OPINIÓN

Ecuador, entre la rebelión de los pobres y la reacción de un Estado represor

Unos 10.000 indígenas llegaron en señal de protesta a Quito.

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Fue nuestra tercera Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos. Como en las dos anteriores, nuestro objetivo era solidarizarnos con el pueblo pobre y las nacionalidades originarias en lucha contra la violación sistemática de sus derechos colectivos y verificar las múltiples violaciones a los derechos humanos que se produjeron como represalia al desafío del pueblo pacíficamente movilizado.

La rebelión tomó la forma de un paro nacional indígena de una masividad inédita que, además de manifestarse en cada territorio campesino, llegó hasta Quito con una multitudinaria caravana que colmó la capital ecuatoriana con el verdadero color de Nuestramérica: ese color moreno del sur -con el linaje indígena del altiplano, con los esclavos negros borrados por la historia- por mestizaje amerindio, que constituye la gran masa del continente. Ese color que nuestra vanidosa Buenos Aires quisiera blanquear extrapolando la composición étnica de la clase dominante atrincherada en los barrios ricos de las ciudades globalizadas del viejo patrio trasero; en su paisaje cotidiano, somos fundamentalmente hijos de los barcos y no mayoritariamente mestizos con sangre india en nuestras venas.

La lucha indígena acaudilló a vastos sectores del pueblo ecuatoriano, fundamentalmente a sus barrios populares, a la militancia social, al movimiento de mujeres, al movimiento estudiantil y a varios sindicatos de obreros y servidores públicos. El pliego de reclamos, los 10 puntos de la Agenda Nacional, van desde mejoras a la educación, reducción del precio de los combustibles, control de los precios de la canasta alimentaria y fortalecimiento de la economía popular hasta políticas de salud, educación y seguridad. Valen la pena trascribirlos, porque casi podrían calcarse como agenda reivindicativa del pueblo argentino:

  1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Subsidios segmentados a los sectores que necesitan: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores.
  2. Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés. No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
  3. Precios justos en los productos de campesinos, pequeños y medianos productores: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores.
  4. Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular.
  5. Frenar la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles.
  6. Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
  7. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as.
  8. Políticas de control de precios y la especulación en los productos de primera necesidad que hacen grandes industrias, intermediarios y las cadenas de supermercados.
  9. Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
  10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador.

Reclamos de la más estricta justicia como los precedentes recibieron como respuesta una represión feroz -ejecutada por el ejército, la policía y grupos civiles-, que se cobró cientos de torturados, heridos y mutilados, personas arbitrariamente detenidas y en algunos casos desaparecidas, represalias colectivas a comunidades adheridas al paro, una aplicación burda de técnicas de lawfare que, como sabemos, combina el accionar políticamente motivado del poder judicial y la demonización por parte de los grandes medios de la dirigencia que se combate el status-quo. Todas estas violaciones a los derechos humanos están sintetizada en nuestro INFORME PRELIMINAR y, pronto, en un informe final que elevaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas, el Vaticano y otros actores de relevancia internacional.

Lamentablemente, nuestra Misión fue la única presencia de observadores internacionales en un contexto de semejante violencia. Fuimos invitados, o más bien compelidos, por organizaciones sociales y la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador (https://ddhhecuador.org/) a viajar frente al abandono total de los organismos oficiales que debieron estar ahí, como nosotros, en el territorio, tomando las denuncias en las comunidades indígenas, en las universidades, en los hospitales. Sin embargo, la burocracia de la OEA no mueve un pelo ni pone el pellejo nunca. Simplemente lanza informes que son tímidos cuando los gobiernos están alineados con los EE. UU. y muy potentes cuando son gobiernos enfrentados. La doble vara es realmente notoria. Yendo a nuestro propio servicio exterior, algún día tendremos que revisar para que nos sirve pagar millones de dólares en personal diplomático que -salvando excepciones- ofrece recepciones y canapés, participa en congresos infructuosos y adolece de cualquier estrategia nacional o regional.

