Marcha 22M

Una victoria: la unificación de los nuevos ambientalismos con los sectores de resistencia históricos

Convocadas por organizaciones ecologistas y sociales, miles de personas se movilizaron desde el Congreso Nacional a Plaza de Mayo para reclamar leyes ambientales. Entre una agenda marcada por el humo de los incendios, el avance de megaproyectos porcinos y la promoción oficial de la megaminería, el tejido de alianzas entre los movimientos sociales y el nuevo ambientalismo joven se anotó una victoria. En el contexto del Día Mundial del Agua y a dos días del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la convocatoria buscó llevar a la calle la presión necesaria para demandar cambios urgentes dentro de la agenda ecológica actual. 

La movilización inició con un verdurazo de parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y tras una sentada enfrente del Congreso, se trasladó a Plaza de Mayo. La convocatoria fue realizada por una serie de organizaciones cuya identidad va desde el activismo joven hasta organizaciones de pueblos originarios, movimientos sociales, partidos políticos y redes de la agricultura familiar y agroecológica. Las principales proclamas fueron para revertir la inacción del Estado ante la emergencia climática y la crisis ambiental. 

Entre las demandas más inmediatas hacia el Estado se encuentran leyes como la Ley de Humedales, la Ley de Bosques o la Ley de Reciclado con Inclusión Social. Desde la UTT también reclamaron por la Ley de Acceso a la Tierra, el llamado “Procrear Rural”, que permite a miembros de las redes de agricultura familiar y agroecológica acceder a tierras para la producción de alimentos.

La movilización de ayer avanzó en superar un desafío latente de los últimos años: unificar bajo las mismas banderas a las nuevas olas de ambientalismo joven y a los sectores que han sido parte de las históricas resistencias a las violencias de los proyectos extractivos. Mientras los ataques y críticas a miembros del sector van en escalada, también incrementa la búsqueda de sinergia entre las luchas por revertir la crisis climática, la crisis ambiental y las resistencias territoriales. 

Los movimientos globales en contra de la crisis climática y ambiental han incrementado la presencia joven en el sector. Pero los daños a la salud y la defensa del agua no son recientes en muchas zonas de la Argentina, donde existe una larga tradición en la resistencia a la minería y al estrés hídrico generado por el monocultivo industrial. Pero las estructuras de injusticia socioambiental son las mismas que atraviesan la lucha global para revertir la emergencia climática. La indignación y la sensación de tener futuros en riesgo que es familiar en algunos territorios ha llegado así a las ciudades, que habían estado resguardadas de los efectos visibles. Lo que hasta ahora habían sido zonas de beneficio, hoy se perciben como nuevas zonas de sacrificio, debido al carácter global de la crisis climática.

Estos factores abonan a la demanda por un cambio del rol del Estado en las políticas que vinculan la sociedad con la naturaleza. Mientras la narrativa estatal actual sigue tendencias regionales (con el foco puesto en la descarbonización de las economías), las organizaciones convocantes denunciaron contradicciones entre el discurso y la práctica. Los planteos de descarbonizar de la economía son incompatibles con la explotación de combustibles fósiles, como sucede en Vaca Muerta. 

El “movimiento de movimientos” que compone al sector ambiental anotó ayer una victoria. Su capacidad de movilización determinará qué diálogos posibles tendrán las organizaciones ecologistas con un gobierno en pleno año electoral. A pesar del fuerte rol social que tienen ciertas políticas del gobierno, todavía no se ha iniciado el camino en la necesaria transición socioecológica, que requiere cambios graduales en las dinámicas del modelo de desarrollo nacional. 

La movilización demostró que el costo político de la inacción ambiental sólo puede crecer. Pero para hacer frente a intereses tan grandes como las compañías petroleras, el sector agroexportador o las multinacionales megamineras, la presión pública deberá ser mayor. Sólo si la sociedad entra en movimiento, podrá otorgar la legitimidad a funcionarios y tomadores de decisiones para superar la obstaculización de los grandes intereses económicos en el corto plazo y garantizar el bienestar de la población a largo plazo. 

Con un oficialismo tensionado entre el creciente costo político de profundizar el extractivismo como salida a la falta de divisas, y la necesidad a corto plazo para estabilizar una economía heredada en crisis, queda por ver si el potencial de las movilizaciones logra lo que la ola feminista logra hace años: transformar al movimiento social en una sociedad en movimiento. Queda abierta la pregunta ¿podrán quienes demandan una transición hacia otro modelo conquistar espacios dentro de las estructuras partidarias y sociales?