Después del acuerdo con el Fondo, llega la batalla por el aumento y la segmentación de las tarifas de Energía

El Gobierno busca reducir los subsidios a la energía, con el fin de reducir el déficit fiscal. Se trata de una de las exigencias centrales del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo de reestructuración de la deuda anunciado el viernes.

En ese escenario, las empresas del sector energético afirman que el congelamiento hace inviable al negocio y piden fuertes subas. El gobierno estaría dispuesto a conceder porcentajes menores. En una reedición de la “sintonía fina” reclamada por Cristina Fernández de Kirchner en su presidencia, sobrevuela la “segmentación de tarifas”, que recibe críticas diversas. El ENRE elevó una propuesta de segmentación a Economía, pero aún no obtuvo respuesta. La dura crítica de las asociaciones de usuarios a posibles aumentos elevados en las tarifas.

En marzo de 2019, el gobierno de Mauricio Macri decidió congelar las tarifas en clave electoral, luego de haber otorgado subas en torno al 3 mil por ciento, en una cuestionada Revisión Tarifaria Integral (RTI) diseñada por el entonces ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren. Con el Frente de Todos en el poder, las tarifas continuaron congeladas vía Decreto 1020, que establece una nueva RTI, que aún no ha finalizado. El año pasado, en tanto, el Gobierno otorgó a las distribuidoras aumentos en el orden del 25%, que no llegaron al 10% en la tarifa que pagan los usuarios. Todo, en medio de una fuerte interna entre el kirchnerismo y el ministerio de Economía, que incluyó despidos desautorizados y amenazas de renuncia por parte de altos funcionarios. A fines de abril de 2021 trascendió que Martín Guzmán había pedido la renuncia del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien luego de horas de tensión logró retener el puesto, a partir de la resistencia del ala cristinista de la coalición gobernante.

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández anunció el acuerdo de reestructuración de deuda con el FMI, tras una dura negociación. “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”, apuntaron desde el FMI.

Al respecto, Martín Guzmán dio en conferencia de prensa una explicación que no encaja con lo expresado por el Fondo. Al ser consultado sobre los subsidios a la energía, el ministro respondió tajante: “No. Se sigue con lo anunciado”.

La segmentación de tarifas

La “sintonía fina” fue una promesa realizada por la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011, cuando inició su segundo mandato presidencial. Se trataba de otorgar subsidios solo a aquel que lo necesitara y quitárselos a quien no. En concreto, en aquel entonces se realizó una quita completa de subsidios a usuarios de Barrio Parque, Puerto Madero y countries. Además, hubo un retiro voluntario de subsidios, vía declaración jurada de cada usuario.

“En su momento, se hizo una primera experiencia que resultó bien, pero empezaron a meter cacerolazos por todos lados y, si bien no era gente que fuera a votar al kirchnerismo, sí generaron ruido en los medios y se dio de baja el intento”, recordó José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), que nuclea a 260 cooperativas del sector en 14 provincias.

La segmentación de tarifas que logró consenso interno en el FdT es una secuela de aquella sintonía fina. Las distribuidoras ya comenzaron a “limpiar” el padrón de usuarios, con el fin de identificar a quienes necesitan los subsidios y a quienes no con el objetivo de reducir el alto costo fiscal que generan estos subsidios.

“En energía eléctrica, la segmentación de hoy tiene dos etapas: una de compra a las generadoras, que puede aumentar un 20-25 por ciento y con eso se quita subsidio y lo empieza a pagar un sector que tiene capacidad de pago. Después, falta el aumento del transporte y distribución, que es una cuestión provincial. Cada empresa lo pelea en cada provincia; excepto Edenor y Edesur, que pelean con Nación”, resumió Álvarez.

Marcos Rebasa, especialista en materia energética, advirtió: “Nunca podrá haber una segmentación perfecta. El portero de Recoleta pagará lo mismo que el millonario de Recoleta. Siempre habrá críticas y planteos de por qué el corte será en tal o cual lugar. Y jurídicamente será apelado como un ataque a los principios de equidad. Dudo que haya una segmentación tarifaria”.

“Las tarifas hay que ajustarlas un poco, en una medida adecuada. Una vez hecha la segmentación, hay sectores que no tendrían por qué no pagar la tarifa plena. ¿La clase media puede pagar? ¿Cuál es, en concreto, la clase media? ¿Qué sectores entran?”, se preguntó Rebasa.

Osvaldo Bassano, titular de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), fue más duro: “Antes de hablar de segmentación, debemos hablar de la estafa de las tarifas que estamos pagando los usuarios y usuarias. Los costos están muy por debajo de lo que pagamos y es una vergüenza que se siga adelante con este esquema”.

Andrés Repar, integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) y del Grupo Bolívar, es más optimista: “Es fundamental la segmentación. Si va a aparecer el incremento tarifario que parece, los que tienen mayores posibilidades deberían pagar más. Hay que limpiar bien el padrón, pero parece absolutamente razonable”.

Ante la consulta de ElDiarioAR, fuentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), apuntaron: “A fines de diciembre, el ENRE elevó una propuesta integral de segmentación tarifaria para el AMBA. Al momento, no hemos recibido comunicación alguna desde el Ministerio de Economía y tampoco de la Secretaría de Energía para trabajar sobre la propuesta”. Ante el pedido del detalle de la propuesta, las fuentes consideraron prudente mantener la reserva hasta obtener una respuesta de la cartera que dirige Martín Guzmán.