Luego de quince días de paro, comenzaron las negociaciones en la Basílica del Voto Nacional. La intervención de la Iglesia Católica, en particular de las monjas Lauritas y los padres Oblatos, fue fundamental para encausar las negociaciones y frenar la violencia, más allá de algunas actitudes particulares de ciertos obispos que recordaban la teoría de los dos demonios. Tuvimos la posibilidad de ser Observadores Internacionales de ese proceso y atestiguar la enorme responsabilidad de los dirigentes indígenas, en particular de Leónidas Iza, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que, sin dejar un centímetro de dignidad en el camino y siendo la principal víctima de la persecución estatal, nunca perdió de vista los objetivos de la masa indígena.

Nosotros somos ciudadanos de una Patria Grande balcanizada. Nada latinoamericano nos es ajeno.

En la actualidad, dieciocho días después de comenzar el paro -tras obtener algunas reivindicaciones con importantes como la derogación del estado de excepción, la baja de los combustibles, la derogación de algunos decretos que permitían proyectos extractivistas en zonas de alto valor ecosistémico, la reducción de la tasa de interés para los créditos campesinos, la reducción de un 50% del precio de la urea -materia prima básica para varios productos agropecuarios-, la declaración de la emergencia sanitaria y educativa, el aumento del bono de desarrollo humano en un 10%-, el paro nacional está suspendido y el movimiento indígena fijó un plazo de noventa días para evaluar los avances.

Es interesante notar que las organizaciones en lucha actuaron con una fuerte independencia de los partidos políticos, en particular, de Unión por la Esperanza (UNES), la agrupación que se referencia en Rafael Correa. Por más que el relato oficialista intentara permanentemente vincularlo, los cierto es que el pueblo pobre organizado marcaba su propia agenda más allá de las simpatías que tal o cual dirigente profesara por un partido político determinado. Los movimientos populares de argentina tenemos que aprender de eso y saber separar nuestras preferencias políticas personales de nuestra responsabilidad superior con la base social, que es la defensa inclaudicable de sus intereses económicos, sociales y culturales que siempre son tan concretos como el pliego presentado por el pueblo ecuatoriano.

Finalmente, creo que es importante destacar que nuestra Misión combina una toma de posición a favor de los débiles con una objetividad técnica en la recepción de las denuncias y la verificación de los hechos. Se puede ser objetivo sin ser neutral. Siempre hay que estar del lado de los débiles y siempre hay que decir la verdad. Además, es parte de una visión sobre Latinoamérica. Nosotros somos ciudadanos de una Patria Grande balcanizada. Nada latinoamericano nos es ajeno. Debemos encontrarnos con la unidad originaria del subcontinente que sigue corriendo por las venas abiertas. Hay que recordar que hasta 1776 -misma fecha que la independencia de los Estados Unidos- casi todos los países sudamericanos formábamos parte de una misma entidad territorial conocida como Virreinato de Perú. Con Brasil nos unen culturas ancestrales como la guaraní no conocían las fronteras atiríciales del Tratado de Tordesillas ni las aún más infames del Tratado Preliminar de Paz entre Argentina y Brasil patrocinado por el Imperio Británico que mediante la astucia colonialista de Lord Ponsonby terminó de desmembrarnos.

Nuestro destino es ser un Estado Federal Plurinacional como soñaron los héroes de nuestra independencia continental como San Martín, Bolívar, Belgrano, Moreno, Artigas, O Higgins. Si no lo logramos, seguiremos siendo sino un territorio entregado a las grandes potencias y corporaciones multinacionales para la extracción de nuestra riqueza natural. Los pueblos originarios y el pueblo pobre lo saben: la convivencia de múltiples nacionalidades en un territorio unido, políticamente organizado, dónde quepamos todos en nuestra diversidad, respetando autonomías sin fragmentar la soberanía, afianzando un sistema socioeconómico mixto y socialmente justo, es posible y necesaria. 

JG

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