneficios al campo tuviera como contracara una medida destinada a las familias más postergadas.
“No es exactamente el proyecto de Di Tullio esto que se va a anunciar, pero la idea es seguir impulsando tanto ese debate como el del proyecto del Salario Básico Universal para que más adelante pueda salir por ley”, precisaron a elDiarioAR.
Massa fue claro en que el programa dispuesto por Anses no podrá poner en riesgo el principio del orden fiscal y las metas fijadas, por lo que sería extraño que la medida se oficialice con vigencia indeterminada. Incluso en el decreto habla de una prestación “extraordinaria”. Como antecedente aparece el anuncio que hizo algunos días atrás junto a la titular de Anses, Fernanda Raverta, de duplicación de las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia. La medida es solo por tres meses y está fondeada en los adelantos del impuesto a las ganancias que se les exigieron a las empresas de mayores ingresos.
En el mismo sentido, se espera que el refuerzo para personas en situación de indigencia tenga un alcance consistente con el nivel de recaudación que consiga el régimen del dólar soja. Por este motivo, Anses “deberá construir un instrumento sobre la base de cuál termina siendo efectivamente la recaudación”, post 30 de septiembre.
Economía pretende que se liquide un piso de US$5.000 millones a lo largo de septiembre, US$1.000 millones de los cuales llegarían en las primeras 72 horas. Sin embargo, la aspiración es que el número final sea mayor. El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Jose Ignacio De Mendiguren, aseguró este lunes en diálogo con Futurock que en la reunión previa a los anuncios “muchos representantes de las cerealeras dijeron, textualmente, que podría haber una avalancha de ventas”. De que exista esa avalancha o no dependerá el alcance de la ayuda social.
DT