“Llegó la hora de que te vayas”. Así arranca una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en estos días a menores migrantes que entraron en EEUU no acompañados. “Hace unas semanas empezó a repartirse por el país una carta, con fecha 20 de junio de 2025, en la que se dice que queda cancelado el permiso concedido al entrar en el país y que llegó la hora de salir de EEUU”, explica la activista Julie Contreras, de la organización religiosa United Giving Hope, desde Waukegan (Illinois) en conversación con elDiario.es. Y añade que tiene constancia de cientos de cartas similares enviadas a jóvenes que entraron legalmente a EEUU durante el último año con un permiso condicional humanitario como menores no acompañados, y luego se reunieron con progenitores, generalmente sin papeles, u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos.
A pesar de esa reunificación, los menores no pueden ser representados legalmente por sus padres en las vistas de inmigración debido a la forma en que entraron al país –solos y con ese permiso temporal–, por lo que necesitan abogados para poder defender su caso, algo que no es sencillo para un menor.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como el que representa Contreras, advierten de que estos casos son cada vez más comunes, y que un número creciente de niños recibe cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las que informan de la cancelación de ese permiso condicional humanitario que recibieron al llegar al país, lo cual supone una medida para despojar a los menores de las protecciones de asilo, incluso a aquellos con solicitudes pendientes, y acelerar su deportación sin garantías.
Contreras, fundadora de United Giving Hope, una organización que apoya a familias migrantes en Illinois, cuenta cómo Xally Pastor, una niña de 13 años que recibió una de las cartas, obtuvo el permiso condicional humanitario como menor no acompañada, y se reunió con sus hermanas mayores en Waukegan, a 75 kilómetros de Chicago.
Durante la última década, Contreras ayudó a cientos de niños y madres a cruzar legalmente la frontera sur en busca de asilo, ayudándolos con el papeleo y conectándolos con abogados que apoyan sus casos. “Estos niños no son los criminales que Trump afirmó que el ICE perseguiría. Son víctimas de violaciones de derechos humanos y están siendo aterrorizados. La sola amenaza les causa un trauma psicológico severo”, afirma Contreras.
La madre de Xally, por ejemplo, Francisca Petra Guzmán, de 48 años, llegó a EEUU en enero, también como solicitante de asilo. Ambas, explica Contreras, huyeron de un contexto violento en su país.
Trump lleva desde que regresó al cargo enuna cruzada contra la migración, que ahora se ha acentuado con la persecución de los menores. No obstante, la recepción de esta carta no significa automáticamente que el ICE se vaya a presentar en la casa de los menores o en su escuela para deportarlos, explica el abogado especializado en asuntos de inmigración John Antia al Chicago Tribune.
Muchos de estos niños podrían acogerse a otras formas de protección legal. Pero, para ello, deben recurrir a un abogado, lo cual suele estar fuera del alcance de las familias. “Que el ICE pueda detener legalmente a estos niños depende en gran medida del estatus migratorio de cada uno y de sus circunstancias individuales”, dice Antia.
En el caso de Xally, con quien habló elDiario.es, llegó al área de Chicago en septiembre del año pasado, después de haber pasado casi un mes en un centro federal en Texas administrado por la Oficina de Reubicación de Refugiados, con otros menores que, como ella, habían cruzado la frontera sur en busca de asilo.
Deportación de menores
En abril, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8.300 niños de 11 años o menos. Esta es la cifra más alta para ese grupo de edad en cualquier mes desde que comenzó el seguimiento hace más de 35 años, según datos judiciales del Centro de Acceso a Registros Transaccionales, recogidos por The Independent.
Desde que Trump asumió el cargo en enero, los jueces ordenaron la deportación de más de 53.000 niños inmigrantes: la mayoría de estos niños están en edad de escuela primaria o son menores. Aproximadamente 15.000 eran menores de 4 años y otros 20.000 tenían entre 4 y 11 años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17.000 con órdenes de deportación, aunque esa cifra aún está por debajo del pico registrado en 2020, durante el primer mandato de Trump, según The Independent.
Algunos de estos niños son menores no acompañados, como Xally, pero no se sabe cuántos, ya que las autoridades de inmigración ya no registran esos datos.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en una declaración enviada por correo electrónico al Tribune, afirmó que “las acusaciones de que el ICE está 'apuntando' a los niños son falsas y un intento de demonizar a las fuerzas del orden”. McLaughlin añadió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “no se centra en los niños ni los deporta ni separa a las familias”. En cambio, “ICE pregunta a las madres si desean ser deportadas con sus hijos o si el niño debe ser ubicado con una persona segura designada por el padre o la madre”. Sin embargo, afirma el Tribune, las preguntas sobre por qué se envían cartas a menores no acompañados, como Xally, y cuál es el protocolo para deportarlos, como se indica en la carta, quedaron sin respuesta.
Autodeportación de menores
La Administración Trump está ordenando a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que emplacen a los adolescentes migrantes a autodeportarse a sus países de origen, en lugar de ser enviados a albergues gubernamentales, lo que supone un cambio en la política migratoria estadounidense, según informaron la CNN y CBS News.
Durante muchos años, los funcionarios de inmigración de EEUU debían transferir a todos los niños migrantes no acompañados —o aquellos que ingresaron al país sin permiso y sin sus padres o tutores legales— al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
El HHS supervisa una red de albergues donde estos menores permanecen hasta que cumplan 18 años o puedan ser reubicados con alguien que asumiera el cuidado, que tradicionalmente ha sido un familiar residente en Estados Unidos.
Pero ahora se ordenó a los funcionarios de la CBP que ofrezcan a los niños migrantes no acompañados mayores de 14 años la opción de autodeportarse a sus países de origen.
Si los adolescentes eligen esa opción, las autoridades migratorias estadounidenses facilitarían el regreso rápido a sus países de origen.
De lo contrario, serían transferidos a la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Esta política de salida voluntaria se limitaba anteriormente a los menores no acompañados de los países fronterizos, Canadá y México.
La Ley para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas otorgó protecciones legales especiales a los menores migrantes de países no fronterizos, incluyendo la prohibición de que las autoridades los deportaran por la vía rápida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó a CBS que la megaley 'One Big Beautiful Bill' permite a la Administración Trump el cambio de política.
“Esta es una práctica que se utiliza para priorizar el regreso de los menores con un progenitor o tutor legal en su país de origen”, declaró el DHS en un comunicado. “El único cambio conforme a la 'One Big Beautiful Bill' es ampliar esta opción para que los menores no acompañados regresen a casa desde otros países, además de México y Canadá”, agregó el departamento.
Se desconoce cuántos adolescentes migrantes se verán afectados por la nueva orden.
El número de migrantes que cruzan la frontera sur de EEUU se desplomó a niveles no vistos desde la década de 1960, a causa de la represión de la Administración Trump. En junio, por ejemplo, la Patrulla Fronteriza detuvo a 6.000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, un mínimo mensual récord, que incluyó a menos de 700 menores no acompañados.
La administración tomó medidas de fuerza para deportar a migrantes que viven en situación irregular o cuyo estatus legal fue revocado. Pero, también, ha lanzado una campaña para alentar las autodeportaciones, ofreciendo 1.000 dólares para el viaje y amenazas de arresto, multas y procesamiento si permanecen de forma irregular en EEUU.