Fotocopias de mala calidad
De no haber sido por los ataques previos a la prensa, y en especial a las mujeres periodistas, el anuncio de la Oficina de Respuesta Oficial parece un chiste. Es que la idea de montar un organismo para combatir las noticias que desde la óptica del Gobierno son falsas parece más una fotocopia de mala calidad de la creada por la administración Trump.
Como ya lo habían hecho con la “Oficina del Presidente”, el Gobierno reproduce en criollo la estética de la versión estadounidense: la Rapid Response 47, “la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca”. Ambas, la original y la fotocopia, son en los hechos una boca desde donde esparcir el relato oficial, desmentir información y presionar periodistas.
Esta semana se repitió hasta el hartazgo la comparación con el Ministerio de la Verdad imaginado por George Orwell en su novela 1984, publicada en 1949.
Según anunció el propio presidente Javier Milei en su cuenta de X, el objetivo de la nueva dependencia es “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”. Al frente de la oficina colocó Juan Pablo Carreira, uno de los fusibles del ecosistéma libertario en redes quien, a fuerza de tweets, insultos y mentiras, ya se había hecho con el cargo de director de Comunicación Digital de la Presidencia.
Hasta ahora, todas las intervenciones de la Oficina no hicieron más que ratificar la intención del Gobierno de calificar como falsas opiniones diferentes. Por caso, una de las primeras en caer bajo el escrutinio de Carreira fue María O’Donnell, acostumbrada a esta altura a ser blanco del enojo presidencial. A partir de una entrevista que la periodista realizó en su programa radial sobre el proyecto de bajar la edad de imputabilidad, la Oficina le respondió que su opinión era falsa y que en Uruguay los menores de entre 13 y 17 años pueden ser juzgados y condenados. Sin embargo, lo que es falso es la desmentida ya que en ese país la edad de imputabilidad es de 18 años.
Otra de las cayó bajo el examen de la Oficina fue la legisladora porteña de izquierda Vanina Biassi, quien en su cuenta X salió en defensa de los profesionales del Garrahan suspendidos. Según la moral oficial, su opinión es “falsa” porque no se trata de quienes “cuidan chicos”, como señaló Biassi, sino de “gremialistas” que “pusieron en riesgo el funcionamiento del Hospital”.
Los intentos por controlar a la prensa existen desde que existe el periodismo. La “respuesta rápida” de Trump y su versión criolla no inventan nada nuevo: son una respuesta política, el reflejo del afán por disciplinar la información que no logran dominar.
El lanzamiento de la Oficina coincide además con un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) que señala: “El segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo”. En concreto, el informe detalla que “el presidente Milei y altos funcionarios del gobierno han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas. Milei ha dicho en repetidas ocasiones que los argentinos 'no odiamos lo suficiente a los periodistas' y ha acusado a los periodistas, sin pruebas, de recibir sobornos”.
Pero además, la creación de la Oficina de Respuesta Oficial va de la mano con el intento del Gobierno por derogar el Estatuto del Periodista, creado hace 80 años para resguardar los derechos de los trabajadores de prensa.
Lo que subyace entonces detrás de la fotocopia de mala calidad es el intento por consolidar las presiones al periodismo como una política de estado en la que las opiniones no son toleradas y se catalogan como falsedades. Así, la Oficina de Respuesta Oficial parece más una Oficina de Advertencia.
MG