Retenciones: las razones políticas y económicas por las que el Gobierno no las impulsa

En 2018, tras una fuerte devaluación y el regreso del Fondo Monetario Internacional, el entonces presidente Mauricio Macri le pidió al campo “un último esfuerzo temporal”. Frente a un auditorio convocado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que lo recibió con un fuerte aplauso, explicó su decisión de aumentar las retenciones a la exportación. “No hay otro camino”, dijo.   

Cuatro años después, en un contexto internacional en el que una pandemia y una guerra dispararon el precio de los alimentos, el discurso de la oposición es otro. Y, según explicó el presidente Alberto Fernández, es justamente la actitud de sus adversarios políticos y su esperable reflejo en una eventual votación en el Congreso lo que lo disuade de impulsar una suba de retenciones, aun cuando las considera el “instrumento idóneo” para desacoplar precios internos y externos. 

El Ejecutivo no cuenta con la delegación de facultades del Congreso para modificar los tributos a la exportación, dado que el 31 de diciembre de 2021 venció la ley que lo habilitaba. Esa ley, llamada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, había sido sancionada en diciembre de 2019, no bien asumió el gobierno del Frente de Todos. 

Con esa atribución el Poder Ejecutivo aumentó tres puntos porcentuales las retenciones a la soja (actualmente de 33% para el poroto) y dispuso del margen para subir las de trigo y maíz del 12% actual al 15%, algo que no hizo. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, incluyó en el Presupuesto 2022 un artículo que prorrogaba esta potestad hasta 2024 pero, al no ser aprobado en el Congreso, este punto quedó en suspenso. 

De todos modos, esto no alcanza para explicar plenamente la decisión de no avanzar. En estas mismas condiciones, con las facultades vencidas para hacerlo, el Gobierno decidió en diciembre pasado bajar retenciones para economías regionales y, en marzo de este año, subir dos puntos porcentuales las retenciones para harina y aceite de soja.

Es cierto que esa estrategia del Ejecutivo no fue gratis y le abrió un nuevo frente judicial. En febrero la Sociedad Rural Argentina junto con la Sociedad Rural de Jesús María ya habían presentado en los tribunales federales de Córdoba una “acción colectiva” de amparo argumentando la inconstitucionalidad de las actuales retenciones ante la falta de Presupuesto. Esta semana hubo novedades en esa causa. La Justicia cordobesa aceptó la apelación que hizo la AFIP, que argumentó que que la SRA no tiene potestad para representar a la totalidad de los productores rurales afectados por las retenciones.

Más allá de la dimensión política, si es que acaso es posible separarlas, ¿hay argumentos económicos para no avanzar con las retenciones? Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Empiria, que dirige el exministro Hernán Lacunza, sí los hay. 

“Por un lado, seguís castigando a un sector que es el que más dólares te aporta, y el Gobierno todavía tiene que transitar 2023. Ya solo la expectativa de que llegue al poder un nuevo color político, que imponga menos retenciones o tenga un mayor nivel del tipo de cambio, podría generar que no tengas una buena liquidación en 2023”, apuntó. Esto quiere decir: los productores podrían retener sus granos, no venderlos, hasta que se resuelvan las elecciones presidenciales. Guzmán transparentó sus reparos a las retenciones en una entrevista reciente: “Para poder darle continuidad a la recuperación económica, la Argentina necesita dólares”.

Por otra parte, Paolicchi considera que “desincentiva que las exportaciones crezcan en cantidades”. “Hoy no están creciendo en volumen y, si llegan a caer los precios, el impacto comercial sería muy significativo”, dijo. Otra pregunta que se hace el Gobierno es si, de hacerlo, el esfuerzo político generaría un reflejo de la misma magnitud en los números. “Hoy el 75% de los rubros crece a más de 4% mensual; el problema no está solo en el trigo, maíz o soja”, advirtió el economista. 

Es cierto que la suba de un par de puntos de retenciones serviría para suavizar la diferencia de precios, pero podría ser insuficiente frente a un escenario en el que el precio de los alimentos se disparó a niveles récord. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), los alimentos subieron 33,6% en promedio en 2021 y se espera que suban otro 23% este año. En marzo de 2022 se registró el mayor salto desde el inicio de los registros, en 1990.

DT

En 2018, tras una fuerte devaluación y el regreso del Fondo Monetario Internacional, el entonces presidente Mauricio Macri le pidió al campo “un último esfuerzo temporal”. Frente a un auditorio convocado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que lo recibió con un fuerte aplauso, explicó su decisión de aumentar las retenciones a la exportación. “No hay otro camino”, dijo.   

