¿Netanyahu ante la Corte Penal Internacional?: qué puede pasar si es acusado de crímenes de guerra en Gaza

El Gobierno de Israel cree que la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya está a punto de presentar cargos por crímenes de guerra contra Benjamin Netanyahu y otros dirigentes. Aunque no sea posible saberlo con certeza –la CPI mantiene en secreto sus planes–, el primer ministro israelí tiene buenas razones para estar preocupado, y es poco probable que los argumentos que ha esgrimido hasta ahora en su defensa le vayan a servir de ayuda.

El objetivo más probable de Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, es la estrategia de Netanyahu de condenar al hambre a los civiles palestinos de la Franja de Gaza. 

El Gobierno israelí se ha negado a permitir que el personal del tribunal internacional acceda a la Franja, por lo que a Khan le llevará un tiempo completar la investigación detallada necesaria para demostrar otros posibles crímenes de guerra de Israel, como los bombardeos indiscriminados de zonas civiles y como los ataques a objetivos militares con daños a civiles previsiblemente desproporcionados. Pero los hechos en torno a la obstrucción israelí de la ayuda humanitaria son fácilmente accesibles. 

Durante sus dos recientes visitas a la región, Khan insistió en que, tal y como exige el derecho internacional humanitario, los civiles palestinos de la Franja de Gaza debían “tener acceso, sin más dilación, y al ritmo y escala necesarios, a los alimentos básicos, el agua, y los suministros médicos que requieren de manera desesperada”. “Si no lo hacen así, no se quejen cuando mi oficina tenga que actuar”, advirtió Khan al Gobierno israelí.

La norma de derecho internacional humanitario a la que hace referencia Khan ha sido respaldada por prácticamente todos los gobiernos del mundo, incluidos Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos y Palestina, en su calidad de Estado observador de las Naciones Unidas.

La hambruna en Gaza, cada vez más evidente

Durante gran parte de la guerra, Israel permitió que entraran a la Franja alimentos suficientes como para evitar la muerte generalizada, pero no como para frenar el hambre generalizada y, en algunas partes del territorio, hasta la “hambruna”, de acuerdo con la responsable de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAid), Samantha Power.

En el norte de la Franja, y según calculó Oxfam, cientos de miles de personas estaban recibiendo en promedio solo 245 calorías por día, una cantidad que de manera aproximada representa una décima parte de las necesidades normales de un ser humano. Al menos 28 niños menores de 12 años habían muerto de desnutrición hasta el 17 de abril.

Las autoridades israelíes buscaron responsables de esta privación en todos lados menos en sí mismas. Pero las pruebas apuntan al Gobierno de Netanyahu. 

Es comprensible que Israel quiere detener el contrabando de armas a Hamás, pero el procedimiento de inspección a los camiones de ayuda es enrevesado y no está dotado del personal necesario, por lo que puede durar hasta tres semanas. En muchas ocasiones, los camiones son rechazados por llevar un solo artículo inocuo al que Israel le atribuye valor militar, lo que obliga a poner en marcha todo el proceso desde el principio. Entre los artículos rechazados hay anestésicos, catéteres cardíacos, kits para análisis químico del agua, muletas, kits de maternidad, bombonas de oxígeno, instrumental quirúrgico, equipos de ecografía, sillas de ruedas y aparatos de rayos X.

Cuando António Guterres, secretario general de la ONU, visitó en marzo el lado egipcio de la frontera con Gaza fue testigo de “largas colas de camiones con ayuda bloqueados, esperando que les dejaran entrar en Gaza”. Israel ha permitido unos muy publicitados envíos de alimentos por mar y por aire, pero representan una pequeña parte de lo que el transporte por tierra puede suministrar.

Primero, las acusaciones más sencillas

A nadie le extrañaría que Khan comience con una acusación de haber “matado deliberadamente de hambre a los palestinos de Gaza” contra Netanyahu; contra Yoav Gallant, su ministro de Defensa; y contra el teniente general Herzi Halevi, su jefe del Estado Mayor en las Fuerzas de Defensa de Israel.

La primera acusación de Khan contra Vladímir Putin y contra su comisaria de los derechos de la infancia fue por secuestrar a niños ucranianos. Después fue cuando llegó la preparación del caso por la campaña rusa de bombardeos, más complicada desde el punto de vista factual, que Khan comenzó con la persecución de los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana. 

En el caso de Gaza, lo más probable es que Khan empiece también por las acusaciones más sencillas antes de pasar a las complejas.

No hay duda de que Khan también presentará acusaciones, tal y como corresponde, contra altos cargos de Hamás en su cadena de mando militar. La matanza y el secuestro de civiles israelíes del 7 de octubre son claros crímenes de guerra. Pero una premisa básica del derecho internacional humanitario es que los crímenes de guerra de un bando nunca justifican los crímenes de guerra del otro: la obligación de cumplir es absoluta, no recíproca.

