En Jumilla, un municipio de poco más de 25.000 habitantes en el altiplano murciano, España, el Ayuntamiento —gobernado por el Partido Popular— aprobó recientemente una medida que prohíbe la celebración de festividades religiosas en espacios públicos. Aunque la norma afecta en teoría a todas las confesiones, su aplicación fue selectiva: las dos grandes festividades del calendario islámico, el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán, fueron vetadas en instalaciones municipales como el pabellón polideportivo. La decisión, inédita hasta la fecha en la Región de Murcia, fue interpretada por numerosos colectivos como un gesto de islamofobia institucional.
El contexto no es neutro. Jumilla ha sido escenario de una escalada de tensión en las últimas semanas, en paralelo a lo sucedido en Torre Pacheco, donde se han producido disturbios, agresiones y discursos de odio dirigidos contra la población musulmana tras la propagación de bulos racistas en redes sociales. La alarma ha llegado hasta la comunidad islámica en su conjunto, que denuncia una deriva peligrosa hacia la exclusión y el señalamiento político.
Para entender el alcance de esta situación, hablamos con Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). Benjelloun denuncia la falta de recursos, la ausencia de canales institucionales reales de representación y una islamofobia que -en sus palabras- ya no se disimula: “Estamos viviendo una persecución planificada”, asegura.
–¿Cómo están viviendo en la Comunidad Islámica los acontecimientos de las últimas semanas?
–Para nosotros es lamentable que se esté dando un cambio tan grande en la clase política y en la administración pública, y también en una parte de la sociedad, que se está inclinando a un discurso tan peligroso, ya no solo para los musulmanes, sino para todo el país, es un paso atrás en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa.
–¿Cree que esto se va a ir replicando en más municipios?
–Bueno, por algo se empieza. La ideología ultraderechista no tiene otro fin que arremeter contra toda cuestión que tenga que ver con el islam y con los musulmanes de este país. Han emprendido un camino que nos pone a todos en peligro. Lo que pasa en Jumilla y lo que ha pasado en Pacheco es lo que define a esta gente, solo quieren borrar del mapa español todo lo que tenga que ver con el islam y los musulmanes. Algo que, por cierto, es muy difícil, porque el legado musulmán español es extensísimo y está por todas partes. El islam ha estado aquí durante 850 años, Murcia es una ciudad con nombre árabe fundada en una época en la que la España musulmana era la única luz en una Europa apagada por la Edad Media. Todo el desarrollo científico, social y cultural que se produjo aquí es de herencia islámica. Creo que todo esto va a ir a más.
–¿Se ha acelerado la islamofobia en los últimos meses?
–Por eso digo que la cosa va a ir a más, porque se está empezando a normalizar el odio, y el problema es que no se está haciendo gran cosa para impedirlo. No vemos una intervención muy urgente por parte del Estado cuando hablamos de islamofobia o delitos de odio. No hay más que mirar lo que ha ocurrido en Torre Pacheco. Eso es simple y llanamente terrorismo, porque el terrorismo consiste en aterrorizar a las personas con fines políticos, y no se ha actuado como se debería. Todo esto atenta contra los principios de este gran país. A nivel de Fiscalía no vemos que haya nada que esté dispuesto a frenar esto.
–¿Qué margen deja la vía jurídica para que puedan defenderse? ¿Han previsto acciones legales para revertir la decisión?
–De momento, nada, porque no recibimos subvenciones ni un solo euro por parte de nadie, cosa que limita nuestro acceso a un derecho como es el asesoramiento jurídico, poner pleitos y hacer demandas. Todo eso cuesta mucho dinero, los abogados tienen que cobrar sus honorarios y no podemos afrontar, como comunidad, el ejercicio al derecho a la defensa. No disponemos de medios económicos como sí tienen otras confesiones religiosas. Por eso recurrimos al trabajo de abogados que se ofrecen a ayudar, pero no tenemos recursos para enfrentarnos a esto.
En ese sentido, la situación de los musulmanes en España es dramática. Todas las confesiones tienen derecho a recibir dinero de la casilla de la Renta para mantener sus infraestructuras, pero los musulmanes no tenemos; somos la fe más desfavorecida; sociológicamente también lo somos, y es que ahora, políticamente, también. Se está dando una persecución planificada y a veces nos sentimos muy desamparados.
