Con Georgieva en la cuerda floja, persiste la división en el Gobierno por la política frente al Fondo Monetario

Máximo Kirchner, de frente; Martín Guzmán, de espaldas.

Fue Máximo Kirchner, una vez más, quien planteó la encrucijada en la que está el Gobierno. Tres semanas después de la contundente derrota en las primarias, el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos insistió en remarcar los condicionamientos que afronta el oficialismo para salir adelante, con el Fondo Monetario Internacional como acreedor privilegiado de una deuda monumental, de 44.000 millones de dólares. “El año que viene hay que pagar un vencimiento de 18.000 millones de dólares y 17.000 millones de dólares en 2023. Lo firmó Macri, lo firmó Dujovne, lo firmó Larreta. No hubo una sola discusión que uno viera en público entre ellos. Ningún integrante de Cambiemos levantó la voz”, dijo el hijo de la vicepresidenta durante una charla de una hora con El Destape Radio en la que repitió varias veces la dificultad que representa para el Gobierno hacer frente al endeudamiento externo. “El préstamo que tomó Macri no fue invertido en nuestro pueblo y no se ve en cuestiones básicas como más asfalto, más viviendas, no sé potenció el sector privado tampoco. Se esfumó, ahora hay que devolverlo y devolverlo implica dejar de invertir en nuestra sociedad. Cada dólar que se destine al FMI es un dólar menos para nuestro pueblo”, apuntó.

A 40 días de las elecciones generales, el Gobierno aparece entre dos fuegos: la imposibilidad de revertir el derrumbe del poder adquisitivo más allá de los paliativos que se anuncian en campaña y la presión devaluatoria que va generando un drenaje persistente en las reservas del Banco Central. Con ese telón de fondo, el líder de La Cámpora se esforzó en remarcar la responsabilidad de toda la dirigencia de Juntos y en plantear, otra vez, la necesidad de encontrar una solución conjunta con la oposición para hacer frente al endeudamiento con el organismo que preside Kristalina Georgieva. “Esto no lo puede solucionar un solo espacio político porque decide el futuro de la Argentina de acá a 10 o 20 años como mínimo”, dijo. Hasta ahí, su planteo representa a la totalidad del Frente de Todos.

Sin embargo, las diferencias que según Kirchner hijo no existen en la oposición con respecto al modelo económico son fáciles de advertir puertas adentro del oficialismo en relación a la negociación con el Fondo. Máximo lo dejó en claro cuando dijo: “Quieren que paguemos en diez años una deuda del FMI sideral, que va a afectar a toda la sociedad”. ¿A quiénes se refería? ¿Quiénes son los que quieren que el Gobierno pague en 10 años? La respuesta puede ser ambigua. El Programa de Facilidades Extendidas del FMI, que Martín Guzmán está dispuesto a suscribir a la espera de que aparezca uno nuevo, no le permite a la Argentina pagar en un plazo de 20 años como pretende el cristinismo. Pero el ministro de Economía está entre la espada y la pared: enfrenta la resistencia del ala que se referencia en la vicepresidenta y no dispone de otra alternativa para un país sobreendeudado como el que dejó Macri. Un nuevo esquema como el que anhela el jefe de La Cámpora depende de un cambio que parece de lo más lejano, más aún cuando Georgieva soporta por estas horas una ofensiva de sus detractores y un proceso de cuestionamientos internos que siembran interrogantes sobre su futuro. 

“La Argentina lo conoce y lo ha vivido muchas veces. Son diseños económicos que poco tienen que ver con la realidad argentina y que siempre han fracasado. Yo espero que el FMI haya aprendido de los fracasos que ha tenido en nuestro país y el tiempo necesario. Muchas veces se escucha que nuestra propuesta es infantil pero la verdad que lo que es infantil es defender que se abonen en 10 años esa suma sideral con la deuda interna que tenemos en Argentina y no solo con los que están hundidos en la marginalidad o en la pobreza”, dijo Máximo. 

Según sus propias declaraciones, Guzmán acuerda con esas definiciones. Sin embargo, la estrategia de salida choca con la del cristinismo en más de un aspecto. La primera diferencia se hizo pública en abril pasado, cuando el ministro pretendió avanzar con la reducción del sistema de subsidios pro-ricos que, según su definición, el gobierno del que forma parte mantiene vigente desde hace casi dos años. La segunda la dejó en claro la propia Cristina, con la carta postderrota en la que cuestionó “ajuste” que se llevó adelante durante la primera parte del año: ejecutado por Guzmán, que insiste en decir que se trata de de “reducción del déficit fiscal”, incluyó la reducción del gasto COVID en plena pandemia y la licuación de jubilaciones y salarios estatales. La tercera discrepancia está en el acuerdo con el Fondo que el ministro propició y el ala política del Frente de Todos vetó pero sigue pendiente.   