El costo de la energía

Las empresas de distribución y transporte suelen pedir aumentos con el argumento que deben pagar la energía a las productoras de gas y generadoras de electricidad. En el caso de la electricidad, la generación se paga en el mercado mayorista. Las generadoras advierten a su vez que el costo está atado al valor del gas, principal insumo para generar electricidad. Así las cosas, el valor de la producción de gas es la clave.

Las empresas petroleras, con YPF a la cabeza, son las encargadas de producir gas. “Mientras nos peleamos por cuánto hay que aumentar o no las tarifas, no miramos los costos. La electricidad vale lo que dice Cammesa y el gas lo que dicen los petroleros. ¿Cuánto cuesta la producción de gas? En valores de Millón de BTU (unidad de medida) no cuesta los 4 dólares promedio que están consignados hoy. Los costos reales no llegan a USD 2 por MBTU”, alertó Rebasa.

“Si bien la generación de electricidad está atada al gas, tampoco cuesta lo que se paga. El costo está en 65 y 70 dólares el megavatio, pero no USD 80”, completó el especialista.

En el mismo sentido, se expresó Repar: “Además de que es caro, el Plan Gas no funcionó. Estamos importando más que el año pasado, ya que la producción local está casi igual y aumentó un poco la demanda”.

En el caso del GNL, se estableció un precio de USD 23 por MBTU (aumento del 227%), por las fluctuaciones del precio internacional, condicionado por el conflicto en Ucrania. “Pero se estableció para todo el año, cuando es algo muy eventual y particular. En general, ese precio está en el orden de USD 8 por MBTU. Si se suman los gastos de importación, amarre y evaporación, estamos hablando de unos USD 4 mil millones. ¿Quién va a pagar eso?”, consignó Repar.

La propuesta del Estado

De cara a la audiencia pública del lunes próximo de este mes, la Secretaría de Energía publicó una serie de informes con los valores estimados de la energía para 2022. Sobre la producción de gas, se apuntó que de USD 3,94 por MBTU promedio de 2021 se pasará a pagar USD 4,84 por MBTU. Una suba del 23%. “Si el Estado Nacional asume a su cargo el 70,9% del costo del abastecimiento de la demanda prioritaria de gas (30% de la demanda total), esto significaría una erogación de $ 216.365 millones (sobre un total de $ 305.179 millones), con necesidad de refuerzo presupuestario del orden de los $ 81.000 millones”, detalla el informe.

El horizonte del Gobierno es la reducción de subsidios a un esquema de 44,4% a cargo del Estado y de 55,6% a cargo del consumidor. Así las cosas, el Estado se haría cargo de $ 135.499 millones y los usuarios de $ 169.680 millones.

En dólares al tipo de cambio oficial, el costo total de la demanda prioritaria es de USD 2.500 millones, de los cuales el Estado absorbe USD 1.750 y busca reducir ese costo a USD 1.110. En total, durante 2021, el Estado destinó USD 11 mil millones a los subsidios energéticos; el doble de lo presupuestado inicialmente. De esto, buena parte fue para financiar las deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, que oscilan en USD 2.500 millones.

Con los nuevos valores y con la quita de subsidios consignada en el citado informe oficial, los usuarios pasarían a pagar un aumento del 91% en la producción de gas, que en la tarifa final se traducirían en una suba del 40%.

Pedro Bussetti, de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), opinó: “Expresamos nuestra preocupación ante un posible y relevante aumento de las tarifas de gas natural que agravaría las actuales condiciones de vida en que se encuentran millones de hogares argentinos”.

A esto, habrá que sumar la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), para transportistas y distribuidoras. En la audiencia pública que tuvo lugar este mes, estas empresas pidieron subas entre 70 y 80%, que en la tarifa final reflejarían aumentos del 40%. Sin embargo, el Gobierno dejó trascender que las mismas no serán superiores al 20%.

Así las cosas, entre el 40% de suba por la producción y el 20% del VAD, los aumentos en las tarifas de gas no estarían por debajo del 60%, sin tener en cuenta los impuestos, que son porcentajes de los demás valores.

“Todas las asociaciones de defensa al consumidor entendemos que las empresas están maximizando la estafa al consumidor y al Estado. No hay asociación que no considere esta audiencia una vergüenza. Las proyecciones son pura y exclusivamente para las ganancias de las empresas. ¿Cuándo vamos a estudiar si la estructura de costos que acusan las empresas es la que corresponde? Es un agravio a los derechos constitucionales de las personas”, concluyó Bassano.

El Gobierno está en una encrucijada. Cumplir con la exigencia del FMI de reducir sensiblemente los subsidios a la energía implicaría trasladar ese costo a las y los usuarios. La segmentación de tarifas aparece como una solución, aunque su implementación será controversial, si no logra hacerlo con “sintonía fina”. En el medio, los bolsillos ya golpeados por una ciudadanía que no logra recuperar poder adquisitivo. Otra opción posible es indagar sobre los costos reales de la energía, para lo cual debería abrir un nuevo frente de batalla con rivales poderosos.