La defensa de Israel

Netanyahu ya ha comenzado con su defensa. “Israel nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa”, escribió en la red social X (antiguamente Twitter). Pero esa argumentación no tiene ningún sentido. Las acusaciones de la CPI no guardarán ninguna relación con el derecho de Israel a la autodefensa. Más bien, se centrarán en la forma en que el Gobierno de Netanyahu ha decidido llevar a cabo esa defensa: no solo atacando a Hamás, sino también cometiendo crímenes de guerra contra los civiles.

Si el hambre es el objetivo de la CPI, Netanyahu podrá decir que en las últimas semanas su Gobierno ha permitido la entrada de más alimentos a la Franja. Netanyahu prometió abrir un nuevo paso fronterizo y permitir la entrada de más ayuda a Gaza después de que el 1 de abril sus soldados mataran a siete cooperantes de la ONG World Central Kitchen y Joe Biden amenazara implícitamente el 4 de abril con condicionar la futura ayuda militar de EEUU, y la venta de armas, a un cambio en la obstrucción que Israel venía ejerciendo sobre la ayuda humanitaria. Las entregas de ayuda humanitaria han aumentado desde entonces pero siguen siendo insuficientes. 

Que Israel sea capaz de calibrar la entrega de ayuda humanitaria en función de la presión que ejerce EEUU es otra demostración de lo deliberado de la estrategia del hambre. Relajar esa estrategia ahora no servirá para explicar por qué se mantuvo así durante muchos meses.

La jurisdicción territorial

El Gobierno de Netanyahu podría argumentar que Israel tiene un sistema legal bien desarrollado y es capaz de procesar a sus propios criminales de guerra. El principio de complementariedad prevé que la Corte Penal Internacional no intervenga si el sistema jurídico del país hace un esfuerzo concienzudo para que se haga justicia. Pero Israel no tiene antecedentes de enjuiciamiento a altos cargos por crímenes de guerra. Y en el país no se ha presentado ninguna acusación contra Netanyahu por la estrategia del hambre en Gaza.

Sin duda, el Gobierno israelí argumentará que sus autoridades no deberían ser juzgadas por la CPI, ya que el país nunca se adhirió a este tribunal internacional. Pero el Estatuto de Roma con el que se creó la CPI le otorga jurisdicción sobre los nacionales de los gobiernos adheridos a la Corte y también sobre los delitos cometidos en los territorios de sus miembros, teniendo en cuenta que la capacidad de lidiar con los delitos cometidos en el territorio de un país es un atributo clave de la soberanía. Palestina sí se ha adherido a la CPI y le ha concedido jurisdicción sobre los delitos cometidos en su territorio ocupado: Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza.

Durante las negociaciones para la creación de la corte, el Gobierno de Estados Unidos se opuso a que la CPI tuviera jurisdicción territorial pero el resto de gobiernos integrantes hicieron que saliera adelante. El rechazo de Estados Unidos a la jurisdicción territorial estuvo detrás de las escandalosas sanciones que Donald Trump impuso a Fatou Bensouda, la anterior fiscal de la CPI, cuando inició investigaciones en Afganistán que podrían haber implicado a torturadores de la era de George W. Bush, así como cuando inició investigaciones en Palestina que podrían alcanzar a autoridades israelíes.

Biden levantó las sanciones impuestas por Trump y dijo que las acusaciones de la CPI contra Putin, basadas en la jurisdicción territorial, estaban bien fundamentadas. Sería una profunda falta de principios que Washington aceptara la jurisdicción territorial en los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania y no la aceptara en los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza.

Por otro lado, las perspectivas de reelección de Biden pueden verse en peligro si EEUU intenta interferir en el proceso de alguna manera, por ejemplo invocando la tan denostada Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU, que autoriza incluso la acción militar para proteger a los aliados de Estados Unidos de la persecución de la CPI –bautizada por ello como Ley de Invasión de La Haya –, algo que probablemente provocaría protestas enormes en Estados Unidos.

Qué puede cambiar

¿Pueden cambiar algo las acusaciones por crímenes de guerra? El Gobierno de Israel no está dispuesto a entregar a Netanyahu ni a sus socios para ser juzgados. Pero sus viajes se verían repentinamente limitados. Estados Unidos nunca se ha adherido al tribunal pero los gobiernos europeos sí lo han hecho. Eso significaría que, de repente, Europa y gran parte del resto del mundo quedarían fuera del alcance de los acusados. También dificultará a Washington y a Londres fingir que las armas que entregan al Ejército israelí no están contribuyendo a crímenes de guerra.

Además, en una primera tanda de acusaciones estaría implícita la amenaza implícita de futuras acusaciones. Ahora que Netanyahu contempla la posibilidad de invadir Rafah, la ciudad más al sur de Gaza y en la que se refugian 1,4 millones de palestinos, tendrá que pensar que la muerte de más civiles puede llevar a Khan a profundizar su investigación de los ataques contra civiles llevados a cabo por Israel de manera aparentemente indiscriminada y desproporcionada.

De este modo, la CPI podría estar a la altura de lo que se espera de ella, no solo por la justicia retrospectiva, sino para disuadir futuros crímenes de guerra.

Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, es profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton.

Traducción de Francisco de Zárate.