Opinión

La operación antigrieta detrás de la segunda ola

Panorama político

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El clima de afinidad y confianza hubiera sorprendido a cualquiera de los televidentes que invierten su tiempo en consumir el prime time de la polarización. Axel Kicillof hablaba de la velocidad con que vienen creciendo los nuevos casos de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires hasta que alguien, quizás Jorge Macri, lo interrumpió para preguntar por el futuro de las PASO en un contexto de segunda ola e incertidumbre. 

-Habría que suspenderlas como piden los gobernadores radicales, dijo Sergio Massa, entre la ironía y la chicana.

-Ni en pedo. Además, eso tiene que pasar por el Congreso, respondió Cristian Ritondo. 

-Yo estoy en contra de suspenderlas. Hace falta un gran consenso para algo así, apuntó Máximo Kirchner.  

La conversación quedó ahí, según coinciden en decir dos de los dirigentes que estaban el martes a la tarde en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Irá Eduardo De Pedro el miércoles próximo al Congreso, después de la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, para informar sobre el tema y amplificar el debate. Pero la discusión está presente en la primera línea de la dirigencia política y, aún con diferencias sobre el punto, tanto Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta saben que la posibilidad de suspender las PASO existe. Después de que alguien difundiera la información y la oposición saliera a desmentir cualquier acuerdo, Ritondo habló con el jefe de gobierno porteño, con María Eugenia Vidal y con Mauricio Macri para ponerlos al tanto del tono y la informalidad con la que se había sobrevolado el asunto. Sin embargo, a un lado y al otro del sistema de partidos saben que la curva puede alterar los planes del año electoral.  

¿Qué pasa si Argentina tiene 20 o 25 mil casos por día en el camino hacia agosto? ¿Quién se hace responsable si los contagios todavía más, después de las elecciones? ¿Cómo vamos a hacer campaña si cerramos todo? Algunas son preguntas que funcionan a modo de justificación para lo que más de un ministro de Fernández considera inevitable. Otros son los temores que difunden desde el ala acuerdista de la oposición, el sector que además advierte que, aún en pandemia, el Estado siempre tiene más para ganar: dispone de los fierros para la campaña y se beneficia del ausentismo electoral. De fondo, lo que quedó claro en el encuentro de funcionarios nacionales y diputados con el gobernador bonaerense y los intendentes de la provincia de Buenos Aires fue la necesidad de fijar un criterio común para resolver la urgencia. A varios kilómetros de distancia del show de la grieta y pese a las diferencias que existen, funciona un segundo estamento del poder político que busca tejer acuerdos de beneficio mutuo. Son corrientes que encuentran su principal obstáculo en los halcones que apuestan a sacar rédito con la confrontación mediática y se despreocupan del ejercicio de gobierno. Para hablar de ese espacio -que en principio no incluía a La Cámpora-, Emilio Monzó hablaba en los años de Macri de la generación moderada. 

Más que una excepción, parece haber un proceso. En su discurso de cierre durante la sesión de Ganancias, Máximo Kirchner destacó las modificaciones a la ley que se hicieron a partir de las propuestas de los radicales Carla Carrizo y Emiliano Yacobitti. Los dos diputados, que también presentaron un proyecto para postergar las PASO, se alinean con Martín Lousteau y reportan a la escuela de Enrique “Coti” Nosiglia. Nada es casual. Massa tiene una histórica relación con el senador y Máximo cultiva su buena llegada al Coti, un político de poder que hizo toda su carrera en el acuerdismo con sectores del peronismo. José Luis Manzano es testigo.  

No todo se agota en el Salón de los Escudos o la Cámara de Diputados. Desde el radicalismo de Maximiliano Abad, corrió en las últimas semanas la acusación de que La Cámpora colaboró con la candidatura fallida del nosiglista Gustavo Posse en algunos municipios de la provincia. Más importante. Con su elogio a Rodriguez Larrreta por el video en el que cuenta el secuestro de su padre durante la última dictadura, CFK insinuó un giro en su estrategia 2020. Tal vez sea un alto en el fuego con el jefe de gobierno producto de una fecha especial o tal vez sea un cambio en la política de la vicepresidenta, que disparó durante todo el año pasado contra el único actor que le permitió a Fernández desplegar un juego propio de alianzas y de poder. La confrontación abierta entre kirchnerismo y macrismo es útil para el hashtag, afianza lealtades y sirve para hacer campaña, pero se revela estéril para gobernar. El festival de prisiones preventivas durante la era Macri contrasta con la convivencia que selló Rodríguez Larreta en la Ciudad con el peronismo de Victor Santa María, Juan Manuel Olmos y, ahora también, La Cámpora de Mariano Recalde. Quizás Cristina esté admitiendo que los acuerdistas de su espacio tienen algo de razón (y de margen para rosquear sin culpa). Entre la cacería contra el opositor y el contubernio, se busca un código para hacer andar a la política. 

El peronismo no quiere ni puede postergar las PASO sin el apoyo de la oposición, pero sabe que el tiempo corre y la definición no se puede postergar mucho más. Lo dice un ministro que participó del encuentro en Casa Rosada: “Nadie imagina que en agosto vaya a haber PASO. Si en dos o tres semanas estamos con un pico de casos, tenemos que encontrar la forma entre todos para suspender. Es ahí o nunca”. El mecanismo también es parte de la discusión porque los gobernadores, Fernández y Massa siguen pensando que hay motivos para eliminar la instancia de las primarias por única vez, algo que no comparte Máximo y que perjudicaría a la oposición a nivel nacional, provincial y municipal. Flota en el aire la advertencia que le adjudican a Cristina: cada vez que se alteró el calendario electoral, el perjudicado fue el gobierno. Sucedió en 2009, cuando su marido adelantó la fecha de los comicios y solo logró perder antes con el trío que conformaban Francisco de Narvaez, Mauricio Macri y Felipe Solá. 

