Opinión

Resistencia antiminera en Chubut: lecciones para una nueva política ecosocial

Marcha del jueves 4 de febrero en el centro porteño contra la megaminería en Chubut.

El pueblo de Chubut logró otro enorme triunfo contra la megaminería. Esta vez ganó lo más preciado cuando los intereses contrarios son tantos, y tan poderosos: ganó tiempo. El gobernador Arcioni había convocado este último viernes a una sesión express para tratar el proyecto que permitiría la entrada de esta actividad a la provincia. Sin embargo, el rechazo transversal a esta nueva embestida en la provincia logró impedir su avance en comisión e hizo caer la convocatoria del gobernador. Horas después, la jueza Alicia Arbilla hizo lugar a una medida cautelar presentada por la asamblea No a la mina Esquel y suspendió la sesión hasta resolver el planteo de fondo. Hasta tanto no se evalúe su constitucionalidad, el proyecto no podrá tratarse en la legislatura.

El principal lobby detrás de esta embestida lo realiza la gigante canadiense Pan American Silver (PAS). La transnacional busca avanzar con Navidad, un proyecto de extracción de plata, plomo y cobre a cielo abierto que tendría unos 18 años de vida útil. Desde que adquirió el proyecto en 2010, PAS lidera los esfuerzos de juntar voluntades para derogar la ley antiminera que lograron los vecinos de Esquel en 2003, movilizados contra la también canadiense Meridian Gold. Sólo en 2019, de acuerdo a una denuncia de la organización MiningWatch, Pan American Silver habría gastado seis millones de dólares en “actividades comunitarias” y “cuidado y mantenimiento”, sin ofrecer mayores detalles, dice el informe. Sin embargo, los reportes de transparencia que la empresa presenta en Canadá no dan cuenta de los mencionados gastos. Un dato, por lo menos, llamativo.  

En ese contexto, cobran mayor relevancia las denuncias de supuestas coimas como la cámara oculta al diputado del PRO, Sebastián López, en la que se lo puede ver pidiendo “cien lucas” para “abrirle puertas” al sector minero, o el audio de WhatsApp de la diputada del oficialismo provincial, Leila Lloyd Jones, en el que denuncia que sus pares recibieron “10 millones de pesos” para votar el proyecto. Tampoco sorprende el giro que dio el actual gobernador luego de su campaña de 2017 en la que prometía frenar a “la megaminería que quieren imponer desde Buenos Aires”. La estafa electoral que cometió Arcioni al convertirse en promotor de este proyecto es escandalosa. La megaminería no sólo contamina el ambiente, también contamina la democracia.

Además de la mencionada turbiedad política, la forma en la que se presentó el proyecto no respetó la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios de la zona, de carácter obligatorio por el artículo seis del convenio 169 de la OIT. Distintas comunidades Mapuche-Tehuelche de la meseta centro-norte, donde se ubica el Proyecto Navidad, pidieron que no se trate este proyecto por verse vulnerados sus derechos como comunidades indígenas. 

Por si eso fuera poco, el gobierno chubutense persiguió y reprimió a manifestantes antimineros, mientras que la autodenominada “Red de Académicos por la Minería Sustentable” falsificó un informe del CONICET asegurando que las regiones con minería a gran escala tiene mejor calidad de vida. No sólo cosechó el enérgico repudio del sector académico, sino que días después, el Centro Nacional Patagónico dependiente del CONICET difundió un lapidario informe sobre los impactos que podría tener el avance de la megaminería por lo que solicita el retiro del proyecto de la legislatura. 

Contra la estafa electoral, las denuncias de corrupción y la violencia institucional, la victoria del pueblo es importantísima, pero todavía no es definitiva. El año electoral juega en contra de Arcioni y de su referente nacional, Sergio Massa. Por eso el tiempo es un bien preciado. El impacto de avalar la avanzada extractiva a partir de traiciones políticas, denuncias de coimas flagrantes, vulneración de derechos y en contra del pueblo movilizado podría ser enorme. La dirigencia del Frente de Todos a nivel nacional lo sabe y debe actuar en consecuencia, especialmente en un año electoral.

Convocadas por las asambleas locales, el jueves 4 hubo marchas en todo el país bajo el lema #ChubutAGUAzo y #NoEsNo. Esta masiva movilización —como las de Mendoza de fines de 2019— son el más claro indicio de una pujante sensibilidad ecosocial que crece y se consolida en Argentina. El mito del desarrollo infinito basado en el modelo extractivista se demostró injusto e insostenible. El pueblo lo sabe y le pone un límite claro. Cualquier frente político que se considere popular deberá incorporar esta variable a su agenda y promover la equidad respetando los límites ambientales.

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