POR UN DEPARTAMENTO EN MIAMI

La Corte Suprema deberá decidir si se reabre una investigación contra Jorge Macri por presunto lavado de dinero

elDiarioAR

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La Corte Suprema de Justicia podría definir este año si el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, debe o no ser investigado por el presunto delito de lavado de dinero, según publicó La Nación y ratificaron fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR.

Macri ya pasó por tres instancias judiciales que ratificaron su sobreseimiento en la acusación, pero el Ministerio Público Fiscal insistió en cada uno de los tribunales sosteniendo que el caso no se había investigado lo suficiente como para dictar un sobreseimiento al funcionario.

La causa tiene casi 15 años en los tribunales federales. El jefe de Gobierno porteño fue denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) cuando era intendente de Vicente López.

La denuncia sostenía la “hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del inmueble en el edificio Icon de Brickell Avenue, en Miami, por US$402.963,62 en abril de 2011”.

Según la Procelac, la adquisición se habría realizado a través de una sociedad denominada IconUnit 1704, constituida un mes antes de la compra en el estado de Florida. La compañía fue creada por Macri y su exesposa, Florencia De Nardi. Los fondos para adquirir el departamento provenían de dos préstamos: uno, de la sociedad uruguaya Fawsley SA, de la hermana de Macri, por US$184.000; y el segundo, del banco Bac Florida Bank por US$219.000, de acuerdo con la denuncia.

La hipótesis de la Procelac era que el departamento de Miami se había comprado con “autopréstamos” y que se había buscado dar carácter de legalidad a los fondos. La investigación detectó la cesión parcial de uno de esos créditos a la empresa Cometas Company Inc., supuestamente relacionada con la hermana de Macri. 

Sin embargo, en un fallo de primera instancia, el juzgado federal número 1 de San Isidro sobreseyó en mayo de 2019 al entonces intendente de Vicente López, al descartar la hipótesis delictiva y dar por probada la existencia real y documentada de esos préstamos.

Consultado por elDiarioAR, en el entorno del equipo legal de Macri, encabezado por Ignacio Irurzun, sostuvieron que la jueza Sandra Arroyo Salgado “sostuvo que las pericias contables y la prueba reunida descartaron la hipótesis delictiva, los hechos no revestían relevancia penal y la investigación estaba agotada, sin diligencias útiles pendientes”. Macri nunca fue citado a declarar como imputado en la causa. La fiscalía apeló el fallo de la magistrada. 

Luego, en diciembre de 2019, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el sobreseimiento apelado por la fiscalía. El tribunal de apelaciones “dejó constancia de la capacidad económica exteriorizada de Macri mediante AFIP y el Sinceramiento Fiscal (Ley 27.260)”, respondieron en el entorno del equipo jurídico de Macri. “La Cámara sostuvo que no correspondía profundizar la investigación y que no existía motivo para revertir el sobreseimiento”, dijeron cerca de los abogados defensores.

Para los jueces, los fondos que se utilizaron para comprar la propiedad inmueble eran de procedencia legal. Pero la fiscalía insistió ante otra instancia, reclamando que se profundizara la investigación.

Dos años más tarde, en diciembre de 2021, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, volvió a confirmar la decisión de sobreseer a Macri y su exesposa. Declaró inadmisible el recurso de casación de los fiscales y dejó firme el sobreseimiento.

“Los jueces afirmaron que la sentencia estaba razonablemente fundada, no existía arbitrariedad, y que la Fiscalía solo expresó juicios discrepantes, sin nuevos elementos”, dijeron cerca de los abogados de Macri.

El fiscal Mario Villar recurrió ante la Corte Suprema para evitar el cierre definitivo de la causa. Ahora, la decisión está en manos de los jueces del máximo tribunal.