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio están unidos por algunas coincidencias de cara a las elecciones de este año. Los dos arriesgan mucho en un contexto de crisis social solo comparable al del estallido de la Convertibilidad. Según los cálculos de Hugo Haime, para retener los 54 diputados que pone en juego, el peronismo debería sacar 45 puntos en la provincia de Buenos Aires, 30 en la Ciudad y ganar en Sante Fe y Entre Ríos. Después de la experiencia traumática que representó el mandato de Macri para una porción mayoritaria de la población, un mal resultado para los Fernández indicaría que se agotó rápido el crédito de la esperanza y que los últimos dos años de gobierno van a ser una prueba de fuego para una alianza que enfrentó de entrada una correlación de fuerzas de lo más ajustada. A la inversa, una derrota para la oposición sería casi una despedida de 2023, después de un año de pandemia, caída de casi 10% en el PBI, corrida cambiaria y ajuste de los ingresos, un arranque que el peronismo nunca imaginó y que será difícil de igualar para mal. 

El gobierno sueña con que el rebote de la economía llegue a percibirse en los bolsillos hacia fin de año pero el coronavirus conspira contra esa meta. El impacto de la segunda ola no figura en las previsiones de Martín Guzmán y el gasto Covid -que se eliminó casi por completo en el Presupuesto 2021- es la partida que explica gran parte del recorte para el año electoral, el argumento de un gobierno que hace los deberes de cara a la negociación con el Fondo. La realidad que se siente hoy en la mayoría de la población está lejos de la reactivación, como lo acaban de confirmar los números escalofriantes de pobreza. Tres millones de personas se cayeron al pozo en 2020 y hay 19 millones de damnificados debajo del umbral de dignidad, el 42% de la población. La indigencia se traga a casi 5 millones de personas, los menores de 14 años que viven en la pobreza llegan al 57,7% y en el conurbano bonaerense, la pobreza pasó del 40,5% al 51,1% en 12 meses. La formidable red de contención del Estado argentino es un enorme paliativo, pero no alcanza para rescatar a las mayorías que tienen dificultades para alimentarse. Un continente de perdedores sistémicos que come lo que puede, sobrevive como puede y tiene que ir a votar otra vez este año. Los últimos datos del INDEC se conjugan con las cifras de desocupación, la precariedad laboral y el derrumbe del salario real. El cuadro de deterioro social se profundizó con Macri en forma acelerada y se agravó con la pandemia con cuarentena. Aunque cada gobierno presente sus excusas y se diferencie de su adversario, esa olla a presión sin válvula de escape puede ser vista como un fracaso de la clase política para revertir una dinámica que no impacta sobre los que toman decisiones sino sobre los que están lejos de las esferas del poder. La oportunidad que Fernández advirtió ante la irrupción del covid para reducir la desigualdad que produce el capitalismo parece perdida. Más bien lo que se advierte es la toma de ganancias de sectores que avanzan en una violenta reducción de sus costos, después de haber ganado con la crisis general. 

Acaba de salir un libro que viene a desmentir la idea de ruina generalizada que se difunde desde el establishment. Coordinado por el investigador del Conicet Martin Schorr, “El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina, del Siglo XXI a nuestros días”, relata las mutaciones de la cúpula empresaria argentina, la frustración recurrente del sueño de la burguesía nacional y la presencia del capital extranjero en la Argentina, desde la expansión agroexportadora de 1880-1930 hasta la era Cambiemos. De acuerdo al trabajo de Schorr junto a Lorenzo Cassini y Gustavo García Zanotti, durante el gobierno de Macri se perjudicaron los sectores industriales por los tarifazos, la creciente captación de excedente por parte del sector financiero y el bajo dinamismo de la demanda agregada, en un escenario de brusco deterioro salarial. Pero se beneficiaron y mucho otros sectores entre los cuales aparecen los bancos, el Grupo Clarín con la adquisición de Telecom, Techint con los subsidios en Vaca Muerta y, sobre todo, los concesionarios de peaje, luz y gas, favorecidos por una descomunal transferencia de ingresos en los dos primeros años de Cambiemos. Los autores hacen especial énfasis en el rol de Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía que, dicen, ejerce el control de su empresa a través de una serie de sociedades en diversas guaridas fiscales en el estado de Delaware, en los Estados Unidos, y en Uruguay. “Habría que destacar el papel de Mindlin, que se dedica a la compra y venta de acciones de Pampa Energía a través de sociedades offshore con el fin de captar ganancias patrimoniales (en 2017, momento de mayor valor bursátil de Pampa Energía, vendió parte de sus acciones –haciéndose de efectivo en el exterior– por una cifra cercana a los ochenta millones de dólares a través de estructuras societarias en Uruguay). No resulta casual que a partir de 2016 los recursos canalizados por Pampa a inversiones financieras hayan superado a los destinados a solventar la amortización o la ampliación de los activos productivos”, dicen. Según el trabajo, Mindlin dio un salto en su rentabilidad durante los años amarillos a partir de un doble proceso que incluyó el endeudamiento en moneda extranjera, los aumentos de tarifas y el incremento de la inversión financiera. Detractor suyo en la campaña de 2019, el Presidente hoy lo tiene entre sus empresarios predilectos. Según contó el sábado 27 en C5N, la última vez que lo vio le agradeció por haber pagado el impuesto a la riqueza.

DG

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