El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado este domingo de madrugada tras pasar alrededor de doce horas detenido por ocupar el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón junto a diputados y militantes.
La sede, recientemente disuelta por decisión del Gobierno, se encuentra ubicada en Austria 2593, en el barrio de Recoleta. La ocupación generó un fuerte operativo policial que terminó con la detención de Grabois y otro manifestante.
Al ser liberado, Grabois aclaró: “No tengo una imputación específica. Hay una imputación genérica que le hacen a un número indeterminado de personas por la intrusión de un lugar, que lo que sucedió fue la permanencia pacífica de un conjunto de manifestantes que estábamos reclamando el derecho a la memoria histórica”.
Y agregó: “Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84. Son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar. Ayudar a que el personal no esté en los lugares denigrantes”
Según el dirigente de Frente Patria Grande, “lo que hicieron en el instituto Juan Domingo Perón fue intentar borrar la historia de una parte de nuestro pueblo, destruyeron todo el archivo, pusieron las estatuas de Evita y de Perón en una bolsa mortuoria”, sostuvo.
Y afirmó: “Estamos dispuestos a venir todas las veces que sea necesario a visitar y a conocer las instalaciones de la Policía Federal, si acá nos quiere Patricia Bullrich. Lo que no nos va a poder sacar es la bandera Argentina”.
Toma, operativo y acusaciones
El operativo se desató el sábado alrededor de las 14, cuando unas 50 personas ingresaron al edificio a través del local gastronómico “Un café con Perón”. Según la Policía, los militantes violentaron una puerta, retuvieron a agentes federales, y colgaron banderas desde los balcones con las consignas “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el accionar de la Policía Federal y sostuvo que se trató de una “usurpación violenta”. El comisario general Luis Rolle, jefe de la PFA, agregó que hubo “lesiones a cuatro funcionarios” y “daños materiales”, además de señalar que los policías habrían sido retenidos “contra su voluntad”.
Reacciones y apoyo
Durante la noche del sábado, una multitud se congregó en la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Riachuelo, para exigir la liberación del dirigente. Estuvieron presentes los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho, Horacio Pietragalla, el senador Federico Fagioli, y legisladores como Leandro Santoro y Juan Manuel Valdez. También se sumaron los periodistas Alejandro Bercovich y Ángela Lerena.
El Partido Justicialista Nacional exigió la liberación de Grabois y repudió el accionar del Gobierno.
El cierre del Instituto
El 7 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto Perón por representar “una carga presupuestaria injustificada”. Según el Ministerio de Capital Humano, el instituto contaba con 20 empleados y demandaba más de 400 millones de pesos anuales, sin realizar investigaciones activas.
El bar y restaurante “Un café con Perón” que funciona en el edificio recibió una orden de desalojo, pese a que tiene un contrato vigente de alquiler hasta diciembre de 2027. Está a cargo de la cooperativa ‘Lo de Néstor’, integrada por unas 30 personas.
De acuerdo con el testimonio de uno de los encargados, tras haberse anunciado el cierre del Instituto Juan Domingo Perón, situado en el barrio porteño de Recoleta, también recibieron una intimación para dejar el local, cuyo plazo se vencía este sábado.
Sin embargo, Leonardo Duva -titular de la cooperativa-, confió que tienen “todos los papeles en regla y un contrato de alquiler vigente hasta 2027”, por lo tanto, advirtió que el objetivo de sus integrantes es “resistir” la decisión del gobierno nacional.
“Es un lugar histórico, un patrimonio cultural. Somos familias que nos vamos a quedar en la calle por decisión de la ministra (Sandra) Petovello”, agregó Duva, en declaraciones al canal América 24.
El edificio, según el Gobierno, será reconvertido en una biblioteca para personas con discapacidad y el restaurante que funciona allí será adjudicado a un emprendimiento para jóvenes neurodivergentes.
MP