Según declaró el presidente Alberto Fernández este lunes, el acuerdo con el Fondo ya está cerrado y al Gobierno le conviene que Georgieva -con la que habló en las últimas horas- siga en su puesto. Guzmán tiene previsto viajar a Washington el lunes que viene para participar de la reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial, entre el 11 y el 17 de octubre, en un contexto de lo más delicado para Georgieva. La amable interlocutora de Guzmán atraviesa un proceso que amigos suyos como Joseph Stiglitz acaban de definir como “un intento de golpe”. 

En la mira

Tal como contó hace diez días elDiarioAR, la directora del FMI enfrenta la denuncia motorizada por el nuevo presidente del Banco Mundial, David Malpass, por supuestas irregularidades para beneficiar a China durante su gestión en el organismo, en el año 2018 y bajo el programa Doing Business.

Malpass fue economista jefe del banco Bear Stearns durante 15 años y trabajó para las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush, pero se consagró en la militancia en favor de Donald Trump, quien lo propuso para su cargo actual. El titular del BM contrató al estudio de abogados Wilmer Hale para darle sustento a su ofensiva y logró alinear detrás suyo a actores de muchísimo peso que recelan del protagonismo de Georgieva. En línea con The Economist, que exigió la renuncia de la búlgara la semana pasada con un editorial, se posicionan importantes fondos de inversión de Wall Street y el ex número dos de Christine Lagarde, David Lipton, quien fue decisivo para que el Fondo violara su propio estatuto con el préstamo a Macri y ahora pesa en el Tesoro de Janet Yellen.

Guzmán, que hasta hace poco era señalado por sus detractores como un funcionario que seguía en su puesto gracias a Georgieva, ahora ve cómo la que tambalea es la jefa del Fondo: esta semana puede ser decisiva para su continuidad. Mientras el ministro de Economía y el director argentino por el Cono Sur ante el organismo, Sergio Chodos, buscan colaborar con Georgieva para que salga con vida de las denuncias en su contra, el cristinismo se declara prescindente de la disputa global y apunta sus cañones contra el Fondo. El antecedente es el de la propia Lagarde, que durante su gestión enfrentó un juicio y en 2016 fue condenada por su actuación como ministra de Finanzas de Francia. La actual presidenta del Banco Central Europeo había sido denunciada por “negligencia” en relación con un pago de 400 millones de euros (445 millones de dólares) concedido por el Estado francés al empresario Bernard Tapie en 2008. En esa oportunidad, el directorio del Fondo la respaldó desde el primer momento y la sostuvo en su puesto.

Con la guillotina de la deuda como condicionante, el debate en el Frente de Todos no se restringe al futuro sino que obliga también a una retrospectiva en la que no todos sostienen la misma posición. Mientras Kirchner hijo cuestiona a Juntos por haber respaldado la firma de una hipoteca de 57 mil millones de dólares -44 mil se hicieron efectivos-, en el equipo económico apuntan a la pasividad del propio kirchnerismo durante el proceso de cuatro desembolsos que se le entregaron a la Argentina durante el gobierno de Macri. Puertas adentro, sostienen que ese préstamo fenomenal -que hoy es para muchos el principal problema del Gobierno- hubiera merecido la convocatoria a movilizaciones como las que bajo Macri provocaron el 2x1 de la Corte Suprema a favor de los represores de la última dictadura o las jornadas de diciembre de 2018, contra la reforma previsional. 

Con el aval de su experiencia junto a Stiglitz, Guzmán aterrizó a último momento como ministro de Fernández y decidió también él una línea de acción que por estas horas le cuestionan desde las consultoras del mercado y en la heterodoxia gobernante. Avanzó primero en la reestructuración de la deuda con los fondos de inversión sin intervención directa del FMI pero con una extraña tutela que ejerció el organismo. Para vetar un pago todavía mayor a los acreedores, Georgieva utilizó el término acuñado por Guzmán -la “sostenibilidad” de la deuda- y hasta apareció como el actor que fijaba hasta dónde podía ceder el Gobierno en su pulseada con los bonistas.

Ese peligroso uso del Fondo que hizo el ministro de Economía en una batalla que lo encontró demasiadas veces en soledad le permitió al organismo que había sido corresponsable del préstamo lavarse la cara en tiempo récord. Primero la ausencia de una guía de acción que contemplara la movilización social y después la pandemia, dejaron la discusión sobre el endeudamiento en una mesa de burócratas enviados por Washington. En septiembre empezaron a pegar fuerte los vencimientos de deuda, que el Gobierno pagó con el regalo del cielo de los Derechos Especiales de Giro, pese a la queja de los senadores del FDT. El 22 de diciembre, Economía tendrá que ordenar otro desembolso equivalente. Para ese momento, Guzmán espera tener firmado el acuerdo y encaminada su aprobación en el Congreso y el aval del directorio del Fondo. De la querella criminal por el endeudamiento que el Presidente anunció en marzo pasado en la apertura de sesiones ordinarias, ya nadie se acuerda.

DG/WC

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