La fe musulmana en España se profesa gracias a los obreros que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a las 8 y pagan su cuota mensual para mantener el templo.
–¿Cree que es necesario que los musulmanes en España tengan representación política?
En absoluto. Nosotros no queremos mezclar política y religión; cada ciudadano musulmán debe tener la ideología que mejor le parezca. Pero una representación, digamos más institucional, como la Conferencia Episcopal, que tiene su estructura, sus presupuestos, sus mecanismos… El teléfono al que me está llamando usted ahora lo pago yo todos los meses, es mi teléfono personal, y represento a más de quinientas comunidades islámicas en toda España. Es verdad que no queremos una representación política como tal, pero qué menos que haya un teléfono al que poder llamar.
¡Con las mezquitas pasa lo mismo! Muchas veces son espacios que cede algún vecino para que los demás las podamos usar. La fe musulmana en España se profesa gracias a los obreros que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a las 8 y pagan su cuota mensual para mantener el templo.
–Ante esta prohibición de Jumilla, y tratándose de fiestas tan, entre comillas, multitudinarias, ¿se hace imposible su celebración al no poder utilizar el espacio público?
–Fíjese la que se ha montado por solicitar utilizar un polideportivo dos veces al año durante cuarenta y cinco minutos. Estamos hablando de las dos fiestas más grandes del mundo musulmán, nadie podría imaginar que en un país de derechos democráticos como este puedan ocurrir este tipo de cosas.
–Y, en su opinión, ¿qué cree que distingue la aconfesionalidad de un país con la exclusión religiosa? ¿Dónde se dibuja la línea entre el laicismo y la discriminación?
–España tiene un modelo aconfesional muy bueno. Nosotros, cuando viajamos al extranjero, hacemos congresos y hablamos fuera de aquí, hablamos muy bien de este país porque goza de un sistema que garantiza la libertad religiosa de sus ciudadanos. Consideramos que esta forma de Estado es mejor que el laicismo porque sí que discrimina más a las personas con una confesión religiosa en general, pero este modelo era el que daba a credibilidad a España como país garante de las libertades y como un modelo de convivencia entre religiones que se lleva dando desde los tiempos de Al Andalus.
El problema creo que no está en el modelo, los padres de la Constitución supieron hacer muy bien este planteamiento, pero ahora, de repente, quieren cambiarlo. Y esto perjudica la imagen de España internacionalmente, ya hasta The Guardian ha publicado al respecto. No solo nos perjudica a los musulmanes, ¿eh? Esto nos perjudica a todos como sociedad.
–¿Desde el Ayuntamiento de Jumilla se han puesto en contacto con ustedes? ¿Existe alguna línea de diálogo? Porque ha sido el propio PP quien ha propuesto el veto, no Vox.
–Para nada. Absolutamente nadie se ha puesto en contacto con la comunidad de Jumilla ni con la comunidad islámica española. Para mí, Vox es como el PP pero un poco más radical, nada más. El nacimiento de Vox se veía venir desde la era de Aznar donde se ponía muy difícil la vida al ciudadano extranjero que venía a aportar a este país. El patriotismo es un concepto que quieren vender y que poco tiene que ver con el patriotismo de verdad, que es levantarse temprano para ir a trabajar y pagar impuestos y no causa problemas.
–¿Está fallando la pedagogía social con respecto al islam?
–Es por lo que le digo que este contexto es una cosa planificada. El objetivo de todo esto, no nos despistemos, es conseguir votos para la ultraderecha. Y si para ello tienen que criminalizar a una población entera, si tienen que generar odio, si tienen que mentir y hacer imposible la convivencia, si tienen que decir que esto es una “invasión”, lo van a hacer. Llevo treinta años viviendo aquí y nunca he sentido miedo, pero es la primera vez que me siento, que nos sentimos todos nosotros, perseguidos. Todo por un puñado de votos. A costa del miedo de los ciudadanos, a costa de la imagen de España en el mundo entero y a costa de defraudar a quienes propusieron en su día un modelo estable para España que garantizaban una serie de derechos que hoy quieren hacer desaparecer.