También a Pedro Cahn y Hugo Sigman
Citan a indagatoria a Carla Vizzotti por presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19
La exministra de Salud Carla Vizzotti fue citada a declaración indagatoria en el marco de una causa judicial que investiga posibles irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 durante 2020. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Carlos Stornelli.
Vizzotti deberá presentarse el próximo 2 de junio, mientras que el empresario Hugo Sigman fue citado para el 19 de mayo y el infectólogo Pedro Cahn para el 26. En total, más de una docena de personas están convocadas en el expediente.
La investigación busca determinar si existió una demora deliberada en la negociación con el laboratorio Pfizer, que habría ofrecido a la Argentina, en agosto de 2020, un cronograma de entrega de 13,2 millones de dosis. Según el planteo fiscal, una parte de esas vacunas -alrededor de 3 millones- podría haber llegado entre fines de ese año y comienzos de 2021, en plena emergencia sanitaria.
De acuerdo con el dictamen de más de 30 páginas presentado por Stornelli, durante la pandemia pudo haber operado una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” en torno a la provisión de vacunas. La hipótesis central sostiene que funcionarios y empresarios habrían privilegiado intereses económicos por sobre la salud pública, favoreciendo a otros laboratorios con vínculos locales.
En ese sentido, la fiscalía apunta a que el Estado argentino avanzó con acuerdos con AstraZeneca, Sinopharm y la vacuna Sputnik V, mientras se demoraban las tratativas con Pfizer en un momento considerado crítico para la inmunización de la población de riesgo.
El expediente también pone el foco en los argumentos esgrimidos en su momento por el Ministerio de Salud para justificar las demoras, vinculados a supuestos obstáculos legales y a exigencias contractuales. Sin embargo, según la fiscalía, esas dificultades no habrían sido determinantes y podrían haber encubierto una maniobra dilatoria.
“El accionar habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, sostiene el dictamen, que además advierte sobre las consecuencias de la demora en el acceso a las dosis en un contexto de emergencia sanitaria.