Cuatro años después, en un contexto internacional en el que una pandemia y una guerra dispararon el precio de los alimentos, el discurso de la oposición es otro. Y, según explicó el presidente Alberto Fernández, es justamente la actitud de sus adversarios políticos y su esperable reflejo en una eventual votación en el Congreso lo que lo disuade de impulsar una suba de retenciones, aun cuando las considera el “instrumento idóneo” para desacoplar precios internos y externos. 

El Ejecutivo no cuenta con la delegación de facultades del Congreso para modificar los tributos a la exportación, dado que el 31 de diciembre de 2021 venció la ley que lo habilitaba. Esa ley, llamada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, había sido sancionada en diciembre de 2019, no bien asumió el gobierno del Frente de Todos. 

Con esa atribución el Poder Ejecutivo aumentó tres puntos porcentuales las retenciones a la soja (actualmente de 33% para el poroto) y dispuso del margen para subir las de trigo y maíz del 12% actual al 15%, algo que no hizo. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, incluyó en el Presupuesto 2022 un artículo que prorrogaba esta potestad hasta 2024 pero, al no ser aprobado en el Congreso, este punto quedó en suspenso. 

De todos modos, esto no alcanza para explicar plenamente la decisión de no avanzar. En estas mismas condiciones, con las facultades vencidas para hacerlo, el Gobierno decidió en diciembre pasado bajar retenciones para economías regionales y, en marzo de este año, subir dos puntos porcentuales las retenciones para harina y aceite de soja.

Es cierto que esa estrategia del Ejecutivo no fue gratis y le abrió un nuevo frente judicial. En febrero la Sociedad Rural Argentina junto con la Sociedad Rural de Jesús María ya habían presentado en los tribunales federales de Córdoba una “acción colectiva” de amparo argumentando la inconstitucionalidad de las actuales retenciones ante la falta de Presupuesto. Esta semana hubo novedades en esa causa. La Justicia cordobesa aceptó la apelación que hizo la AFIP, que argumentó que que la SRA no tiene potestad para representar a la totalidad de los productores rurales afectados por las retenciones.

Más allá de la dimensión política, si es que acaso es posible separarlas, ¿hay argumentos económicos para no avanzar con las retenciones? Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Empiria, que dirige el exministro Hernán Lacunza, sí los hay. 

“Por un lado, seguís castigando a un sector que es el que más dólares te aporta, y el Gobierno todavía tiene que transitar 2023. Ya solo la expectativa de que llegue al poder un nuevo color político, que imponga menos retenciones o tenga un mayor nivel del tipo de cambio, podría generar que no tengas una buena liquidación en 2023”, apuntó. Esto quiere decir: los productores podrían retener sus granos, no venderlos, hasta que se resuelvan las elecciones presidenciales. Guzmán transparentó sus reparos a las retenciones en una entrevista reciente: “Para poder darle continuidad a la recuperación económica, la Argentina necesita dólares”.

Por otra parte, Paolicchi considera que “desincentiva que las exportaciones crezcan en cantidades”. “Hoy no están creciendo en volumen y, si llegan a caer los precios, el impacto comercial sería muy significativo”, dijo. Otra pregunta que se hace el Gobierno es si, de hacerlo, el esfuerzo político generaría un reflejo de la misma magnitud en los números. “Hoy el 75% de los rubros crece a más de 4% mensual; el problema no está solo en el trigo, maíz o soja”, advirtió el economista. 

Es cierto que la suba de un par de puntos de retenciones serviría para suavizar la diferencia de precios, pero podría ser insuficiente frente a un escenario en el que el precio de los alimentos se disparó a niveles récord. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), los alimentos subieron 33,6% en promedio en 2021 y se espera que suban otro 23% este año. En marzo de 2022 se registró el mayor salto desde el inicio de los registros, en 1990.

DT

En 2018, tras una fuerte devaluación y el regreso del Fondo Monetario Internacional, el entonces presidente Mauricio Macri le pidió al campo “un último esfuerzo temporal”. Frente a un auditorio convocado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que lo recibió con un fuerte aplauso, explicó su decisión de aumentar las retenciones a la exportación. “No hay otro camino”, dijo.   

Cuatro años después, en un contexto internacional en el que una pandemia y una guerra dispararon el precio de los alimentos, el discurso de la oposición es otro. Y, según explicó el presidente Alberto Fernández, es justamente la actitud de sus adversarios políticos y su esperable reflejo en una eventual votación en el Congreso lo que lo disuade de impulsar una suba de retenciones, aun cuando las considera el “instrumento idóneo” para desacoplar precios internos y externos.